Melilla recibirá 48 millones de euros de la garantía del IPSI

El Estado transferirá el dinero en julio, dos meses antes de lo que venía siendo habitual. Melilla recibirá el próximo mes 48 millones de euros procedentes de las arcas del Estado correspondientes a la garantía del IPSI. Según apuntó en la jornada de ayer el portavoz del Gobierno local, Daniel Conesa, el dinero ya se encuentran en el Tesoro a la espera de que este organismo pueda realizar la transferencia
El también consejero de Economía y Hacienda, recordó que en años anteriores el pago se retrasó varios meses, con el consiguiente perjuicio para las arcas de la Ciudad Autónoma. “Hubo ocasiones en las que la transferencia no se produjo hasta septiembre o incluso noviembre, provocando un estrangulamiento de Tesorería a la Administración local”, aseveró Conesa.
El portavoz gubernamental subrayó que cuando se han producido estas demoras Melilla se vio obligada a recurrir a operaciones de tesorería a muy corto plazo con entidades bancarias para hacer frente a los pagos a proveedores, una circunstancia que en estos momentos no se da porque el ritmo de los cobros y pagos “es bastante bueno, salvo pequeños problemas puntuales”.
El portavoz destacó que en la actualidad no hay facturas pendientes de pagar a expensas de la aprobación de los Presupuestos Generales de la Ciudad (PGCAM) del presente ejercicio, que vio luz verde el pasado viernes y se comenzó a aplicar en la jornada de ayer, tras su publicación el sábado en el Boletín Oficial de Melilla (BOME).
En este sentido, Conesa aseveró que las cuentas de Melilla están lo suficientemente saneadas como para no tener necesidad de solicitar parte de la nueva línea de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) anunciada el pasado mes de febrero por el Gobierno de Mariano Rajoy y que ascendía a 25.000 millones de euros, los cuales se destinaron a las diferentes administraciones públicas del territorio nacional para saldar deudas con los proveedores a corto plazo.
En palabras de Conesa, la situación es “positiva” y no hay necesidad de mejorar la situación financiera de aquellos entes privados acreedores de organismos públicos.