Las modificaciones cuantitativas sobre el Presupuesto de 2017 ascienden a un 17,5%

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba ayer un documento en el que se refleja el análisis del Tribunal de Cuentas sobre el Presupuesto de la Ciudad de 2017, año en el que gobernaba el PP. En concreto, se trata de la resolución del 15 de junio de este año aprobada por la comisión mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el ‘Informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla ejercicio 2017’. Se insta a la Ciudad a “poner en marcha de forma inmediata” una serie de medidas que considera necesaria. Son siete y una de ellas es “elaborar los presupuestos con el rigor necesario para evitar el elevado importe de las modificaciones, hecho que desvirtúa el valor del presupuesto aprobado como instrumento de planificación de la actividad”. Y es que, como recoge este informe, “las modificaciones cuantitativas sobre el presupuesto aprobado en 2017 siguen siendo considerables, ascendiendo al 17,5%, aunque en el 2016 fue de un 18,9%”.

Es más, el documento recoge que esa modificaciones destacan en los capítulos 6 y 9 de gastos con un cambio sobre los créditos iniciales del 98% (18.283.000 de euros) el primero y del 101% (13.495.000) el segundo. De forma similar, pero en el presupuesto de ingresos, las transferencias de capital a recibir inicialmente previstas se incrementaron en un 219% (15.247.000 de euros), “lo que afecta negativamente a la precisión en la planificación de las actividades a realizar durante el ejercicio”.

Otro de estos siete puntos habla de limitar el uso de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito, “que ha devenido habitual en los últimos años”. Se insta a la Ciudad a recurrir a otras figuras.

También se recoge en este punto que la Administración local debe implementar medidas que lleven a establecer una adecuada separación de las unidades de la Intervención General que tienen encomendadas las funciones de contabilidad y fiscalización económico-financiera.

Asimismo, dentro de la función de control, indica que se debería adscribir a tareas de fiscalización previa personal distinto al de las de control posterior, recoge este documento.

Además, se pide a la Ciudad que complete la tarea de unificar el inventario de bienes para que ofrezca información completa y que ultime las actuaciones de coordinación de los servicios de Patrimonio y Contabilidad, así como lleve a cabo un correcto registro contable de las operaciones de inmovilizado.

Envío tarde de las cuentas

Aunque la primera conclusión de la rendición de cuentas es que la Ciudad volvió a enviar tarde el documento con las cuentas de 2017. El Tribunal de Cuentas describe que se recibió el 5 de diciembre de 2018, incrementándose “de forma significativa el retraso respecto” al año anterior cuando se envió el 31 de octubre de 2017.

Además, dice que “como en ejercicios precedentes, la cuenta general no se ha presentado completa, en esta ocasión, al no contener las cuentas de ninguna de sus tres sociedades mercantiles”. Esas cuentas se entregaron más tarde y las de Promesa y Emvismesa se enviaron sin el certificado de aprobación por la junta general de accionistas que se remitió aún más tarde. Y las cuentas de la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí se enviaron en enero de 2019.

En cuanto al seguimiento que hace el Tribunal de Cuentas de las recomendaciones de otros años, como en los informes de las cuentas de 2015 y 2016, se pone de manifiesto que se han apreciado avances para que la liquidación presupuestaria recoja la totalidad de obligaciones y derechos devengados en el ejercicio, fomentándose el cumplimiento del principio de anualidad presupuestaria. Sin embargo, el resto de recomendaciones formuladas, “dado su insuficiente grado de implantación, se reiteran en este informe de 2017” y ya se han descatado antes, como que se sea más estricto con el presupuesto que se elabora en un inicio.

También se argumenta que convendría elaborar unas normas detalladas para la justificación de las subvenciones otorgadas a las organizaciones sindicales para la ejecución del plan de formación con fondos propios de la Ciudad.

La ejecución

En cuanto al grado de ejecución del presupuesto de gastos, el Tribunal de Cuentas indica que fue de un 82%. “En términos absolutos la desviación más importante (27.241.000 de euros), se produjo en el capítulo 6, con un grado de ejecución del 26%. También destaca el bajo grado de ejecución del capítulo 7, con un 37%.

Además, el grado de ejecución de ingresos alcanzado en 2017 fue del 83%, seis puntos porcentuales inferior al del ejercicio precedente. “Salvo el caso particular del capítulo 8, ‘Activos financieros’ (por la inclusión en el presupuesto final de remanentes de tesorería que no dan lugar al reconocimiento de derechos en el ejercicio corriente), el menor grado de ejecución corresponde al capítulo 7, ‘Transferencias de capital’ con un 14%, al no haberse reconocido los derechos previstos en concepto de FEDER Programa Operativo 2014-2020, ni los resultantes de la incorporación de remanentes en el mismo. Todo ello origina una desviación en términos absolutos en el capítulo 7 de 19.120.000 de euros”, indica el informe.

