El tesorero de la cooperativa que dirige la COA, Antonio Montoya, ha asegurado este lunes que el Gobierno continúa sin ponerse en contacto con ellos para tratar de dar una solución al problema del transporte público en Melilla. Montoya señaló que, a la vista de las circunstancias, se mantiene la fecha del 1 de julio como fin del servicio, tal y como anunció hace unos días.
“No hemos podido avanzar en nada porque no ha habido contactos”, comentó Antonio Montoya a preguntas de El Faro. De hecho, no se ha producido ni una llamada telefónica desde que la COA hiciera pública su decisión de dejar de prestar el servicio en la ciudad. “Todo sigue igual que antes, no ha habido nada que nos permita pensar en una posible solución”, añadió.
Los miembros de la cooperativa no escondieron su “tristeza” por tener que llevar a cabo esa decisión. Montoya entiende que “nos duele más a nosotros que a los políticos” que haya muchas personas, sobre todo con edad ya avanzada, que se queden sin poder desplazarse porque habitualmente lo hacen en transporte público.
La COA anunció el pasado miércoles, día 21 de este mes de junio, su decisión de dejar de prestar el servicio como consecuencia de lo insostenible de su labor por la acumulación de impagos por parte de la Ciudad Autónoma.
Según las cifras aportadas por el tesorero de la cooperativa, en total se le debe más de un millón de euros, 800.000 de los cuales provienen de los impagos de las subvenciones de 2022 y 2023, mientras que el resto corresponde a la aportación del Estado que permitió rebajar los billetes en un 30%. “Ese dinero está ya en la Ciudad Autónoma pero no nos lo han pagado”, comentó Montoya.
La COA dispone actualmente de 52 trabajadores que a partir del 1 de julio quedarán sin empleo. Todos ellos tienen la intención de expresar su protesta por las deudas en la puerta del Palacio de la Asamblea. “Nos concentraremos allí y tocaremos las palmas”, ironizó Antonio Montoya, quien recordó que la Ciudad Autónoma tiene la obligación legal de prestar el servicio de transporte público al ser Melilla una población superior a los 50.000 habitantes.
Además, se mostró partidario de que salga a licitación el contrato para la prestación del servicio, un concurso público al que la COA optaría y que cerraría definitivamente la situación de alegalidad en que se encuentra este medio de transporte, que se viene prestando de la misma forma desde el primer tercio del siglo XX.
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