Transcurrían las 20.30 horas del día 9/II/2024 en una tarde-noche plomiza y en medio de un temporal marítimo, cuando un grupo de narcotraficantes a bordo de una embarcación semirrígida, de catorce metros de eslora y cuatro motores fueraborda de 300 caballos, arremetió premeditadamente contra una pequeña zódiac de goma de seis metros y con un motor de 80 caballos, en las que navegaban seis agentes de la Guardia Civil. Como es sabido, el resultado no pudo ser más dramático: fallecieron dos miembros de la Benemérita, dos resultaron heridos y uno de ellos de gravedad. Todo ello se desencadenó en el puerto de Barbate, municipio de la provincia de Cádiz, con imágenes enternecedoras.
Lo cierto es, que de cada cien kilos de hachís que alcanza suelo europeo, setenta y dos lo consuman por los litorales andaluces, sobre todo, por la costa de Cádiz. Sin duda, el Estrecho de Gibraltar es una de las fachadas limítrofes más candentes del mundo, un territorio agreste y aventurado. Y cada día, todavía lo es más.
Por mucho que el Gobierno y el Ministerio del Interior hagan alarde y breguen por desgranar la inversión ejecutada desde 2018, cuando se puso en movimiento el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar para restablecer ese principio de autoridad agraviado, el contexto real confirma una fuerte radicalización en los métodos del narcotráfico: los capos inmemoriales, más propensos a admitir códigos de conducta de cara a los Cuerpos de Seguridad, heredados desde que se ingenió el contratando del tabaco, han dejado sitio a unos sucesores más irracionales y atroces que no vacilan a la hora de disparar, derribar o arrollar a quien ose intervenir su cargamento.
Una realidad al margen de la ley que desde el año 2016 se ha cobrado una veintena de vidas humanas, en una enumeración infausta que recientemente ha incorporado dos nuevos nombres.
Ni que decir tiene, que la Fiscalía de Cádiz lleva diversos años advirtiendo del aumento en el influjo de fuego por parte de los narcos. Pero, para desgranar sucintamente cómo ha desembocado esta última desdicha, hay que yuxtaponer diversos elementos que van más lejos de la fogosidad y el ímpetu violento contra una pequeña zódiac.
Habría que comenzar exponiendo que se delata el enorme contraste de medios de los adversarios en una partida de ajedrez que se juega a diario hasta cotas inverosímiles. Mientras que los narcos actúan con una flota colosal de gomas, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR) lleva trabajando con sus seis embarcaciones inoperativas. A día de hoy, la Benemérita del Mar, cuenta con cinco embarcaciones de entre diecisiete y veinticinco metros de eslora y una cuarta de doce metros, pero en el momento de los últimos acontecimientos ocurridos, todas estaban y continúan estando fuera de servicio por numerosos argumentos.
De ahí, que cuando la primera autoridad de Barbate puso en conocimiento a la Comandancia de la Guardia Civil los casos que se repetían una y otra vez, demandando que se tomara alguna decisión con hechos verificados, trágicamente el operativo no fue el conveniente y en esta última ocasión se convirtió en un blanco demasiado fácil, para que los causantes incluso se les animasen desde una escollera por individuos sin miramientos, cargando contra los agentes con este fatal desenlace. Queda claro, que las medidas tomadas fueron nefastas y desproporcionadas.
“Sea como fuere, los agentes que combaten contra los narcos en el día a día ofreciendo lo mejor de sí, denuncian tajantemente la carencia de medios humanos, materiales y económicos con la que enfrentar convenientemente una lucha desigual que por momentos es infernal”
Otras de las cuestiones que llama poderosamente la atención es que las embarcaciones transportan una cantidad significativa de garrafas de gasolina para suministrar las narcolanchas. La punta de lanza subyace en que la adquisición de combustible únicamente lleva aparejada una sanción administrativa.
