A lo largo del 2019 se registró al menos una denuncia diaria de violencia machista. Así lo ha comunicado la jefa de la Unidad de Coordinación Contra la Violencia de Género de Melilla, Laura Segura, durante una rueda de prensa este martes, que aseveró que durante el pasado año pudieron registrarse unas 350 denuncias de este tipo. Son datos estimativos, ya que aún faltan algunos datos referentes al último trimestre, concretamente los del Consejo General del Poder Judicial.
La falta de estas cifras harían variar los datos definitivos, por ello, Segura dijo que pronto se ofrecerá un balance completo del ejercicio de 2019 en materia de violencia de género. Sí pudo adelantar que desde la Unidad de Coordinación Contra la Violencia de Género se ha notado un repunte en el segundo trimestre, el cual corresponde a verano, y “como suele pasar”, durante los fines de semana.
Destacó otros datos como el hecho de que la mayoría de los casos de denuncia se dieron cuando ya se había dado una agresión física y que cerca del 75 por ciento de los agresores eran de nacionalidad española. En el caso de las víctimas, la mayoría, el 65 por ciento, también eran españolas.
Aunque por el momento no estén todos los datos del balance de 2019 en la ciudad, Segura comentó que en España se ha cerrado con la cifra más alta de asesinatos por violencia machista desde el año 2015, con un total de 55 mujeres asesinadas y 3 menores asesinados. Además, las víctimas mortales dejaron tras de sí a un total de 46 huérfanos durante el pasado año.
“A día de hoy 1.036 mujeres han sido asesinadas, con el dato de la última víctima de esta violencia por sus parejas desde que se tienen cifras oficiales, 35 menores desde que se empezaron a contabilizar a los niños y a las niñas como víctimas de violencia de género, y un total de 279 niños han quedado huérfanos desde el 2013”, señaló la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género.
Segura describió el panorama como desolador porque tan solo el 20% de las víctimas asesinadas había denunciado. “Lo que nos pone de manifiesto que, con una media de denuncias anuales por violencia de género de 166.000, y teniendo en cuenta que solamente estamos contemplando las violencias que se están dando en el ámbito de la pareja, el mapa que esconde la violencia es mucho más amplio y tremendo de lo que analizamos”.
Aseveró que se trata de unas cifras inasumibles para un estado democrático; por ello, subrayó, se hace fundamental continuar trabajando por la prevención, la actuación y el seguimiento de la violencia machista.
Mesas de seguimiento
Para continuar en esta línea, Segura habló de una serie de actuaciones que se están llevando a cabo, como las sesiones de formación para el profesorado en prácticas de la ciudad, o la creación de tres mesas de seguimiento de las actuaciones en prevención, protección ya actuación en materia de violencia de género.
Estas mesas, que son una especie de comisión que se celebrará de forma trimestral, actuarán como órgano de análisis y de debate “donde se elevarán las propuestas que permitan mejorar todos los mecanismos que permitan mejorar todos los mecanismos de la lucha contra la violencia de género”.
La primera de las mesas que convocará será la de Protección, que tendrá lugar el próximo jueves 24 de enero. Segura destacó que, aunque se han ido manteniendo actuaciones puntuales con cada una de las instituciones de forma individual, a partir de este momento, se comenzará a trabajar de forma conjunta y a actuar en materia de violencia machista “de forma más institucional”.
La función de esta primera primera mesa es supervisar el correcto funcionamiento de los recursos y procedimientos de actuación en la protección de mujeres, así como hacer propuestas de mejora en la renovación de los protocolos y la mejora de los canales de comunicación y de derivación. “De hecho, estamos ahora mismo en la modificación del protocolo que existe para la colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local, que a su vez interviene con la Guardia Civil”, señaló como ejemplo. Además, en esta mesa participarán todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ciudad Autónoma, la Fiscalía, Justicia, Ingesa, en colaboración con la Delegación del Gobierno.
Las otras dos mesas estarán dedicadas, por un lado a la Prevención, Investigación y Formación, cuya función estará enfocada principalmente a actividades de sensibilización; y por otro, a la Atención e Intervención, cuya finalidad será unificar la información sobre las mujeres víctimas de violencia machista, la supervisión de protocolos, la mejora de los recursos existentes así como la realización de un seguimiento de las situaciones individuales.
Por otro lado, siguiendo las últimas instrucciones conjuntas que se dieron el día 4 de noviembre, en las cuales se establece el funcionamiento de las unidades de coordinación y se va a avanar sobre todo en el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de las medidas que establece el Convenio de Estambul.
En el ámbito educativo, la jefa de la Unidad aseveró que la institución continuará colaborando con la Dirección Provincial de Melilla, y que este lunes comenzó una jornada de formación en el IES Juan Antonio Fernández, para el profesorado en prácticas sobre la importancia de coeducar en igualdad para prevenir la violencia de género.
A raíz de la línea de trabajo de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género junto a la Dirección Provincial, se trajo a colación la medida del ‘Pin parental’ que se ha establecido en Murcia y que desde algunas instituciones y movimientos políticos se está tratando de promover para que se traiga también a su territorio.
“Está claro que se trata de un veto a la educación pública y libre, y evidentemente además, se opone a la libertad de formación del propio profesorado”, aseveró la jefa de este órgano de Delegación, Laura Segura, que señalaba que de esta forma también se restaba valor a labor de los docentes.
Comentó que en las sesiones formativas para profesores en prácticas que arrancaron esta semana, se habló de que los docentes reciben “una educación en libertad, en igualdad, en diversidad en las carreras de Educación y de Magisterio, y que son materias que forman parte de los currículum vigentes dentro del proyecto educativo del centro". “Es impensable que desde las casas se pueda pensar establecer un veto a lo que se da en los centros públicos, para eso están los centros privados”, afirmó Segura.
“Estos intentos de vetar la educación demuestran a su vez un desconocimiento total de la legislación nacional e internacional, de la Constitución Española, de las leyes educativas, y en definitiva del sentir de este país”, manifestó. Por ello pidió que se deje a los profesionales de la Educación desarrollar su trabajo: educar.
De esta manera, la responsable del área contra la Violencia de Género recordó que la Ley Integral 1/ 2004 y el Pacto de Estado hacen referencia expresa a la importancia de la formación del profesorado en igualdad, y, para ello, “es fundamental dotar de herramientas para actuar y corregir las desigualdades y desequilibrios que están presentes en nuestra sociedad desde edades muy tempranas y equilibrar las mochilas de género del alumnado”.
Además, insistió en que con el ‘pin parental’ lo que se trata de hacer es “un intento de probar al alumnado de un derecho fundamental como es la educación en su concepto más amplio”. Por ello, las instituciones, según Segura, tienen responsabilidad hacer ver que la Educación va más allá de la transmisión de conocimientos: “La educación forma a la ciudadanía necesitamos una ciudadanía libre y con pensamiento crítico”.
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