El coste del edificio de la Jefatura de la Policía Local ha abierto una nueva polémica entre cepemistas y populares en Melilla. Las recientes declaraciones de Manuel Ángel Quevedo (PP) advirtiendo que el sobrecoste de las obras terminará en el Tribunal de Cuentas ha motivado que el consejero de Infraestructura, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian (CpM), haya dejado claro que todo se debe a una revisión de precios legalmente establecida por el Ministerio de Hacienda como consecuencia de la pandemia.
Bussian reconoce que existe un modificado derivado de las peticiones formuladas por el área de Seguridad Ciudadana, así como por otras cuestiones “planteadas a lo largo de las obras” y que fue aprobado “por todas las partes implicadas” como el Servicio de Asistencia Técnica externo contratado a tal fin y la Dirección General de Arquitectura.
El consejero en funciones acusó a Quevedo de “haber omitido” que existe una revisión de precios en las obras que emitió la Consejería de Hacienda por la pandemia y la crisis económica que derivó de ella, que aumentó el coste de los materiales, sin contar con el cierre de la frontera, que impidió el paso de los áridos. “Todas las empresas de construcción se están acogiendo a la revisión”, aseguró.
Según explicó, ahora deberán ser la comisión y el pleno los que se encarguen de dar el visto bueno al sobrecoste, según la regulación establecida por el Ministerio de Hacienda en su momento. De ahí que culpara a Quevedo de “mentir de forma interesada”, no sin sorprenderse del “acceso a información privilegiada” que supuestamente tiene el representante popular al respecto. “Eso es algo que tendrá que explicar”.
Para Bussian lo realmente importante es que el PP “no tenía como prioridad” dotar a la Policía Local de unas instalaciones como la actual Jefatura. “Llegaron a afirmar que no era necesario porque el grueso de la Policía Local desarrollaba sus funciones fuera de las dependencias y dejaron en un cajón la prioridad de la Jefatura”.
Además, recordó que las obras fueron recepcionadas “correctamente” hace un año y que el edificio está siendo ya utilizando en parte por los agentes locales. “Desde Seguridad Ciudadana nos dicen que ya hay trabajo que se hace allí y que empieza a funcionar correctamente a expensas de que se incorporen todas las unidades”.
Quevedo, en cambio, difiere de la versión del consejero en funciones. Además de aclarar que el proyecto de obra fue aprobado y encargado por el anterior Gobierno. “Fue tanta la prioridad que se dejó todo hecho, hasta las obras contratadas. Todo lo hicimos nosotros, los terrenos, el informe de contratación, los proyectos supervisados, la dirección de obras… Lo dejamos todo listo nada más que para que pusieran la primera piedra”.
Además, afirmó que hay un sobrecoste que efectivamente se conoce su razón de ser por importe de 800.000 euros pero indicó que hay otros “sorprendentes” que no tienen justificación y son esos los que, en su opinión, terminarán en el Tribunal de Cuentas por el reparo de legalidad que ha hecho el interventor.
“Parece ser que hay más sobrecostes que hasta ahora desconocemos pero que son derivados de una liquidación de obra, lo cual es raro porque el modificado se hace prácticamente cuando ya está terminada. Deben de ser esos los que son objeto de reparo por parte del interventor, que no los considera justificados”.
Según Quevedo, el PP lleva desde octubre esperando que Rachid Bussian pase por Pleno el sobrecoste de la obra. “El reparo del interventor no se ha llevado a Pleno y por tanto irá al Tribunal de Cuentas porque terminan allí obligatoriamente. Esos sobrecoste en absoluto están justificados por el encarecimiento de los materiales porque muchas partidas no se corresponden con eso”, concluyó para dejar claro que “pronto sabremos” cuáles son las razones del precio superior que se pide.
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