Ofensiva parlamentaria contra los pactos de Sánchez

El Partido Popular ha puesto en marcha su ofensiva parlamentaria para combatir los pactos de investidura firmados por el PSOE para que su líder nacional, Pedro Sánchez, fuera investido presidente del Gobierno. Los populares se centran, fundamentalmente, en la amnistía, un más que posible referéndum de autodeterminación y la condonación de la deuda a la Generalitat de Cataluña por importe de 15.000 millones de euros, una cantidad que, sin embargo, solo conlleva el 20% del total de lo que deben al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Como tiene mayoría absoluta en el Senado, el PP ha decidido presentar batalla en la Cámara Alta y hacerlo planteando los debates de dos mociones sobre esos acuerdos con el fugado Puigdemont. Y para hacer partícipe a todos sus barones, el grupo popular decidió reunir a la Comisión General de las Comunidades Autónomas para que los territorios también se pronuncien al respecto.

Allí estuvo ayer en representación de Melilla la vicepresidenta segunda y consejera de Cultura, Patrimonio y el Mayor, además de portavoz del Gobierno, Fadela Mohatar. En su intervención, dijo algo muy importante: en la ciudad se vigila con especial atención cualquier decisión que implique una posible ruptura de la unidad territorial del Estado. Discreta, Fadela Mohatar aludió a “lo obvio” como razón principal de esa “inquietud y mucha” del Ejecutivo local.

“Lo obvio” no quería decir otra cosa que el hecho de que se abriría un melón muy peligroso para el futuro español de Melilla. Una vez cuestionada la soberanía nacional sobre determinados puntos de España, ¿quién quita que Melilla también pudiera ser prescindible, que entrara en una negociación con Marruecos si Pedro Sánchez lo necesitara para su supervivencia política?

La representante del Gobierno de Imbroda fue contundente cuando acusó al Ejecutivo en Madrid de “despreciar” a la ciudad y no cumplir con el principio de igualdad que le corresponde con respecto a otros lugares de España. Citó en concreto el sacrificio de los intereses melillenses para favorecer los de Marruecos admitiendo el incumplimiento del compromiso de reabrir la aduana comercial, tragarse sin rechistar que los marroquíes se nieguen a conceder el régimen de viajeros y romper uno de los principales atractivos del sistema económico especial de la ciudad con la derogación de la bonificación del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social.

La vicepresidenta segunda también reclamó un nuevo sistema de financiación autonómica, pero recalcó que se negocie de forma multilateral y respetando la justicia y la igualdad y la solidaridad entre todos los territorios. No se olvidó tampoco de los perjuicios presupuestarios que puede tener para los melillenses la condonación de la deuda de Cataluña y se proclamó totalmente a favor de mantener el actual modelo democrático español, basado en la igualdad de todos los ciudadanos y la separación de poderes, lo cual resulta incompatible con la amnistía, que dejaría impolutos a una casta de políticos catalanes corruptos, golpistas y, en algunos casos, presuntos terroristas.