Por undécimo año consecutivo Melilla se suma a la Campaña Mundial por la Educación. Bajo el lema ‘La Educación nos protege, protejamos su financiación” se pretende recordar a los gobiernos que están comprometidos a financiar el derecho a la educación. El acto central de esta iniciativa tendrá lugar el próximo domingo 17 de abril, a las 11:00 horas y se desarrollará en la Plaza Multifuncional de San Lorenzo.
Las actividades previstas para esta jornada reivindicativa son la lectura de un manifiesto en castellano, tamazight y lengua de signos, talleres por grupo de edad y juegos cooperativos, de integración y de participación.
Problemas de acceso
La educación es un “derecho básico” por ello es necesario que las instituciones se comprometan para facilitar el acceso a la enseñanza. José Cabo de Gualaya Ecologistas en Acción lamentó que en Melilla algunos niños no hayan podido asistir a clase debido a la situación irregular de sus padres. “Hay alumnos que consiguieron una plaza en un colegio, pero debido a la situación irregular de sus progenitores han sido desencolerizados”, manifestó. “Eso no es una enseñanza inclusiva” añadió.
“Los Estados deben destinar entre el 4% y el 6% del PIB a educación y España en concreto debe cumplir su compromiso de destinar al menos el 8% de la Ayuda al Desarrollo a educación básica”, señaló Elena Leiva de la Asociación de Padres de Niños Especiales (Aspanies). María del Águila, de Accem, denunció que en el mundo hay “124 millones” de niños y jóvenes sin escolarizar. Por ello, las distintas entidades convocantes insisten sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación de calidad. “Es un elemento de protección que contribuye a reducir la pobreza y promueve el desarrollo sostenible, la paz y la igualdad de género”, explicó del Águila. Además indicó que para que todas las personas puedan ir al colegio es necesario actuar en cuatro puntos: “Tener una escuela a la que poder ir y donde poder aprender; con el suficiente número de docentes formados, motivados y remunerados; tener materiales o mobiliario escolar adecuado, y establecer políticas educativas con financiación para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación”.