El abogado Francisco Parres (d.) en su última comparecencia ante los medios de comunicación.
El juez de adscripción territorial Francisco Ramírez Peinado llevará el caso Naira, la niña fallecida en la madrugada del pasado 24 de enero, después de haber sido atendida en Urgencias del Hospital Comarcal. Así lo indicó ayer a El Faro Yonaida Selam, presidenta de Intercultura, asociación que está apoyando a la familia. El último interrogatorio a testigos lo efectuó el titular del Juzgado de Instrucción número 2.
Francisco Parres, el abogado de los padres de la menor, solicitará hoy mismo una cita con el nuevo magistrado. Según el letrado, la reunión podría desarrollarse a lo largo del día de mañana. Durante el encuentro, Parres pedirá una tramitación “más efectiva”, ya que a juicio del abogado, desde que comenzó el procedimiento penal “no se ha resuelto ninguna de sus solicitudes de prueba”. El letrado recordó que el pasado 21 de febrero, solicitó al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) la ampliación del segundo informe de Urgencias para que “detallase cuáles son las causas que condujeron a la muerte de la niña”.
Además, el abogado insistió en que tanto el 27 de febrero como el 29 abril, se mandó un escrito con 36 cuestiones adicionales a las propuestas del juez instructor que tampoco han sido resueltas. En este documento se pidió la declaración del médico forense Julio Amigo Fernández. Dicho profesional elaboró un informe pericial para la familia en el que aseguraba que la muerte de la niña se podía haber evitado, ya que no se efectuaron pruebas “elementales” como un “análisis de sangre” y una “pulsioximetría”.
Cuaderno de Enfermería
Parres indicó a El Faro que tampoco ha recibido, hasta el momento, la lista de todos los médicos y enfermeros que asistieron a la niña en Urgencias, así como el cuaderno de Enfermería con todas las anotaciones que se hicieron el día que falleció Naira.
Según el letrado, aún no se conoce la responsablidad del primer médico que atendió a la niña. Se trata de un médico residente (MIR) en segundo año de formación que debe contar con un tutor que supervise su labor.
En este caso, según el escrito que elaboró Parres, si la actuación del médico residente fue revisada por un especialista, podría no ser declarado penalmente responsable.
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