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“No se puede retener contra su voluntad a ningún inmigrante con pasaporte o asilo”

Imbroda afirma que no se puede poner la frontera en el puerto de Melilla o de Canarias

El presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, ha destacado que un juzgado de Canarias ya ha determinado que no se puede retener en las islas a los migrantes que tienen su documentación, es decir, que cuentan con su pasaporte. Asimismo, subrayó que se ha indicado por el juzgado que tampoco se puede impedir que salgan de las islas a los solicitantes de asilo cuya solicitud haya sido aceptada o que ya sean beneficiarios de la protección internacional.

Imbroda insistió en que este juzgado de las islas ha dado la orden a la Policía Nacional para que deje salir a estas personas con estas condiciones. Y extrapoló esta misma situación a nuestra ciudad.

Por ello, afirmó que “no se puede retener contra su voluntad a ningún inmigrante al que hayan admitido su solicitud de protección internacional y tampoco a los que estén documentados con un pasaporte”.

Imbroda argumentó que con esta decisión judicial, la frontera no se puede poner ni en el puerto de Melilla ni en el de Canarias, ésta estará en donde finalice la soberanía española y nuestra ciudad se encuentra dentro del perímetro, como Málaga o Albacete.

18 años

De hecho, el presidente del PP de Melilla aseveró que también los jóvenes que han sido tutelados por la Ciudad tienen derecho a moverse de forma libre por el territorio nacional una vez que cumplen 18 años.

Además, Imbroda rechazó que facilitar la libertad de movimiento de estas personas se convierta en un efecto llamada para más inmigrantes. Explicó que Melilla no puede cargar con una inmigración que ya es un 20% de la población porque “no tiene las condiciones ni la infraestructura” para ello. De hecho, insistió en que se ha podido ver porque se ha tenido que albergar a estos migrantes en diferentes zonas hasta que acabaron en la plaza de toros y no se les está dando unas condiciones “dignas” es que lo hay que hacer.

Por ello, puso en valor esta sentencia del juzgado de Canarias e insistió en que las instituciones deben dar respuesta y los medios para que puedan acceder a cualquier territorio nacional.

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