Melilla sigue sin superar la barrera psicológica de los 10.000 funcionarios

Melilla sigue sin superar la barrera psicológica de los 10.000 funcionarios, un dato que se nos resiste desde el año 2012, cuando en la ciudad se alcanzó la cifra récord de 9.959 trabajadores en el sector público.

Diez años más tarde (2022) la ciudad llegó a contar con 9.671 funcionarios, una cifra que refleja una mejora respecto al ejercicio anterior, pero que sigue por debajo de los 9.792 de Ceuta, según el Registro Central de Personal incluido en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas correspondiente al año pasado.

Tampoco consigue Melilla superar la brecha entre la contratación femenina y la masculina en el sector público. En la Administración del Estado había el año pasado 5.510 funcionarios y 2.876 funcionarias. O sea casi el doble de hombres que de mujeres.

Esa diferencia se mantiene, aunque acortando las distancias, en la Administración local con 797 trabajadores del sector público, frente a 488 funcionarias.

Si bien es cierto que el dato de funcionarios de la ciudad están mejorando, también es cierto que lo hacen a un ritmo bastante más lento que el que lleva Ceuta. Basta con revisar los datos oficiales de 2021. En Melilla cerramos ese año con 9.577 trabajadores en el sector público y en los siguientes 12 meses sumamos 94 nuevos funcionarios.

Ceuta por su parte, cerró 2021 con 9.656 funcionarios y un año más tarde tenía 9.792, lo que significa que en 12 meses sumó 136 nuevos puestos. Van por delante y a mayor ritmo.

¿Por qué no crece el número de funcionarios en Melilla?

Paco López, secretario general de Comisiones Obreras en Melilla, cree que el parón en el incremento del número de funcionarios en Melilla se entiende, en una primera etapa, a partir de la eliminación de la mili en la ciudad y en tras la crisis de 2008, cuando en 2012 Rajoy implantó la tasa de reposición cero y la congelación de las oposiciones hasta 2014.

La primera de estas causas se remonta a finales de los 90 y principios de los años 2000, cuando se elimina la 'mili' en Melilla y se van perdiendo los puestos de los jefes vinculados al Servicio Militar. Eso trajo como consecuencia, por ejemplo, el cierre del Hospital Militar.

A partir de ahí, añade López, también se notó la reducción del número de funcionarios públicos en el proceso de transferencia de competencias del Estado a Melilla y cita como ejemplo la fusión del antiguo MOP (Dirección de Arquitectura de la Dirección General de Obras Públicas) con la Consejería de Obras Públicas. No hubo despidos, pero no hubo reposición de las jubilaciones "y a la larga se perdieron esos puestos de trabajo", añadió el secretario general de CCOO.

La puntilla, concluye, la dio el Gobierno de Rajoy, ya que durante su mandato se congelaron las oposiciones y la tasa de reposición de jubilaciones y esas carencias las seguimos arrastrando hasta hoy porque aunque se convocan oposiciones, normalmente pasa un año hasta que se celebran los exámenes y se incorporan nuevos funcionarios a la Administración.

Sin embargo, desde la Plataforma de Interinos de la Ciudad Autónoma, achacan el estancamiento en el número de funcionarios al alto índice de temporalidad en las Administraciones Públicas.

"No es lógico ni coherente que haya en la CAM 200 empleados públicos que lleven efectuando su trabajo en puestos estructurales durante décadas", señalan en declaraciones a El Faro.

En este sentido, explican que en España un 25% de los empleados públicos son interinos de larga duración.

De ahí la llamada de atención de Europa a que se rebaje el índice de temporalidad en las Administraciones Públicas por debajo del 8%.

"Esto produce en los empleados públicos afectados por una inestabilidad que genera inquietud y frustración", concluyen desde la Plataforma.

¿Qué dicen los funcionarios?

María (nombre ficticio) es funcionaria del sector público en Melilla y en declaraciones a El Faro ha explicado que  es lo más seguro porque no la pueden despedir.

"Mientras una empresa privada puede quebrar, la pública me da un seguro de vida", asegura.

Ella tardó varios años en sacarse la oposición. "Me presenté a varias, entre ellas, Justicia, Delegación, Promesa, Correos y la CAM, que fue donde conseguí mi plaza. Estuve de interina un año en Justicia, otro año en la Seguridad Social y en Correos, haciendo dos o tres años de sustituciones.

Hoy se siente satisfecha. "Me encanta mi trabajo. Se trabaja mucho y mantengo la cabeza ágil", dice.

Rosa (nombre ficticio) también explicó a El Faro qué le motivó a sacarse su plaza. "En mi caso soy personal laboral fijo. Yo quería un trabajo fijo. Es lo mejor que he hecho. Tardé un año en aprobar la oposición. Estoy muy satisfecha", dijo.

Otra funcionaria de Melilla, como las anteriores, admite que se sacó la plaza para garantizarse estabilidad ya que es un trabajo fijo, pero está convencida de que hay trabajos mejor que el suyo.

En esta línea se pronuncia un compañero suyo que admite que el trabajo que ha venido haciendo en los últimos cinco años es "muy aburrido y monótono", pero le asegura una calidad de vida a la que no puede aspirar trabajando para empresas privadas.

Lo mismo opina otra funcionaria entrevistada que antes de trabajar para la Administración estuvo vinculada a una empresa privada y no nota diferencia entre uno y otro. Eso sí, admite que su trabajo actual le aburre "mucho".

Una maestra consultada por El Faro dice lo mismo: su trabajo es monótono, pero reconfortante porque le proporciona una calidad de vida que no tenía antes de sacarse la oposición.

Más de 30 años de estudio del sector público

El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas tiene como objetivo “presentar la información que facilite el conocimiento de los efectivos al servicio de las distintas Administraciones Públicas”.

Comenzó a publicarse en 1990 y tiene carácter semestral. Desde la edición de julio 2019, el Boletín presenta una estructura de datos adaptada a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; esto implica la desagregación de la información distinguiendo los departamentos ministeriales de sus organismos autónomos, la inclusión de las universidades públicas dentro de la Administración de las Comunidades Autónomas o la inclusión de nuevos organismos en el sector institucional del Estado.

Previsiones de crecimiento

En 2022, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el sector público creó 50.700 empleos y finalizó el año en un nuevo máximo de 3,5 millones de ocupados, en tanto que el empleo privado acabó 2022 con 16,9 millones de trabajadores.

La EPA muestra 408.000 empleados públicos más que a cierre de junio de 2018, fecha que coincide con el desembarco de Sánchez en La Moncloa.

A lo largo 2023 se prevé que el empleo público seguirá creciendo y que se seguirán convocando nuevas oposiciones, en buena parte para cubrir plazas vacantes por jubilación y, también, para convertir en

fijos a los interinos.

Durante el presente ejercicio, marcado por las elecciones de primavera y fin de año, se convocarán hasta 27.509 plazas en la Administración General del Estado, una estela que seguirán las administraciones económicas y locales. Hasta 11.417 plazas serán de ingreso libre y otras 16.000 de promoción interna.