Ese es inexcusablemente otro de los matices que desde la Fiscalía Antidroga se pretende endurecer. Porque las gomas no intervienen por cuenta propia, sino que lo hacen en partidas marítimas constituidas por hasta seis personas. Algo así como una especie de escolta pretoriana que surte y escuda al líder donde viajan los bultos de droga.
Si bien, para combatir contra los poderosos clanes de la droga que se manejan como pez en el agua, el SEMAR contabiliza entre sus filas cuarenta agentes. De este modo, que si en tierra las fuerzas parecen o dan la impresión de equipararse, en el mar podríamos estar concretando una pugna que se asemeja en una balanza a la que desempeñarían alegóricamente una galera fortificada con 300 cañones, frente a una nave con tan sólo una veintena.
En otras palabras: estas narcolanchas valoradas en 30.000 euros están dotadas de tres o cuatro motores fuerabordas. La capacidad de carga suele rondar en las tres toneladas. Además, un kilo de hachís se negocia a unos 1.400 euros. Es decir, cada viaje significa unas ganancias de 4.200.000 euros.
De la cifra anterior hay que restarle lo que recibe el piloto de la goma, unos 50.000 euros; el gepero, encomendado al GPS durante el trayecto (20.000 euros); los marineros, responsable de la carga y descarga de la mercancía (10.000 euros); el notario, que es el sujeto de confianza del poseedor de la droga en Marruecos y la formación española que se lleva una proporción según los bultos; el botador, que introduce la goma desde su guarida hasta el mar y que suele cobrar 5.000 euros; los petaqueros, que abastecen de víveres y gasolina a los participantes de la operación y que recaudan entre 500 y 2.000 euros cada hora; la colla, constituida por individuos que desembarcan la mercancía en la playa y la trasladan a los vehículos que sin demora los transportan hasta las guarderías (3.000 euros); los pilotos, que conducen los todoterrenos (entre 10.000 y 20.000 euros); y, por último, los peones, apostados estratégicamente en diversos puntos para alertar de los posibles cambios policiales durante el alijo (entre 300 y 500 euros).
Como puede observarse, un engranaje afinadamente acomodado y jerarquizado donde apenas nada queda a su suerte. Y por si fuese poco, la empresa Narcos SA de ningún modo se interrumpe en su operar.
Lo llamativo de este entorno es que la adquisición de narcolanchas está tipificada en el Código Penal como una infracción de contrabando que ocasiona castigos de entre tres y cinco años de prisión. No obstante, fuentes de la Fiscalía Antidroga han llegado a declarar más de una vez, que cuando dichas embarcaciones son confiscadas, los narcos están prestos para volver a apoderarse de ellas en ofertas de cara al público, disponiendo para ello de suplantadores. De este modo, el mecanismo de acción se inicia nuevamente.
Otra de las particularidades que se valoran cruciales en la acentuación de la eficacia de los narcos en esa percepción de depravación, es el desmantelamiento del OCON SUR (Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico), un grupo que trajo consigo excelentes resultados hasta que se determinó que los agentes que lo acomodaban retornaran a sus distintas unidades. Las lógicas de esta decisión no están lo suficientemente claras. Aunque podría haber reportado a un efecto psicológico dominó entre los distintos clanes del narcotráfico que actúan, interpretando la medida como un retroceso en sus intervenciones y así prosperar en sus posiciones, recurriendo para ello a una violencia que no tiene límites.
Fijémonos escuetamente en la Memoria Anual de 2023, con la que la Fiscalía Superior de Andalucía llegó a especificar literalmente la adquisición ilícita de armas en los emplazamientos de custodia de la droga como “muy preocupante” y agregó taxativamente, que durante 2022 se verificó que las redes recurren a “armas cada vez más potentes”. Ante tal hervidero en aguas del Estrecho y de la competitividad habida entre las diversas organizaciones, los ajustes de cuentas no se cierran y las armas de fuego sobresalen con más asiduidad.
