En Podemos Melilla están estudiando detenidamente el informe que emitió el pasado mes de diciembre el Tribunal de Cuentas acerca de la gestión del Ingesa en 2016 y no descartan la posibilidad de presentarlo ante la Fiscalía para que actúe de oficio si lo viera necesari, según comunicaron en nota de prensa. “Una cosa está clara: que en ese año, bajo la gestión del PP, se cometieron multitud de irregularidades al adjudicar y formalizar los contratos”, denunció la secretaria general local, Gema Aguilar. Esta manera de proceder va más allá de no seguir los procedimientos formales, según expone la dirigente, porque, como consecuencia “se produjo un gasto mucho mayor” del que debía haber sido si se hubiera actuado adecuadamente. “Todo esto no nos lo estamos inventando porque aparece bien explicado y recogido entre las conclusiones del mismo informe, de 168 páginas, en las que se desgranan las múltiples irregularidades cometidas por el PP a costa de nuestra sanidad”, señaló Aguilar. Asimismo, indicó que en el mismo documento se habla de pagos realizados a proveedores por la prestación de servicios sanitarios que se tramitaron al margen de los procedimientos de adjudicación formales, lo que supuso el incumplimiento de principios de contratación como la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos. Además, según incidieron desde Podemos Melilla, el Tribunal de Cuentas habla de “contratos que no se justificaron debidamente o que ni siquiera llegaron a formalizarse”, a pesar de que sí se contrataron los servicios. También se expusieron que se realizaron pagos a los proveedores “al margen de los procedimientos de adjudicación previstos”. Otro punto que ha llamado la atención de la formación morada es el que hace referencia a la prestación de servicios “sin que existiera un contrato en vigor que lo amparase”. “Como consecuencia de la falta de formalización de los oportunos contratos en tiempo y en forma, el Tribunal de Cuentas asegura que hubo una ineficiente gestión de los fondos públicos y se incumplieron los principios de eficiencia y selección de la oferta económicamente más ventajosa”, manifiesta Aguilar.
Fraccionamiento de contratos
Otra de las irregularidades que se exponen en el informe es que “existió un fraccionamiento indebido” del objeto del contrato, algo que, como recordó la secretaria general local, está prohibido. “Esto, según se lee literalmente en el informe, provocó la concatenación de contratos menores consecutivos en el tiempo y con el mismo objeto, que además se adjudicaron a las mismas empresas”, señaló Aguilar, quien agregó que es el propio Tribunal de Cuentas el que concluye que la formalización de un único contrato, que abarcase la totalidad del objeto en casa uno de estos supuestos, podría haber permitido la obtención de ofertas económicas más ventajosas. “Lo que parece es que el PP, con Francisco Robles como director territorial, pudo cometer en el INGESA la misma mala praxis que se llevó a cabo en la Consejería de Bienestar Social cuando María Antonia Garbín era consejera, por lo que ahora está condenada”, hizo hincapié la secretaria general de Podemos. “Queremos saber si, como ocurrió con el caso Abogados, también se ha cometido una prevaricación intencionada al gestionar nuestra sanidad”, cuestionó.
Explicaciones a Robles
Aunque la dirección del Ingesa haya cambiado, en Podemos Melilla quieren saber si, tras tener conocimiento de este informe, se van a pedir explicaciones o si se han pedido ya al anterior director territorial, Francisco Robles. “Merecemos saber por qué se ha hecho esta gestión tan deficiente con nuestro dinero, por qué se ha caído en el derroche y si se han cometido tratos de favor con determinadas empresas al adjudicarles los servicios sin que compitieran en igualdad de condiciones con otras entidades”, subrayó Aguilar.