Melilla se prepara para la huelga general de mañana miércoles

CCOO llama a la ciudadanía a concentrarse a las 18:00 horas en el Monolito de la Constitución, mientras los sindicatos mantienen posiciones divididas ante los paros

Melilla vivirá mañana miércoles, 11 de noviembre, la primera huelga general en los últimos 14 años. Convocada por los sindicatos mayoritarios y promovida por las organizaciones del movimiento por el derecho a la vivienda, estos paros cuentan con el apoyo del Gobierno central.

Las organizaciones convocantes reclaman reclaman medidas para "frenar el encarecimiento de los alquileres, ampliar el parque público y facilitar el acceso a una vivienda digna". Los convocantes denuncian que el coste de la vivienda absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos familiares y reclaman que tener un empleo no sea incompatible con poder pagar un techo.

En Melilla, Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado una concentración a las 18:00 horas en el Monolito de la Constitución, frente a la Delegación del Gobierno. El sindicato llama a sus afiliados y al conjunto de la ciudadanía a participar en la protesta, en la que también reivindicará subidas salariales y medidas frente al aumento de los precios.

Sindicatos

Desde CSIF Melilla han anunciado que no secundarán la huelga general al considerar que, a pocas semanas de las elecciones del 29 de noviembre, la movilización adquiere connotaciones políticas incompatibles con su independencia sindical. La organización asegura que mantendrá su propia agenda reivindicativa, centrada en el cumplimiento de los acuerdos salariales, la recuperación de derechos y la actualización de dietas e indemnizaciones.

Aunque se desmarca del paro, CSIF comparte la preocupación por las dificultades de acceso a la vivienda y reclama un Pacto de Estado. En Melilla, advierte de que el coste de residir en la ciudad dificulta la llegada y permanencia de profesionales de los servicios públicos, por lo que exige actualizar y reforzar la indemnización por residencia.

La Unión Sindical Obrera (USO), por su parte, también se ha desmarcado de la huelga general al considerar que, con el Gobierno en funciones y las Cortes disueltas, la protesta carece de un destinatario claro y podría interpretarse como un acto de campaña electoral. Aunque comparte la preocupación por las dificultades de acceso a la vivienda, rechaza participar en una movilización que considera que mezcla distintas reivindicaciones y puede comprometer su independencia sindical.

La organización defiende que la crisis de vivienda debe abordarse junto a la mejora de los salarios y la estabilidad laboral. Entre sus propuestas figuran una jornada de 35 horas semanales, subidas salariales vinculadas al IPC, una reforma del despido y una política estatal de vivienda.

Desde el ámbito educativo local, Sate-Stes anunció que se suma a la huelga y anima al profesorado melillense a secundar los paros. Esta organización, sindicato mayoritario en la educación en nuestra ciudad, denuncia el deterioro de las condiciones laborales, la pérdida de poder adquisitivo, las elevadas ratios, la sobrecarga burocrática y la falta de profesionales para atender la diversidad.

Entre sus principales reivindicaciones figuran destinar al menos el 5 % del PIB a educación, recuperar el poder adquisitivo y las pagas extraordinarias íntegras, reducir las ratios, aumentar las plantillas, mejorar la estabilidad laboral y garantizar una jubilación digna a los 60 años.

En el caso del sindicato Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), ha anunciado que no convoca ni secunda esta huelga, alegando que su acción sindical se circunscribe estrictamente al ámbito profesional y educativo.

"Como organización sectorial e independiente, intervenimos y movilizamos cuando están en juego las condiciones laborales del profesorado, la mejora de la enseñanza pública y los derechos profesionales de nuestros compañeros y compañeras".

Si bien ANPE reconoce que la vivienda es un problema social de gran relevancia, alega que este queda fuera del ámbito específico de su actuación.

"Por coherencia con nuestra naturaleza y con la responsabilidad que asumimos ante el profesorado, no participamos ni convocamos movilizaciones ajenas a nuestro ámbito profesional".

Servicios mínimos

El Gobierno de la Ciudad ha aprobado los servicios mínimos que se aplicarán mañana miércoles durante la huelga general. El dispositivo, vigente durante las 24 horas, afecta a 15 áreas de la Administración local y garantiza la cobertura de servicios esenciales como el 112, los bomberos, Protección Civil, centros educativos, Servicios Sociales y mercados.

Entre las principales dotaciones figuran cuatro operadores en el 112, un mando y diez bomberos en el Speis, y personal de atención en colegios, escuelas infantiles y centros sociales. El acuerdo también incluye a los empleados de Hacienda, las OIAC, Informática y Obras Públicas.

Los responsables de cada área deberán comunicar las designaciones y controlar la asistencia para registrar quién secunda el paro y aplicar, en su caso, el descuento salarial correspondiente.

Transporte aéreo

La huelga general para el miércoles 11 de noviembre ya conoce los servicios mínimos decretados por el Gobierno para el transporte ferroviario y aéreo, en tanto que los sindicatos y organizaciones convocantes preparan la huelga con diversos actos y las declaraciones políticas, a favor y en contra del paro, se cruzan entre sí.

En lo referente al transporte aéreo, el Ministerio de Transportes ha situado los servicios mínimos de los vuelos en una horquilla que va del 52 al 85 % en el caso de las conexiones entre la península con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Atendiendo a los factores de ocupación previstos se podrían ver afectados más de 663.000 pasajeros.

En el caso de los vuelos nacionales con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y también las rutas peninsulares con obligación de servicio público, se protege al 90 % del pasaje y ello supone unos servicios mínimos de entre el 52 % y el 85 %.

En el caso de los vuelos entre España y el extranjero, y las rutas peninsulares cuya alternativa en transporte público supera las 5 horas, es decir, unos 500 kilómetros, se busca reubicar al 65 % de los pasajeros, con unos servicios mínimos que oscilan entre el 39 % y el 64 %.

Por último, en los vuelos entre ciudades peninsulares con alternativa de tren o autobús por debajo de 5 horas se busca reubicar al 40 % de los pasajeros y ello exige unos servicios mínimos de entre el 18 % y el 37 %, aunque en la mayoría de los aeropuertos se han situado en el 32 %.

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