Para ser más preciso en lo fundamentado, en varias localizaciones de Andalucía se han confiscado fusiles de asalto AK-47 (Kalashnikov) y hasta un arsenal oculto minuciosamente en el suelo de una casa con un subfusil Zastava M56, otro Skorpion vz. 61 y abundantes revólveres, pistolas y escopetas de dos cañones, todas en perfecto estado para su empleo inmediato.
Dicho esto, en los cincos años sucedidos que abarcan desde 2018 a 2023, respectivamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estrecho de Gibraltar han consumado un total de 11.679 operaciones vinculadas con el narcotráfico, llegando a apresar a más de 13.000 individuos y decomisar un volumen de droga que asciende a los 1.211 kilos de hachís. Amén, que es una ocupación ilícita que no parece descansar ni por un instante.
Conjuntamente, el Informe describe el caótico entorno del narcotráfico en Andalucía, al igual que la trama descrita de tráfico de hachís donde aumenta el tránsito de drogas de diseño tipo éxtasis como MDMAM y MDA. Además, la fuerte presión practicada en los últimos cinco años como resultante del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, ha encaminado a los líderes de las redes de narcotráfico que se mueven en el Sur a diseminar los géneros de droga. Así, lo ha confrontado la Guardia Civil, previniendo que el hachís penetra en España por áreas de la costa del Levante y cada vez “con más frecuencia”, por Cataluña e incluso Portugal.
Otro de los visos cada vez más reiterados es que los narcos del Sur ensamblan alianzas entre bandas de narcotraficantes para la salida de hachís desde Marruecos, para lo que conciertan servicios a otras formaciones que tienen bajo su control y desembarcar en sectores distanciados del Estrecho de Gibraltar y que a priori, creen “menos presionados” desde el enfoque policial.
“La dependencia económica del narco en la zona aquí pincelada, más los inconvenientes geográficos y los exiguos recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entorpecen el menester para que se produzca un cambio de paradigma en la lucha antidroga”
En este aspecto, desde el Cuerpo Nacional de Policía se avisa de dos materias primordiales: primero, el crecimiento de la incautación de armas de fuego que destinan para protegerse de permisibles tumbos o caídas y hurtos entre las mismas bandas y, segundo, la progresiva inquietud por la provisión sin medidas de seguridad de gasolina para realizar transportes de mayor calado en narcolanchas.
Varios Informes del Ministerio del Interior muestran la “expansión territorial” de los narcos como réplica al ejercicio policial en el Estrecho. De manera provisoria acuden a drones y radares marinos que ingeniosamente ubican en viviendas para localizar el patrullaje de las flotas del SEMAR. Su capacidad de adaptabilidad es considerable porque disponen de recursos económicos, como muestra que las narcolanchas evolucionan según sus requerimientos. Como inicialmente he indicado, pueden ser de un sólo motor y ocho metros de eslora o de cuatro motores y 14 metros de eslora y capacidad para embalar 4.000 kilos a una velocidad de unos 110 kilómetros por hora.
Lo incontrastable de esta situación es que la venta de este tipo de narcolanchas están prohibidas en España desde 2018, período en el que nuestro país se afianzó como el actor del Viejo Continente que mayor cantidad de hachís había confiscado. De cada cien kilos que acababan llegando a superficie comunitaria, setenta y dos lo llevaban a cabo por los litorales andaluces de Cádiz, Málaga y Huelva y puntos principales con Marruecos de donde procede la droga. Por ello, el Gobierno dio luz verde al Real Decreto-Ley 16/2018, de 26 de octubre, para reducir el manejo del envío más explotado por los narcos para traer el hachís desde el Norte de África.
