Miles de funcionarios de la mutua no tienen derecho a una segunda prueba de covid-19

Entre el 17%y 20% de la población melillense no tendría acceso a las pruebas PCR de coronavirus, según José Carlos Martínez, miembro del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT). Explicó a El Faro que a los funcionarios que pertenecen a la mutua y no a la Seguridad Social no se les realiza la segunda prueba de coronavirus para ver si han superado la enfermedad. Desde la mutua les indican que esto es responsabilidad de Salud Pública, dependiente de la Ciudad Autónoma. Sin embargo, desde la Ciudad les aseguran que debe ser el Ingesa, perteneciente al Ministerio de Sanidad, quien debe hacerlas. Por su lado, el Ingesa niega que esto sea así y rechaza hacer esa prueba para ver si los positivos detectados por la mutua han superado la enfermedad. Martínez apunta a que Salud Pública no tiene los medios suficientes para hacer las pruebas y elude su papel.

Por lo tanto, Martínez pide “que se aclaren y se hagan las pruebas. Asegura que están preocupados porque muchos podrían estar contagiando a su entorno laboral y familiar sin saberlo. No solo apunta a esta deficiencia, sino que además asegura que si un funcionario de la mutua que ha estado en contacto con un positivo no presenta síntomas, no se le hace la prueba, por lo que muchos asintomáticos “podrían estar contagiando sin saberlo”, asegura. Para mostrarlo, pone el ejemplo de una unidad familiar en el que el hijo de una pareja de funcionarios dio positivo en coronavirus. Al padre, afiliado a la Seguridad Social, le hacen las pruebas, sin embargo, a la madre, de la mutua, no le hicieron la prueba porque no presentaba síntomas. “Es más grave de lo que parece”, alerta Martínez, pues indica que son unas 17.000 personas las que pertenecen a la mutua en toda la ciudad. Así pues, muchos trabajadores que no presentan síntomas, vuelven a su puesto sin que se les haya hecho la prueba para comprobar que ya no tienen el coronavirus. Dado el nivel de preocupación entre el sector afectado, Martínez dijo que hay funcionarios que han optado por pagar ellos mismo esa segunda prueba, que puede costar unos 300 euros.