En el mismo y presunto delito electoral y contra la Administración Pública, urdido según una investigación judicial, para favorecer a la coalición Coalición por Melilla-PSOE. Según ha podido saber ‘El Faro’ de fuentes próximas a la investigación judicial, el próximo miércoles comparecerán como imputados en la causa abierta por presunto fraude electoral y posible delito también contra la Administración Pública, el secretario general del PSME-PSOE, Dionisio Muñoz, el presidente de CpM, Mustafa Aberchán, el actual secretario general de UGT en Melilla y exvicesecretario general del PSME hasta junio de 2009, Alonso Díaz, la actual secretaria del Área de Movimientos Sociales y Relaciones con ONG’s de la ejecutiva regional del PSOE, Nora Hammad Hamida, y la esposa, hermana y dos hijas de Mustafa Aberchán. En total, otros ocho imputados que deberán comparecer ante el Juez de Instrucción nº4 para declarar, advertidos de que lo hacen como imputados, en un presunto delito de fraude electoral y contra la Administración Pública relacionado con las Elecciones Generales de 2008, en las que el voto por correo en Melilla creció un 76%, pasando de los 2.900 sufragios de 2007 a los 5.111 que se registraron en los citados comicios generales. La imputación contra Dionisio Muñoz, Alonso Díaz, Nora Hammad, Aberchán y familiares directos de este último se suma a las ocho que ya se han realizado en el mismo procedimiento contra otros cinco dirigentes del PSME-PSOE, una exdirigente de las Juventudes del mismo partido y dos militantes o colaboradores de la coalición CpM-PSOE que ayer, tal cual informamos en la página 2 de esta misma edición, ya fueron citados para declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción nº4 y que, salvo en el caso de Ikran Aanan que sí declaró y del exdirigente Yeray Díaz –que no se encuentra en Melilla-, se acogieron a su derecho a no declarar en todo los casos. Según el auto en el que se los cita, literalmente muy similar al que se dictó respecto de los ocho primeros imputados convocados para ayer lunes, el procedimiento surge a partir de la remisión en masa a la ciudadanía de unas cartas "falsas" con motivo de los comicios generales celebrados en marzo de 2008, que bajo el membrete o sello de la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Delegación del Gobierno, UPYD, que dirige la diputada local en la Asamblea de Melilla, Ana Mansilla, prometían trabajo a parados en los Planes de Empleo que gestiona la misma Delegación del Gobierno. Las cartas, que se declararon ‘falsas’ por la misma UPyD, han puesto de manifiesto, según la investigación policial y judicial al respecto, que en las Generales de 2008 se desplegó un "entramado" conformado por diversas personas que pretendían la "obtención ilegítima" de votos a favor de la coalición CpM-PSOE, partidos que concurrieron con una candidatura única a los mismos comicios. Dicho entramado trabajó desde la solicitud del voto mediante "dádivas, promesas o remuneraciones directas", consistente en la promesa o concesión de un puesto de trabajo en los Planes de Empleo dependientes de la Delegación del Gobierno; hasta el incumplimiento de los trámites establecidos para el voto por correo mediante su "manipulación directa" o la remisión de cartas falsas como efecto llamada o en confirmación de las promesas realizadas. Asimismo, el auto da por constatados también la "alteración o incumplimiento" de los criterios establecidos para la atribución de puestos de trabajo de los citados planes, con objeto de dar "preferencia" a las personas que votaron a CPM-PSOE o que prestaron servicios para dicha coalición. La táctica ‘dilatoria’ del PSOE Se desconoce qué táctica judicial usaran los nuevos imputados una vez comparezcan ante el juez. Por lo pronto, tanto el diputado local en la Asamblea de Melilla y secretario general de Juventudes Socialistas de Melilla, Amín Azmani, como la secretaria del Área de Bienestar Social y directora del CETI, Rabea Mohamed, el secretario del Área de Política Municipal y Autonómica, Gabriel Jiménez Heredia, y el secretario de Organización de las Juventudes Socialistas de Melilla, Sergio Martínez, solicitaron en todos los casos que su toma de declaración quedara suspendida alegando “premura en la citación” y falta de “traslado de las actuaciones de las que resulta su imputación”. Una imputación que el juez se negó a aceptar, alegando por su parte que el procedimiento se encontraba abierto desde hace mes y medio y que en ese período las partes habían tenido opción a fotocopiarlo e informarse debidamente. Por tal motivo, los imputados se acogieran al derecho a no declarar, aunque con el compromiso de solicitar su citación futura una vez se hayan “instruido del procedimiento” o, lo que es lo mismo, se consideren enterados de lo que se les imputa.