Piden a la ONU que obligue a España a dar permiso de trabajo a menores extranjeros

• Tres ONG han reclamado que los chicos de más de 16 años tengan esta autorización

Las ONG Save the Children, Asociación Noves Vides y la Fundación Raíces pidieron ayer a la ONU que exija a España que conceda autorizaciones de trabajo a los menores extranjeros no acompañados (mena) que tengan más de 16 años.
Según informó la organización Save the Children en un comunicado de prensa, las tres organizaciones han presentado un informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU porque la legislación vigente española solo concede una autorización de residencia a estos jóvenes pero no les permite el trabajo.
La entidad considera que esto “implica graves violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y presentan un obstáculo para que estos chicos obtengan ingresos y tengan una calidad de vida decente”, según explica en la nota.
Las tres organizaciones han denunciado que la ley española es inconsciente debido a que por un lado “habla del potencial integrador del trabajo pero por el otro impide a los mena trabajar”.
Las entidades que han hecho la solicitud también consideran que esta ley es discriminatoria debido a que se exige a los menores que muestren un ingreso mínimo cuando son adultos para poder renovar la autorización de residencia.

“Guardianes de los menores”
Asimismo, los tres organismos se han quejado de que España no cuente con la figura específica de los ‘guardianes de los mena’, personas independientes del Gobierno y con conocimiento legal que acompañan a estos menores y garantizan que sus derechos se cumplan desde su llegada a España hasta su emancipación, por lo que han pedido su creación.
Se estima que durante todo el año pasado llegaron a España 5.380 menores extranjeros no acompañados procedentes de Marruecos, Argelia y África Subsahariana.
En el informe se recomienda que se “les conceda la autorización de residencia a partir de su puesta a disposición de la entidad de protección, sin necesidad de expirar el plazo máximo de nueve meses, para evitar así que lleguen a la mayoría de edad sin haber obtenido ninguna autorización”.

Formación
También reclaman que “la autorización sea de larga duración, les permita trabajar y puedan renovarla”, así como que estos jóvenes tengan acceso a “los recursos educativos y de formación adecuados para garantizarles una educación de calidad, adaptada a sus necesidades y que les permita una mejor inserción laboral”.
En Melilla actualmente hay alrededor de 700 menores extranjeros acogidos en los centros dependientes de la Administración. A estos hay que sumar los que viven en la calle, y que se calcula que podrían rondar el centenar.
Gran parte de estos jóvenes, tanto en el caso de los tutelados en las instalaciones públicas, como en el de los que viven a la intemperie, tienen más de 16 años.
De hecho, el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, propuso hace un par de semanas que se hiciera un cambio en la legislación para que no se diera documentación a los menores de 17 años, una propuesta que choca frontalmente con la petición que han hecho ahora estas ONG a la ONU.