Opinión

Memoria, justicia y concordia

El pasado siglo XX estuvo, desgraciadamente, marcado por las guerras y los conflictos mundiales y, aunque todas las guerras son cruentas y brutales, sin duda el Holocausto marcó un hito en los anales de la inhumanidad y crueldad a la que puede alcanzar el hombre.

Nada ni nadie puede resarcir a las victimas, pero una sociedad democrática y avanzada tiene la obligación moral de impulsar políticas que mantengan viva la memoria de estas víctimas y, sobre todo, que eviten que se repitan los episodios más trágicos de la historia.

Cualquier sociedad democrática debe, por convicciones éticas, contribuir a la educación, al recuerdo y, en definitiva, a la pedagogía para que nunca jamás se cometan atrocidades como las que el mundo vivió durante el siglo XX.

Nuestro país, desgraciadamente, durante el pasado siglo tampoco fue ajeno a la guerra. Tras el golpe de estado contra el gobierno democrático, llegaron tres años de guerra civil, que dieron paso a cuatro décadas de dictadura franquista.

La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado. Afortunadamente la consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy, desde la serenidad y la equidad, afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado.

Conocer la trayectoria de nuestra democracia, sus vicisitudes, los sacrificios de los hombres y las mujeres de España en la lucha por las libertades y la democracia es un deber ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en las virtudes cívicas y los valores constitucionales.

Nuestra sociedad tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad.

Hace unos días, renombrábamos una calle del Barrio de la Libertad con el nombre de Diego Jaén Botella, más conocido como el Padre Jaén. Un hombre detenido, torturado y asesinado por el régimen franquista, cuyos únicos delitos fueron ayudar al prójimo y defender la libertad.

La dictadura no solo arrebató a la viuda del Padre Jaén a su marido o un padre al hijo que esperaban. La dictadura quitó a la familia Jaén el recuerdo de un ser querido durante décadas, porque la represión y la falta de libertad fue el detonante durante el franquismo y supuso la invisibilización de las víctimas.

La memoria y el reconocimiento de las víctimas, lejos de abrir heridas, lo que hace es cerrarlas. La familia Jaén ha podido, con la nueva calle de nuestra ciudad, hacer justicia y llevar a cabo un desagravio después de que fuese injustamente detenido y se le quitase la vida.

Mi querido amigo Diego Muñoz Jaén, nieto del Padre Jaén, al igual que el resto de la familia, no pudo reprimir las lágrimas cuando vio la placa que va a recordar para la posteridad a Jaén Botella. Esta vez eran lágrimas de alegría que servían para compensar tantas y tantas lágrimas de las otras.

Aún hay muchas familias como ésta. No buscan revanchismos, ni desquites, ni ofender a nadie, solo quieren reparación por la injusticia sufrida y que se restituya la memoria para que las víctimas y sus familias puedan descansar en paz.

La conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico más importante de la sociedad española. La transición asumió el legado democrático y de dignidad que varias generaciones de españoles y españolas habían forjado en torno a la defensa de la democracia y la recuperación de las libertades individuales y colectivas en nuestro país.

Desde entonces, en estos más de 40 años, múltiples iniciativas políticas, legales, sociales y culturales han fomentado la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales.

Con la llegada de la democracia, España se sumó a todos los tratados internacionales de Derechos Humanos reconociendo a sus diferentes órganos, y con el tiempo, nos hemos convertido en un país de referencia internacional por el nivel de desarrollo, reconocimiento y garantía de sus libertades públicas y lo avanzado y comprometido de su sistema de derechos civiles.

Y es que la senda constitucional nos ha llevado a los niveles más altos de desarrollo, progreso y libertad de toda nuestra historia y hoy España es un país ejemplar, con unos estándares de calidad democrática reconocidos y admirados en toda la esfera internacional.

Hemos conseguido, sin duda, el asentamiento de los principios y valores democráticos que consagran la Constitución de 1978 y que han hecho nuestro país y nuestra sociedad más fuerte y constituyen la más clara apuesta de convivencia en el futuro.

La memoria de las víctimas es signo de la calidad de la democracia. Recordar lo que pasó nos sirve para vacunarnos contra el fanatismo, para fomentar formas de ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales, para reconocer las derivas totalitarias o antidemocráticas y evitar que vuelvan a producirse.

Honrar a las víctimas nos permite avanzar y construir un futuro más justo y libre. Y, en este contexto, hay que dejar claro que la memoria va a de la mano de la justicia y la concordia, porque el olvido nunca es una opción para una democracia.

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