Categorías: Política

Miguel Marín pide al Gobierno un mayor esfuerzo en políticas sociales

El vicepresidente autonómico lamenta que la actitud de la Administración del Estado no sea la misma que la del Gobierno melillense en este terreno.

Las partidas económicas destinadas a políticas sociales continúan siendo una de las principales preocupaciones de la Ciudad Autónoma, según se desprende de las declaraciones de su vicepresidente primero, Miguel Marín, quien recordó que en la última década se ha incrementado en un 300 por ciento el presupuesto que el Gobierno autonómico dedica a esta área.

En una entrevista concedida a Onda Cero, el vicepresidente lamentó que la actitud de ambas administraciones no sea la misma en este terreno, pues si la local ha ido aumentando su inversión anualmente, no ha ocurrido lo mismo con la central, ya que sólo en 2010 la partida destinada a Melilla descendió en 2,5 millones de euros

Ahondando en dicha cuestión, Marín recalcó que con la situación que se vive en la ciudad, con el paro rozando las 11.000 personas y el nivel de pobreza más alto de España, “lo mínimo que debería hacer el Estado es no rebajar más las partidas contempladas para Melilla”

Y es que la crisis ha hecho mella entre la ciudadanía, hasta el punto que muchos de los servicios  que presta la Ciudad Autónoma han visto disparada su demanda, como ha ocurrido con los comedores sociales. Por ello, el vicepresidente recalcó que el Ejecutivo de Juan José Imbroda seguirá haciendo los esfuerzos presupuestarios necesarios para hacer frente a la situación.

“Hace diez años dedicamos siete millones de euros al área de Bienestar Social. Para los Presupuestos locales del 2011, serán 23 millones”, precisó Marín para demostrar como el Gobierno melillense ha aumentado progresivamente sus políticas sociales.

Gestión del SPEE

Por otro lado, también se pronunció sobre la situación del paro en la ciudad y la política ejecutada por la Delegación del Gobierno para paliar el problema. Como en ocasiones anteriores, reprochó la “falta de compromiso” de la Administración del Estado para con la ciudad, y aseguró que solo habrá un cambio sustancial en este terreno si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales.

De igual modo, también apuntó que la Ciudad Autónoma podría asumir las competencias de Empleo, y recordó que en su día existió un acuerdo de cogestión entre ambas administraciones, el cual, según afirmó, fue incumplido por parte de la central, ya que el Ejecutivo melillense pretendía un cambio en la Dirección Provincial que no llegó a concretarse.

A preguntas de los periodistas presentes en Onda Cero, el vicepresidente autonómico se mostró escéptico ante un posible apoyo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a algunas de las pretensiones de la Ciudad Autónoma para impulsar la creación de puestos de trabajo, ya que recordó el rechazo de los socialistas a las enmiendas presentadas la semana pasada a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por parte de los populares. 

“Llevamos dos propuestas pensadas para crear empleo a corto, medio y largo plazo”, detalló. “Una de ellas era una inversión en políticas de empleo activas para atajar los efectos de la crisis lo antes posible. La segunda era más ambiciosa; la ampliación del Puerto, que vendría a crear más de 5.000 puestos de trabajo en la ciudad y se convertiría en su motor económico y social”.

Dos enmiendas “sensatas y necesarias” en las que seguirá insistiendo el Ejecutivo melillense pese a su rechazo en el Senado. “Continuaremos luchando en Madrid para que iniciativas de este tipo salgan adelante”, prometió Marín.

No obstante, y en vista de sus declaraciones, la Ciudad Autónoma parece más centrada en los posibles beneficios que conllevaría la victoria electoral del PP en los comicios del 2012, ya que Mariano Rajoy se comprometió durante su última visita a aplicar un plan de acción en Melilla si llega a ser presidente del Gobierno, y que estaría basado en impulsar la Educación a nivel local, ejecutar la ampliación del Puerto y potenciar que la ciudad contase con un status jurídico similar al de región ultraperiférica en la Unión Europea.

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