Decía la disposición al pie de la letra: “El uso de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad para la rápida introducción de géneros de contrabando (fundamentalmente hachís, cocaína y cigarrillos) mediante el trasbordo o el alijo en la playa es una de las principales amenazas a la que se enfrenta diariamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
El propio texto del Decreto enfocaba textualmente: “Resulta muy difícil actuar contra las organizaciones criminales que emplean estas embarcaciones, pues resulta frecuente intervenirlas cuando ya han alijado la droga o el tabaco, o cuando en el transcurso de una persecución los géneros son arrojados al mar. En este caso, resulta especialmente complejo proceder administrativa o penalmente contra los patrones y tripulantes, y las embarcaciones continúan siendo utilizadas por las organizaciones criminales una y otra vez para sus actividades ilícitas. Ello produce una sensación de impunidad en la ciudadanía y de cierta impotencia y desánimo entre los miembros de las fuerzas y cuerpos que tienen encomendada la represión del contrabando y el narcotráfico”.
Por lo tanto, aunque por Ley se haya imposibilitado su venta en España, estas embarcaciones ilegales no se han esfumado ni mucho menos de este escenario. Realmente, desde que se ratificó el Decreto-Ley, los agentes han continuado incautando embarcaciones y muchas de ellas provenientes de Galicia.
Es más, en 2023, el Cuerpo Nacional de Policía desmanteló cuatro entidades dadas exclusivamente a confeccionar estas naves en la frontera gallega con Portugal y trasladarlas a varios sitios de España. Esta batida concluyó con decenas de detenidos en Pontevedra y el Norte de Portugal y el embargo de cien narcolanchas preparadas para hacerse servir cuanto antes. Y es que, Galicia, llevaba años constituyéndose en un enclave logístico de las narcolanchas, pero ¿por qué este lugar concreto? Para desentrañar esta cuestión es imprescindible echar un vistazo a una investigación de las autoridades antidroga hasta un astillero legal en Viana do Castelo, en Portugal.
Y aquí es donde entra a percutir la brecha legislativa imperante en nuestro país vecino, al erigirla en el andamiaje de estas embarcaciones ilegales en España y donde no existen máximas y formalismos contra su fabricación, manejo y exportación de las mismas, perfiladas mayoritariamente para transbordar importantes cantidades de alijos, en contraste con España.
Finalmente, los clanes de la droga del Estrecho han amenizado las funciones de sus integrantes: elaboración, locomoción, desembarque y suministro, para que cuando alguno caiga en manos de las autoridades, el esqueleto troncal pueda continuar vivo y quede salvaguardo. Por otra parte, los ejes de mando son más pequeños en la cantidad de componentes.
Una de las nuevas metodologías practicadas por las mafias reside en prosperar grandes barcos con los cargamentos de droga en alta mar que, a su vez, facilitan a embarcaciones de recreo desde ese sector. Este procedimiento está promovido por la entrada en vigor del Real Decreto antes aludido y que prohíbe el manejo de las narco-lanchas, lleven o no droga en su interior.
El nuevo trazado compromete a surtir a las grandes embarcaciones en alta mar y al ardor de este ejercicio han aflorado diversas estructuras que se aprestan meramente a transportar combustible, pese al elevado riesgo que implica moverse con esos caudales de líquido inflamable. Se trata de una actividad complicada de acorralar por su enrevesada incrustación en el Código Penal.
"La última Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad presenta las inminentes amenazas franqueadas y traza el Plan para luchar en los años 2024 y 2025"
En los últimos trechos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han desenmascarado la reactivación de la órbita del Guadalquivir, desde su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla. Por esta demarcación incrustan el hachís que se encamina al resto de España y otros estados afines de Europa. Igualmente, se han observado pequeñas aeronaves de fácil maniobrabilidad que atraviesan el Estrecho en la penumbra y descienden en áreas apartadas donde se han dispuesto pistas encubiertas.
En conclusión, la muerte de dos guardias civiles en otros de los episodios calamitosos frente a los narcos en Barbate, lamentablemente ha vuelto a abrir el debate sobre la influencia del tráfico de drogas.
