Melilla atraviesa una situación crítica en materia de infraestructuras hídricas, con vertidos continuos de aguas fecales en el Río de Oro y un sistema de saneamiento incapaz de soportar episodios de lluvias intensas. La situación, que ha generado alarma entre vecinos, grupos ecologistas y partidos políticos, ha puesto en evidencia la necesidad urgente de una inversión significativa por parte del Estado para renovar una red obsoleta y saturada.
El consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, ha alzado la voz en repetidas ocasiones para denunciar lo que considera una falta de implicación del Gobierno de España en la mejora de las infraestructuras hídricas de la ciudad. En declaraciones recientes, Ventura responsabilizó al Ejecutivo central del estado actual de la estación de bombeo y del sistema general de saneamiento, subrayando que la Ciudad Autónoma no puede asumir en solitario el coste de una renovación total del sistema.
“Melilla lleva años arrastrando una infraestructura insuficiente, y cada vez que llueve en cantidad, se producen vertidos al Río de Oro. El problema está diagnosticado, pero necesitamos medios y financiación para solucionarlo”, afirmó el consejero. Ventura apuntó además que muchos de estos problemas tienen su origen en una planificación nacional deficiente, y criticó que las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica han sido escasas y tardías.
La situación se ha agravado en los últimos meses con nuevos vertidos que han afectado visiblemente al ecosistema del río. En la desembocadura del Río de Oro se han documentado episodios de mortandad masiva de cangrejos y acumulación de lodos contaminantes, según ha denunciado Guelaya Ecologistas en Acción. El colectivo sostiene que la administración local lleva años ignorando los problemas estructurales del saneamiento y acusa a la Ciudad Autónoma de mirar hacia otro lado.
“Es inadmisible que en pleno 2026 sigamos teniendo vertidos directos de aguas fecales al medio natural cada vez que llueve. No se han acometido las obras necesarias y el resultado es este desastre ambiental”, declaró el portavoz de Guelaya, que ya ha anunciado que, si no se pone freno a la situación, acudirá a instancias superiores para denunciar la inacción.
La asociación ha interpuesto además una denuncia contra la Ciudad Autónoma por lo que considera un “abandono” de las infraestructuras hídricas. Guelaya denuncia que el problema no es coyuntural, sino sistémico, y que las estaciones de bombeo, colectores y emisarios no cumplen con los estándares mínimos de funcionamiento en muchos puntos de la ciudad.
Por su parte, Vox también ha exigido una respuesta inmediata y eficaz ante lo que considera una amenaza sanitaria y medioambiental para la ciudad. El partido reclama inversiones y actuaciones urgentes tanto al Gobierno local como al central, y ha criticado la gestión del Ejecutivo autonómico, al que acusa de falta de previsión y de no haber priorizado las mejoras en la red hídrica durante años.
“Nos encontramos ante una situación que no admite más excusas. Es responsabilidad del Gobierno de la Nación dotar a Melilla de las infraestructuras que necesita para vivir con dignidad y seguridad”, declaró su portavoz local.
Desde la Ciudad Autónoma, Ventura ha respondido a estas críticas con dureza. En una intervención pública, tildó las acusaciones de “carroñeras” y aseguró que detrás de muchas de ellas hay intereses políticos y no una preocupación real por el medio ambiente. “Estamos trabajando con los medios que tenemos. La realidad es que sin una inversión estatal decidida, cualquier intento local será insuficiente”, dijo.
El consejero ha insistido en que Melilla necesita más emisarios submarinos para evitar los vertidos en momentos de lluvias intensas y un sistema de recogida y tratamiento más robusto, además de una modernización completa de las estaciones de bombeo. También se refirió al llamado “regalo envenenado” de la desaladora, que ha traído más problemas de los que ha resuelto debido a su elevado coste de mantenimiento y a la falta de planificación en su integración con el resto del sistema hídrico local.
La realidad es que la infraestructura actual fue diseñada para una ciudad más pequeña y con menos presión urbanística. Con el crecimiento poblacional y el aumento de las precipitaciones en determinados periodos del año, los vertidos se han convertido en una constante, afectando no solo al entorno natural sino también a la imagen de la ciudad.
El problema ha adquirido tal dimensión que los propios vecinos han denunciado en redes sociales y medios de comunicación los malos olores y la presencia visible de residuos en la ribera del río. Además, la falta de soluciones estructurales ha llevado a que la población pierda confianza en la capacidad de las administraciones para resolver la situación.
Mientras tanto, las reclamaciones de Guelaya se acumulan y el malestar social crece. El colectivo ecologista ha señalado que continuará su presión sobre las autoridades competentes y exigirá responsabilidades si no se inicia un plan de renovación integral del sistema hídrico en los próximos meses.
Desde el Gobierno central no ha habido una respuesta clara a las acusaciones vertidas por el Ejecutivo melillense. El silencio institucional ante las denuncias públicas de Ventura y las reclamaciones de los grupos ecologistas y de la oposición ha sido interpretado por muchos como una muestra más del olvido estructural que sufre Melilla en materia de inversiones públicas.
En este contexto, el debate sobre las infraestructuras hídricas se ha convertido ya en un asunto de primer orden para la ciudad, y todos los actores coinciden en que, si no se actúa con urgencia, la situación podría derivar en consecuencias más graves tanto para la salud pública como para el medio ambiente.
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