Melilla pide reactivar el acuerdo con Marruecos para repatriar menores

La Ciudad Autónoma de Melilla se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para que se reactive el acuerdo con Marruecos para la repatriación de menores extranjeros no acompañados (menas). De igual modo, también se ha pedido modificar la legislación vigente en lo que respecta a este colectivo para hacerla más autoritaria. Así lo anunció en la jornada de ayer el presidente Juan José Imbroda, quien subrayó que la intención es que haya un mayor control sobre los jóvenes acogidos en los centros que gestiona Bienestar Social y que se pueda proceder a la repatriación de los niños de origen marroquí.
El presidente afirmó que se va a trabajar codo con codo con Marruecos para que se lleve a cabo la devolución de los menores que proceden del país vecino. En este sentido, explicó que existe un acuerdo del 2007 firmado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y el del reino alauita y, que entró en vigor en 2012, para la repatriación de los niños. “Queremos que Marruecos cumpla su parte”, apuntó.
Para el presidente, el mayor apoyo que pueden tener estos niños es vivir con sus familias, no ser atendidos por centros de la administración pública española. “Necesitamos que el país vecino, de acuerdo a unas condiciones severas para proteger a los menores, reciba a los menas marroquíes”, añadió.
Imbroda anunció que el pasado 2 de enero remitió un escrito al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en el que la pide que inicie contactos con Rabat para que se cumpla el acuerdo de 2007. “En el momento en el que Marruecos acepte la devolución de menores, dejará de ser un aliciente venir a Melilla”, defendió.
Por otro lado, Imbroda señaló que en las últimas semanas se ha producido un repunte en el número de entrada de menas y explicó que actualmente hay unos 300 en las instalaciones de La Purísima, que tiene una capacidad máxima para 160. El presidente señaló que no se debe criminalizar a todos los jóvenes que forman parte de este colectivo. Asimismo, subrayó que el mantenimiento de los centros en los que se da acogida a los niños suponen un fuerte gasto público para las arcas municipales.
En la misma línea, reconoció que hay “cierta alarma social” en barriadas como Melilla La Vieja por la presencia de grupos de menores que están a la espera que colarse como polizones en barcos que zarpan hacia la península.

Ley del Menor
“Desde la Ciudad Autónoma apoyamos a estos jóvenes y atendemos cualquier incidencia que se produzca, dentro de nuestras posibilidades”, defendió. Además, recalcó que, según la Ley de Protección del Menor del año 1996 no contempla que los menas tengan “ningún deber”. En este sentido, abogó por modificar dicha normativa, no para “volver a tiempos pasados”, sino para ofrecer una mayor protección a los niños. “No puede permitirse que haya menores a horas intempestivas en la calle”, apuntó. Ya se han establecido contactos con el Gobierno central para que la legislación conceda a la Ciudad Autónoma la aplicación de mayor “control y disciplina” a estos jóvenes. Asimismo, señaló que habría que dar las instrucciones precisas al Juzgado de Menores y a la Fiscalía a la hora de actuar en este terreno.
Por otro lado, señaló que hay ciertas ONGs que ofrecen “demasiada protección” a los menores por el mero hecho de que estén tutelados por la administración local. “Hay denuncias de asociaciones humanitarias muy enfocadas al control que tiene la Ciudad sobre los menas”, afirmó. “Se trata de una labor de todos, no únicamente de la Consejería de Bienestar Social. Hay que ser sensatos en este tema”.
Por otro lado, Así pues, la Ciudad Autónoma pide una modificación de la Ley del Menor que permita un mayor control sobre los menas, con más disciplina pero sin convertir los centros de acogida en “cárceles”, como apuntó el presidente. Asimismo, desde Melilla se demanda la colaboración de Marruecos para que se pueda proceder a la devolución de los jóvenes que proceden del reino alauita, que es el caso de la mayor parte de los menores tutelados por la Ciudad Autónoma