Primero, España es uno de los principales corredores de entrada de la droga a Europa: la cocaína y el hachís son los géneros más confiscados al respecto. Además, tres puertos españoles se encuentran entre los seis europeos que más cocaína incautan y, a su vez, es el país que más hachís prende del mundo.
Segundo, la demanda de droga se ha acelerado a nivel global: la Unión Europea se ha situado como el destino predilecto de la cocaína derivado de Latinoamérica. España marcha sin pausa como espacio de circulación para los contenedores marítimos que portan las existencias.
Tercero, la doble frontera con el Campo de Gibraltar y Marruecos es crucial en este jeroglífico. De manera, que la superficie bajo autoridad británica aporta el blanqueo de dinero del narco, mientras que el Estado marroquí es el mayor productor de hachís. La proximidad de este último con España, pone en bandeja la entrada de la droga mediante lanchas. Y cuarto, el narcotráfico es el puntal económico en esta zona del Sur. Sus rastros clarividentes de pobreza y paro son de los más altos de España. La decadencia del sector pesquero predispuso que el contrabando de hachís resultara el negocio más provechoso para numerosas familias.
Sobraría mencionar en estas líneas, que el afán desmedido del narco empeora la inestabilidad en el Estrecho de Gibraltar, como punto neurálgico para el comercio marítimo internacional y la seguridad en el Mediterráneo. Obviamente, la ampliación del narcotráfico en sus diversas formas refrigera a Marruecos frente a España, porque Rabat estila a diestro y siniestro la inmigración y la cooperación antiterrorista para extorsionar a su vecino. El aumento en la productividad y remesa de hachís, le brinda otra maña para exprimir al Gobierno español.
En consecuencia, la dependencia económica del narco en la zona aquí pincelada, más los inconvenientes geográficos y los exiguos recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entorpecen considerablemente el menester para que se produzca un cambio de paradigma en la lucha antidroga. A ello hay que añadir, el realce exponencial del consumo, más la multiplicidad de los derroteros del narcotráfico y el afianzamiento de organizaciones trasnacionales que hacen pronosticar una intensificación aún superior del negocio de la droga.
Ello lo evidencia la preocupación que saltó en la seguridad del Estado por la permeabilidad del narcotráfico en las capas de la sociedad y el libertinaje con la que procedía en el Campo de Gibraltar, hasta determinar la implementación de un Plan Especial para la zona.
La última Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad presenta las inminentes amenazas franqueadas y traza el Plan para luchar en los años 2024 y 2025. Si bien, precisa que los narcotraficantes poseen un método “adaptativo y flexible”, que ha desfilado de “una estructura piramidal y jerárquica” a una de prototipo “reticular” con “cortafuegos”. La artimaña de submarinos y drones aéreos para mover la droga desde el Reino de Marruecos, aeronaves ligeras, la rehabilitación de la vía del Guadalquivir o la instauración de bandas establecidas sólo para distribuir combustible a las embarcaciones, son algunas de las partes de esta primicia desarrollada por los grupos locales.
El Ministerio de Interior hace hincapié en el alcance de ahondar en el rastreo de las ganancias, o séase, la supervisión del blanqueo de capitales, al objeto de inutilizar a los clanes de la droga. Como aludía desde su puesta en funcionamiento, la Instrucción de la Secretaría de Estado hace referencia al calibre del contacto con el tejido asociativo del sector y la concienciación de los vaivenes del narcotráfico para una población joven en una zona desalentada económicamente y donde el narco conjetura una trampa esparcida a lo largo de los años para hacer dinero fácil.
Sea como fuere, no ha de soslayarse, que los agentes que combaten contra los narcos en el día a día ofreciendo lo mejor de sí, denuncian tajantemente la carencia de medios humanos, materiales y económicos con la que enfrentar convenientemente una lucha desigual que por momentos es infernal, contra las mafias de la droga que en los últimos tiempos se han envalentonado.
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