La Plataforma pide aplicar medidas de presión hasta que Marruecos abra de nuevo la aduana

Los miembros de la Plataforma de Empresarios de Melilla se reunieron ayer para abordar dos asuntos que les preocupan y mucho: el cierre de la aduana comercial y el hecho de que los bancos no acepten billetes de 100, 200 o 500 euros. En un comunicado, la junta directiva de la entidad pidió que se apliquen medidas “de presión” para responder con contundencia a la decisión adoptada por Marruecos de forma unilateral. Según anunciaron, se instará al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a que “incremente todas sus medidas de control” para vigilar la seguridad y el cumplimiento de la normativa aplicable a todas las importaciones de mercancías cuyo origen sea Marruecos.

La Plataforma se refiere a todas aquellas que sean presentadas a despacho de importación o de tránsito y pide que todas las aduanas activen los ‘circuitos rojos’ mientras Marruecos no cambie su postura. Estos ‘circuitos rojos’ lo que conllevan es que las autoridades aduaneras realizarán una revisión documental y un control de la mercancía antes de que, en su caso, se autorice al levante de la mercancía.

Pasividad del Gobierno

Por su parte, los miembros de la Plataforma se mostraron muy preocupados ante “la pasividad y la falta de respuesta” del Gobierno central a la “agresión diplomática” del Reino de Marruecos. Así, la organización se quejó de que ayer se respondiera a esta cuestión a través de una nota de prensa emitida por el Ministerio de Hacienda, después de 43 días desde que informaron sobre la intención de Marruecos.

En el comunicado difundido por el ministerio se exponía que ayer se reunieron la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón; el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela; el secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez; el director de la AEAT, Jesús Gascón; y la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh.

Los representantes de este encuentro acordaron intensificar los contactos ya habidos con la administración de Aduanas marroquíes y españolas, para analizar los aspectos necesarios que permitan normalizar la situación. En este sentido, se avanzó que se ha solicitado desde la Dirección de Aduanas española a su homóloga la celebración de una reunión. Para los miembros de la Plataforma, esta contestación no fue suficiente. Así, indicaron sentirse “indignados” y manifestaron su “rechazo” ante la falta de respuesta.

Por otro lado, los empresarios melillenses apostaron por que, en el caso de que Marruecos no anule “inmediatamente” la prohibición, se solicite la intervención de la Unión Europea para que medie en la resolución de este conflicto. “Independientemente de que Melilla no esté en el ámbito del Territorio Aduanero Común, este no es un problema técnico, sino de relación bilateral entre dos países que se declaran amigos”, apuntaron.

Desde la Plataforma reclamaron a todos los partidos de la Asamblea que olviden sus intereses para “trabajar juntos” por Melilla.

Cese de las operaciones con bancos que no acepten billetes grandes

Otro de los asuntos puestos ayer sobre la mesa en la reunión de la Plataforma de Empresarios fue el de los bancos que no aceptan billetes grandes. Entre otras medidas, la junta directiva acordó instar a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad a que se unan para realizar de forma conjunta todas las gestiones necesarias a fin de que instruyan a las entidades financieras para que dejen de aplicar “indiscriminadamente” estas restricciones.

Según incidieron los empresarios, “no existe ningún precepto legal que ampare dicha práctica”. A su vez, la Plataforma solicitará al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que estudie la posibilidad de dejar de realizar operaciones financieras con las entidades bancarias que sigan aplicando a los ciudadanos de Melilla estas medidas.

Por otro lado, los miembros de la misma reclamarán al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma que sean sus servicios jurídicos los que se hagan cargo de las reclamaciones legales que se puedan instar por los ciudadanos, empresarios o particulares, que se estén viendo afectados por esta “injustificada medida aplicada solo en las ciudades de Melilla y Ceuta de forma indiscriminada con respecto al resto de los españoles”.