La Delegación del Gobierno ha acogido este mediodía una reunión con representantes de la Ciudad Autónoma para analizar las sentencias de planes de empleo. Un encuentro que ha servido para poner encima de la mesa las dificultades técnicas y jurídicas que han supuesto la sentencia y que van más allá de una cuestión económica. La máxima representante del Gobierno de España en la ciudad autónoma, Sabrina Moh, ha reiterado que el objetivo de la Delegación del Gobierno es encontrar respuesta estructural que sirva para solventar el plan de empleo de este año pero, a su vez, llevar a cabo todos los futuros planes de empleo con la máximas garantías, tanto para los trabajadores como para la Administración, y, sobre todo, que los planes de empleo tengan el objetivo para los que crearon, como es la mejora de la empleabilidad de ciertos colectivos que son vulnerables o que cuentan con una difícil inserción en el mundo laboral. Además de Moh, en la reunión han tomado parte, por parte de la Administración General del Estado el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Jorge Vera; la secretaria general de la Delegación, Sana Abdeslam; y el Abogado del Estado y el Interventor del Estado en Melilla. Por parte de la Ciudad Autónoma han estado presentes la consejera de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, Marta Fernández de Castro, y la presidenta de Proyecto Melilla SA (Promesa), Esther Donoso. Hay que recordar que tanto la Delegación del Gobierno como la Ciudad Autónoma han recibido sentencias condenatorias por sus respectivos planes de empleo. En el primer caso, llegó tras la denuncia de la Confederación General del Trabajo (CGT) por no existir equiparación salarial con respecto al cuarto convenio colectivo de la Administración del Estado (AGE), de lo que se deducía una vulneración de derechos fundamentales a la igualdad contenidos en el artículo 14 de la Constitución En el caso de la Ciudad Autónoma, el Juzgado de lo Social número 1 de Melilla anuló parte de su convenio colectivo, concretamente la disposición transitoria cuarta, por la que los trabajadores de los planes de empleo percibían una menor retribución que el resto de la plantilla.