Parar la proposición de ley, una situación inaceptable

El pasado 6 de marzo, el grupo popular, mayoritario en el Senado, sacó adelante una proposición de ley mediante la que se pretende devolver a lo que fue siempre nuestro sistema de bonificación del 50% de las cuotas patronales a la Seguridad Social; es decir, dejarlo como estaba antes de que el Gobierno de Sánchez decidiera cargarse por las buenas una de las joyas del régimen fiscal especial que disfruta Melilla. Fue una importante iniciativa llevada a cabo por el Partido Popular, cuyo presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, estuvo presente en el momento en que fue presentada ante la Cámara Alta para dejar así de manifiesto la importancia que se le quería dar a esa proposición de ley.

Han pasado seis meses desde que la resolución del Senado, favorable a dejar el sistema de bonificación como estaba, llegó al Congreso. Desde entonces, la proposición duerme el sueño de los justos en un cajón de la presidenta Armengol sin que haya la más mínima intención de permitir que aquello que fue votado y aprobado en la Cámara Alta pueda ser debatido y, en su caso, aprobado por los diputados.

Para tener congelada la ley, el mecanismo no es otro que prorrogar una y otra vez (ya van dieciocho) el plazo de presentación de enmiendas. Sin ese trámite previo resulta imposible que el tema vaya a la comisión correspondiente, sea discutido y posteriormente se eleve a la consideración del Pleno del Congreso. Se trata, en definitiva, de una artimaña que afecta no solo a esta proposición sino a otras dieciséis, según manifestó ayer el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, que se encuentra de visita en Melilla.

Para que nos entendamos, el Gobierno no quiere que esa ley se debata en el Congreso porque tendría muy difícil posicionarse en contra y ya sabemos que el PSOE nunca va a aceptar nada ni votar a favor de algo que ha planteado el Partido Popular. ¿Cómo se explicaría que los socialistas se nieguen a permitir que Melilla vuelva a disfrutar de una bonificación que beneficia tanto a empresarios como a trabajadores? ¿De qué manera se argumentaría un voto en contra de una ventaja fiscal que tanto bien le haría a la ciudad y a su maltrecha economía?

Y como el PSOE no quiere pronunciarse al respecto, se dedica a retener en los cajones a proposición de ley en una actitud que Tellado ha calificado como "antidemocrática". El problema es que tampoco existen mecanismos por los que se pueda obligar a Armengol a dar trámite a esa iniciativa ya votada a favor en el Senado por la mayoría absoluta del PP. Para conseguir el desbloqueo de la situación que vive la propuesta habría nada menos que modificar el Reglamento del Congreso y eso no parece factible porque difícilmente contaría con el apoyo del conglomerado de partidos que apoyan a Sánchez.

El caso es que Melilla se tiene que conformar con el desaguisado que provocó el Gobierno cuando le dio por retocar una disposición que venía funcionando a la perfección desde 2004 y que jamás se ha explicado suficientemente por qué hubo de tocarse semejante normativa, que tanto bien ha hecho durante años a la economía local.