Insta a eliminar la Fundación Melilla Monumental o a cambiar sus estatutos

El Tribunal de Cuentas volvió a centrar su atención en el estudio del Presupuesto de 2017 en la Fundación Melilla Monumental. Se pregunta si debe eliminarse por una comisión u otro tipo de órgano o bien cambiar sus estatutos. Así se recoge el informe en el apartado del seguimiento de las recomendaciones.

En concreto, indica que “debería analizarse la pervivencia de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, cuya misión estatutaria consiste en la coordinación de competencias correspondientes a las distintas consejerías”. Indicó que esta función podría desarrollarse a través de comisiones interadministrativas. Aunque también plantea actualizar los estatutos de la fundación, “si efectivamente tiene encomendadas funciones adicionales, como se manifestó por la Ciudad en ejercicios anteriores”.

Asimismo, el tribunal dice que debe estudiarse la propuesta realizada por la Intervención General de la Ciudad sobre la liquidación de la participación en la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí.

En las alegaciones se ofrece una serie de argumentos a favor de la pervivencia de la Fundación Melilla Monumental, “aunque sin incluir algún análisis en términos de eficacia y eficiencia que respalde el mantenimiento como el medio más idóneo para lograr el cumplimiento de los fines encomendados frente a la implantación de otras fórmulas interadministrativas para tal logro”.

En relación con la segunda, la Ciudad indicó, en el transcurso de la fiscalización, que considera necesario su mantenimiento, por lo que se entiende que la propuesta de la Intervención “fue efectivamente estudiada”.

Otras entidades

En cuanto a las cuentas de las sociedades que son propiedad de la Ciudad, el informe indica que Promesa e Inmusa registraron pérdidas de 586.000 euros en el primer caso y de 3,2 millones en el segundo. En cambio, Emvismesa reconoció un beneficio de 1,7 millones de euros.

Sobre los balances de Promesa e Inmusa no reflejaban deudas con entidades de crédito, al igual que en el ejercicio anterior. Por su parte, Emvismesa registraba deudas con entidades de crédito por importe de 15.834.000 de euros, frente a los 17.690.000 del ejercicio 2016.

Más detalles

El informe del Tribunal de Cuentas recoge que las cuentas anuales de 2017 de Promesa fueron formuladas el 19 de marzo de 2018, cumpliendo el plazo previsto, pero se remitieron a este tribunal en enero de 2019, “fuera del plazo legal”. Asimismo, afea que no se enviaran con el certificado de aprobación ni con las actas de las reuniones. Aunque se enviaron más tarde.

También se subraya que como Promesa fue una de las tres entidades que creó la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispano-Marroquí, ésta debe pasar por dicha inspección.

“Es de destacar que esta fundación contaba en 2017 solo con dos voluntarios como personal y sus actividades consistieron, según consta en su memoria, en varias jornadas y conferencias así como en la elaboración de un inventario sobre los recursos turísticos de la ciudad, lo que supuso unos gastos de actividad de 17.000 euros. Todo ello evidencia una reducida actividad de esta fundación”, añade.

El tribunal remarca de Inmusa que la memoria que integra las cuentas no se considera que cumpla con las normas. Subraya que, como se indicó en otros informes del tribunal a la Ciudad, que tiene una deuda con la Seguridad Social de 180.000 euros por la aplicación fruto de la indebida bonificación en las cuotas durante el 2012 y no se recoge nada de esto en ese documento. El tribunal quiere saber cómo es la situación de esa deuda.

Además, se lamenta que no se indiquen en esa memoria de Inmusa sobre las dietas y retribuciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración que fueron de 65.000 euros ni se explica el balance y cuenta de pérdidas y ganancias con qué es cada saldo.

En relación a Emvismesa, recoge el tribunal que en un informe de gestión de esta sociedad se indica que “se ha intensificado la gestión de cobro con más de 1.200 requerimientos y recordatorios por falta de abono de recibos de las viviendas y locales”. Apuntó que el resultado de unas 300 visitas del gerente y el envío de más de 2.400 de mensajes a móviles se logró “cambiar la tendencia y el aumento de los cobros se manifiesta en un índice de cobro del 83,78%, frente al 76,44% del 2016, frente al 74,6% del 2015, en el 2014 fue del 75,22%, en el 2013 fue del 76,69% y en el 2012 el 82,9%”.