¿Para qué está la Delegación del Gobierno?

Fuentes oficiales hablan de que hasta 25.000 melillenses han abordado barcos para salir a la península con la excusa de un turno médico o para hacer una gestión impostergable. Sin embargo, de vuelta a la ciudad no presentan el justificante de que han estado en el hospital sino un papel en el que reconocen que regresan a su lugar de residencia.

Nadie puede impedir que un ciudadano saque una cita médica con un especialista en Madrid o en Málaga. Ese es un derecho que tenemos y, además, esa excepción está contemplada dentro del decreto que regula el cierre perimetral de Melilla.

En efecto, se puede salir de Melilla en ocho supuestos debidamente justificados y acreditados. ¿Qué significa? Que usted puede viajar a la península a una cita médica, a cumplir con obligaciones laborales, profesionales o empresariales, porque está estudiando fuera, para cuidar a menores o mayores dependientes o vulnerables; para renovar documentación oficial, para hacer exámenes oficiales o por cualquier otro motivo debidamente justificado.

Pero a la vuelta, no puede agarrarse al supuesto de que regresa a su lugar de residencia. Y ahí ha estado la brecha por la que miles de melillenses han salido y entrado a su antojo de la ciudad sin dar mayor explicación a nadie. Hasta que el escándalo reventó el viernes pasado cuando el barco iba hasta los topes de gente.

Pero también, habría influido la supuesta reincorporación del jefe Superior de Policía que no estaba en Melilla durante esta relajación de los controles y al regreso ha pegado el grito en el cielo al ver que somos una zona con riesgo severo de contagio de Covid y en el puerto se vive un simulacro de Operación Paso del Estrecho (OPE).

Todos los melillenses que han salido por la cara de Melilla lo han podido hacer porque ha faltado control. Hay quienes intentan cargar ahora las tintas sobre la Policía Nacional, encargada de ese control de los accesos a la ciudad, pero es evidente que si esa orden no salió de la Delegación del Gobierno, no había obligación de cumplirla. De lo contrario habría que admitir que la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, no manda nada.

Cuando en Melilla se aprobó el cierre perimetral, a finales del otoño pasado, dicen que la delegada se molestó porque eso era poco menos que asfixiar a las navieras y a la economía local. Cuando 24 horas después esa medida la adoptó media España, se sumó a apoyarla con el fervor de los conversos.

Sabrina Moh nos vendió el 10 de noviembre de 2020, y así lo recoge la hemeroteca, que en Melilla seguiría funcionando el CECOR (Centro de Coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) como mecanismo para coordinar los controles en centros escolares, entradas y salidas en puerto y aeropuerto y uso de mascarillas en la ciudad.

Pues bien, ese organismo ideado por el Ministerio del Interior durante el Estado de Alarma del año pasado, cuando existía un mando único, para tener también bajo control no sólo a Policía Nacional y Guardia Civil sino además a las policías locales y autonómicas, persiste en Melilla sin que haya dado muestras de su eficiencia.

Todo lo contrario. Ha terminado siendo, como muchos inventos socialistas, un título nobiliario más para reforzar el poder interno por si en las filas propias hay alguien que no se cree el performance.

La pregunta es obligada: ¿Por qué la Delegación del Gobierno, desde su particular CECOR, no estaba al tanto del relajo que había en las salidas de Melilla? ¿Es responsable Sabrina Moh de que hoy estemos es riesgo severo de contagio de coronavirus? ¿Han demostrado los rastreadores dónde se produce la mayoría de contagios de esta ciudad? ¿Son importados?

Oiga, aquí hay gente, sobre todo mayor, que no ha sacado un pie de Melilla en los últimos cuatro meses. Pues bien, ellos han cumplido la ley, han sido disciplinados, pero eso no les exime de contagiarse por culpa de quienes sacan un turno en el médico para atenderse en Málaga y luego no pisan la consulta. ¿Nadie se percató hasta ahora de ese chanchullo?

A este fallo escandaloso, que dice mucho de la novatada que estamos pagando con la delegada del Gobierno, hay que sumar otro igual de monumental. Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nos comentan que han puesto miles y miles de multas a ciudadanos que incumplen las medidas establecidas para poner a raya la pandemia, pero ese número ingente de sanciones no se convierte en denuncias.

Llegan las propuestas de multas a la Consejería de Salud y ahí duermen el sueño de los justos. O no tienen funcionariado suficiente para gestionar el volumen de sanciones que les llegan o tienen orden de no hacerlo. Eso es algo que nos debe aclarar el súperconsejero. Aunque bueno, me imagino que por coherencia él no tiene entre sus prioridades hacer cumplir la ley a rajatabla.

Señores, o nos ponemos serios o seguiremos siendo el farolillo rojo de España.