Editorial

Pegados al terreno

El Senado celebró este jueves una importante sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas para que la vicepresidenta del Gobierno y ministra Economía, Nadia Calviño, explicara los progresos relativos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española; para que nos entendamos, se trataba de debatir sobre el reparto de los fondos europeos.

Y es que la cosa está en que España va a recibir progresivamente de la Unión Europea hasta 140.000 millones de euros, que se dicen pronto, pero de lo que ha venido gestionando hasta ahora no se puede deducir que los españoles se estén enterando demasiado de la llegada del dinero. Para que nos hagamos una idea, este mismo viernes el Gobierno rebajaba nuestro crecimiento en casi tres puntos hasta situarlo en el 4,3%. Durante el primer trimestre del año el PIB apenas si se ha incrementado en un 0,3%.

El problema, según se puede interpretar de las posiciones de los dos melillenses participantes en el debate, es que el Gobierno se empeña en ser el único protagonista en este concierto económico, que no deja intervenir a nadie en el reparto de los fondos y eso provoca problemas porque el dinero no llega a las necesidades reales de los distintos territorios españoles.

Lo dijo claramente la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, en su intervención ante la Cámara: hay que tener en cuenta las especificidades de cada uno y, sobre todo, las de Melilla, una ciudad fronteriza con un modelo económico en decadencia, que vive pendiente de la reapertura de la frontera como si de agua de mayo se tratara.

También lo apuntó el senador por Melilla y portavoz del PP en esa comisión, Juan José Imbroda. Hay que sentarse con las comunidades autónomas y hacer con ellas el reparto del dinero porque son las que conocen pormenorizadamente las necesidades que deben cubrirse y cómo ha de hacerse.

En definitiva, que son las Administraciones Autonómicas las que están pegadas al terreno y saben lo que se cuece en su correspondiente región. En el caso de Melilla, incluso con más motivos porque, además de ser una casi autonomía, también es ayuntamiento, que es el escalón institucional y político más cercano al ciudadano y a los problemas reales de los melillenses.

Abrir el criterio de los repartos a lo que opinen las autonomías no sólo es una actitud mucho más democrática sino que seguramente serviría para ir al tajo de los problemas y aprovechar los fondos europeos para lo que de verdad están pensados, sacar a España del atolladero en que nos metió la pandemia.

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