Podemos desconfía de que el aumento en la partida que recibirá la Consejería de Bienestar Social en 2019, de más de 32 millones de euros, sirva para erradicar la situación de pobreza o riesgo de exclusión social que padecen muchas familias en Melilla. “La experiencia nos dice que la intención de esta área de Gobierno no es otra que la de restringir el acceso a las subvenciones sociales”, mantiene la secretaria general del partido en Melilla, Gema Aguilar.
“Lo cierto es que en esta ciudad la necesidad afecta a muchas personas que se quedan fuera del circuito de ayudas porque se ha endurecido el acceso a las mismas, y no creemos que esto vaya a cambiar porque se vaya a incrementar la partida en un 7,31%”, critica.
En este punto, Aguilar reprocha a Bienestar Social que modificase el reglamento de la consejería para dificultar las condiciones de la obtención de las subvenciones. “A raíz del nuevo reglamento, los melillenses que necesiten una ayuda social, en vez de llevar tres años empadronados en la ciudad, deberán llevar cinco”, lamenta. Según comenta, este requisito es segregador y discriminatorio, y no atiende a los elementos básicos que se deben tener en cuenta, que son el de la necesidad y la urgencia que atraviesa una persona o unidad familiar.
Para Aguilar, es “una barbaridad” impedir el acceso a las ayudas a usuarios que realmente las necesitan en base a un criterio de temporalidad. “A una persona que en un momento puntual se ve sin recursos, en paro y con hijos a su cargo no se le puede decir que se siente, pero que todavía no ha cumplido cinco años empadronada en la ciudad”, manifiesta.
La dirigente también critica que se limite a las personas que han contraído deudas con la Administración, por lo que pide que se analice antes de negar una ayuda.
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