Memoria Histórica

Los Verdes exigieron ayer a la Fiscalía que investigue por qué en Melilla no se cumple la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, que obliga a las administraciones públicas a retirar monumentos y cambiar nombres de calles que exaltan el franquismo.

La normativa, que salió adelante durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero hace ya nueve años, afirma en su artículo 15 que los ayuntamientos y autonomías deben tomar las medidas oportunas para retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Esto se hará, aclara, siempre que no concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.
En teoría, el Gobierno central iba a colaborar con las comunidades autónomas para elaborar un catálogo de lo que Los Verdes de Melilla llaman “parque temático del franquismo”.
Asimismo, la Ley de Memoria Histórica contempla la retirada de subvenciones o ayudas a los propietarios de inmuebles con escudos, placas o cualquier símbolo franquista que no estén dispuestos a retirarlos.
Casi diez años después en Melilla seguimos teniendo una escultura de Franco dándonos la bienvenida a la entrada del puerto o un monumento al inicio de la avenida que reproduce el lema franquista: ¡Una, grande y libre!
Casualmente, por WhatsApp circula estos días un ‘meme’ viral en el que alguien se jacta de llevarse a su casa la placa de una calle con nombre franquista antes de que los ‘rojos’ lleguen al Gobierno y la retiren.
Pues no sería mala idea. Todo el que quiera coleccionar recuerdos del franquismo debería poder hacerlo. De esta forma nos aseguramos de que pueden adorar y exaltar la dictadura en la intimidad.
Casi una década después de ser aprobada la Ley de Memoria Histórica seguimos enfrentados: unos exigiendo su aplicación y el resto mirando para otro lado.
Es cierto que la Ley se aprobó en un momento en el que la prioridad de este país era encauzar una economía que empezaba a dar señales de cansancio, pero ahí está la normativa y Rajoy no la ha derogado: el que calla, otorga.
Nunca es buen momento para hablar de Memoria Histórica. Ahora tenemos por delante el reto del desafío catalanista y el de formar un Gobierno estable en España. Pero en algún momento habrá que cumplir la ley. Qué menos.