Piden que comparezca la ministra Celaá por la matriculación en Melilla de niños sin padrón

La senadora del PP de Melilla, Sofía Acedo, afirmó este lunes en rueda de prensa que se ha solicitado la comparecencia de la ministra de Educación, Isabel Celaá, para que dé explicaciones en el Congreso de los Diputados a causa de la escolarización en los centros melillenses de un grupo de niños no empadronados. Al contrario de lo que defiende la Dirección Provincial, que unos 120 menores han acreditado con documentación alternativa que viven en Melilla pese a estar en situación administrativa irregular, la dirigente popular insistió en que documentos como facturas la luz no demuestran en ningún caso que estos niños residan en la ciudad.

Por este mismo motivo, Acedo sostuvo que esta misma semana se interpondría una denuncia por un supuesto delito de prevaricación administrativa contra el director provincial del Ministerio de Educación, Juan Ángel Berbel. Explicó que la querella irá contra él por ser la persona que firmó la orden de matriculación extraordinaria de 399 menores, aunque Berbel cifró en unos 120 los niños que han sido admitidos en centros sin un padrón o permiso de residencia.

Anormalidad en el proceso

La senadora por Melilla criticó que, por primera vez, este proceso de escolarización extraordinario se ha saldado con cifras que considera “anormales” y que, para el PP, indican posibles “irregularidades”. Además de señalar las 399 nuevas escolarizaciones, afirmó que hay 266 cambios de centros educativos, algo que no había ocurrido antes.

“Entendemos, que los 266 cambios ponen de manifiesto que, uno, la escolarización ordinaria no se hizo bien, o han intentado acallar a muchos padres que reclamaban el cambio de centro, para de manera unilateral, la Dirección Provincial de Educación incorporase a 399 nuevos alumnos en nuestros centros educativos”, manifestó.

Conculcación de derechos

Por todo ello, Acedo recordó que el PP, además de denunciar a Berbel, exige la revocación de la decisión de la Dirección Provincial, ya que “contradice la Orden Ministerial que regula este tipo de procesos”. Además, la senadora aseguró que la escolarización de 399 alumnos de nueva matriculación “conculca los derechos de los niños residentes en Melilla, tanto españoles como extranjeros residentes, a recibir una educación de calidad”.

La dirigente popular mantuvo que la decisión de la Dirección Provincial ha sido adoptada de forma “unilateral” ya que, según sostuvo, no ha pasado previamente por la Comisión de Garantías de Admisión, pese a que Berbel aseguró lo contrario ante los medios. Acedo cree que se ha procedido de esta manera para no permitir “que la documentación sea revisada”.

La senadora, además, defendió que el rechazo del PP local a la escolarización de niños sin padrón “no puede ser tachada de xenófoba ni de racista” puesto que, según argumentó, únicamente se pretende que se actúe siguiendo la legislación, la cual “como requisito el estar empadronado”.

Sobre este asunto, insistió en que Melilla es una ciudad “solidaria por naturaleza”, pero hay que preguntarse dónde está el límite. “¿Qué pasa si después de estos 399 alumnos vienen muchos más?”, cuestionó Acedo. Subrayó que el PP trabajará para que se “revoque inmediatamente esa orden para que solo continúen matriculados los alumnos que acrediten ser residentes en Melilla”.

“No es verdad que la Fiscalía de Ceuta ordenase escolarizar a niños como en Melilla”

La senadora Sofía Acedo negó en rueda de prensa que el caso de los niños escolarizados en Melilla tenga algo que ver con el grupo de 20 menores a los que la Fiscalía de Ceuta ordenó escolarizar en enero de 2016 tras considerar demostrado que residían en la ciudad autónoma hermana, donde vivían en situación administrativa irregular ya que tampoco estaban empadronados ni tenían un permiso de residencia. La dirigente popular insistió en que, pese a que la Dirección Provincial insista en que un grupo de 120 niños han conseguido demostrar que viven en Melilla, se ha escolarizado a menores que residen al otro lado de la frontera. Subrayó también que, en el caso de que estos niños pudiesen demostrar su arraigo, no se opondrían a su matriculación. “Estamos intentando proteger nuestro Estado de Derecho y el sistema educativo de la ciudad”, dijo.