Los melillenses estamos cansados. Cansados de que, cada cierto tiempo, desde Madrid se nos recuerde lo mucho que importa Melilla para el Gobierno de España. Cansados de declaraciones solemnes, de visitas institucionales cargadas de buenas palabras y de planes estratégicos que, sobre el papel, prometen transformar la ciudad, pero que en la práctica apenas dejan rastro visible. El Plan Estratégico Integral de Melilla 2023-2026 corre el serio riesgo de engrosar esa larga lista de promesas que nunca terminan de materializarse.
El citado plan fue presentado como una hoja de ruta ambiciosa, diseñada para impulsar el desarrollo económico, social y estructural de la ciudad. Sin embargo, cuando su vigencia se acerca a la recta final, la percepción ciudadana dista mucho del optimismo que intentan transmitir algunos responsables políticos. El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha llegado a afirmar que el 77% de las iniciativas del plan ya se han cumplido. Una cifra que, sin mayor explicación, suena más a argumento defensivo que a ejercicio de transparencia.
Porque un porcentaje, por sí solo, no significa nada. No sirve para pagar facturas, no genera empleo, no mejora infraestructuras ni soluciona los problemas cotidianos de los melillenses. Lo que esta ciudad necesita no son números lanzados al aire, sino un desglose claro, detallado y verificable de qué proyectos se han ejecutado realmente, en qué plazos y con qué inversión concreta.
Resulta difícil aceptar sin reservas ese grado de cumplimiento cuando la realidad que se percibe en la calle es muy distinta. Melilla sigue arrastrando graves dificultades económicas, la actividad no despega como sería deseable y, lejos de consolidar su conectividad, incluso se han perdido rutas marítimas. Todo ello alimenta una sensación de abandono que choca frontalmente con el relato oficial del éxito del plan.
Cabe preguntarse si desde el Gobierno de España se piensa que los melillenses no tenemos ojos en la cara ni memoria, que no somos capaces de comparar lo prometido con lo realizado. O que debemos conformarnos con mensajes tranquilizadores mientras la ciudad continúa acumulando problemas sin resolver. Esa distancia entre el discurso y la realidad es la que explica el creciente hartazgo social.
Más aún cuando hablamos de un Ejecutivo, el del PSOE, que ha demostrado ser especialmente hábil en el uso de la propaganda, del boato institucional y de los anuncios rimbombantes, pero bastante menos eficaz a la hora de sacar adelante presupuestos generales o ejecutar políticas con impacto tangible. En ese contexto, no resulta descabellado pensar que se nos esté intentando vender una nueva milonga.
Si no es así, el camino para despejar dudas es sencillo y transparente: que el Ministerio de Política Territorial remita a la prensa local un informe pormenorizado en el que se detalle cada proyecto desarrollado al amparo del Plan Estratégico Integral. Nada de vaguedades ni de expresiones como “se está trabajando en ello”. Los melillenses queremos certezas: actuaciones finalizadas o claramente ejecutadas, con partidas presupuestarias identificables y resultados comprobables.
Conviene recordar que la vigencia del plan termina este año y que muchas de sus medidas deberían estar ya plenamente desarrolladas. Sin embargo, verse, lo que se dice verse, se ha visto poco. Demasiado poco para un documento que se presentó como fundamental para el futuro de la ciudad.
Por último, es imprescindible apelar a la responsabilidad de los parlamentarios nacionales por Melilla. Están en el Congreso y en el Senado para exigir explicaciones, pedir documentación y defender los intereses reales de esta tierra. Mucho me temo que, si no lo hacen ellos, el Ministerio difícilmente se sentirá obligado a dar las explicaciones que los ciudadanos merecen.
Melilla no pide milagros. Pide respeto, seriedad y verdad. Y eso, en política, empieza siempre por la transparencia.