ONG exigen al Gobierno que prohíba expresamente las devoluciones en caliente

Organizaciones sociales han lamentado que sólo desaparezcan las devoluciones en caliente en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, y continúen contempladas en la de Extranjería, por lo que han exigido al Gobierno que cumpla su compromiso y las prohíban de forma expresa.

Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Elín, Federación SOS Racismo e Iridia han emitido este lunes un comunicado conjunto después de que la semana pasada se desbloqueara la reforma de la ley mordaza y se reactivara su tramitación parlamentaria tras más de un año "dormida" en los cajones del Congreso.

En el acuerdo alcanzado por los socios de Gobierno para modificar una ley que entró en vigor en julio de 2015, uno de los aspectos más polémicos es el de la figura de las devoluciones en caliente, que, de progresar el texto pactado, desaparecerá de la nueva de ley seguridad pero no de la ley de extranjería, pero "sin profundizar más en la cuestión", advierten las ONG.

Ante esa falta de concreción, las organizaciones sociales se muestran preocupadas y sostienen que "la única legislación posible al respecto es su prohibición expresa, al ser una práctica contraria a los derechos humanos".

Recuerdan que "numerosos organismos" de Naciones Unidas han denunciado esta práctica realizada por España y han reiterado la necesidad de modificar la legislación española y poner fin a la ejecución de devoluciones sumarias que vulneran los derechos más básicos de las personas migrantes.

En este sentido, las entidades subrayan que el Constitucional "no avala las expulsiones colectivas en la frontera" y que ha fijado las garantías legales que deben exigirse porque este tipo de rechazos "sólo podría responder a procesos individualizados", con pleno control jurídico, cumpliendo con el derecho internacional y teniendo en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad (menores, mujeres, embarazadas, etc.) o el derecho al asilo de la persona".

"Las políticas y leyes cuyo objetivo es frenar y limitar la migración sólo sirven para exacerbar los riesgos a los que se exponen las personas y crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras", aseveran las ONG, para las que las fronteras no pueden convertirse "en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos".

"Los estados tiene derecho a ejercer la jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme a sus obligaciones en esta materia", concluye el comunicado.