Melilla sin duda merece disponer de un buen transporte público, con autobuses modernos, más adaptados en ocasiones a los lugares a los que deberían llegar y, por supuesto, un mayor abanico de posibilidades en las rutas establecidas, que prácticamente no han variado en los últimos treinta años. El transporte público necesita renovarse, adecuarse a las nuevas demandas de los ciudadanos y a las expectativas para disponer de una movilidad sostenible, no contaminante, que ayude a hacer de la ciudad un lugar mucho más amable en cuanto al medio ambiente y se atenúe en todo lo posible la actual violencia del tráfico rodado.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma ha puesto en marcha ya el procedimiento para la contratación de ese servicio público, para el que ha dispuesto de un presupuesto de 3,3 millones de euros. La Comisión de Medio Ambiente del pasado miércoles ha dado el visto bueno inicial al pliego de condiciones que, efectivamente, refuerza la necesidad de que haya autobuses para todos los barrios melillenses, por muy pequeña que sean sus calles, y se lleve a cabo una ampliación de las rutas.
El transporte público debe tener muchísimas mejoras si se quiere equiparar a lo que se ve en la península. Tiene no solo que revisar los itinerarios sino también contar con paradas adecuadas a lo que esperan los usuarios; es decir, cómodas, con sombra y, sobre todo y fundamental, información con respecto al tiempo de espera calculado para la llegada del autobús correspondiente. El intento que hizo el anterior Gobierno por modernizar estas marquesinas se quedó en eso, en intento, porque a la postre resulta que se instalaron cuatro paradas que daban más tristeza que alivio entre los ciudadanos.
Si lo que se quiere es que Melilla sea sostenible, respetuosa con el medio ambiente, que tenga una movilidad amable con el entorno, el transporte público es un elemento esencial. Cuanto más y mejor servicio preste, más se animará el ciudadano a utilizarlo. Ello implicará que el coche se queda aparcado y los desplazamientos se harán en autobuses que, por ejemplo, en el caso del centro, resultarán de vital importancia si es cierto que se verá afectado por la declaración de Zona de Bajas Emisiones que aún debe ponerse en marcha.
Por eso es tan importante que se haya comenzado ya el procedimiento administrativo preceptivo para poder contratar el citado servicio público. La cantidad prevista de 3,3 millones de euros anuales no es ninguna tontería y por fin se acabará el sistema de subvención directa a la COA, que alguna que otra vez incluso ha paralizado su actividad por impago y como consecuencia de los gastos que debía asumir, lo cual llevaba a la cooperativa a entrar en graves pérdidas y consiguiente peligro de desaparición del transporte público, cuya existencia es obligatoria en todos los municipios.
Esperemos que de aquí a finales de este año 2024, el pliego de condiciones haya pasado por todos los trámites a los que obliga el procedimiento administrativo de contratación y que 2025 se inicie con un servicio renovado, acorde a las necesidades actuales de los melillenses y se ponga punto y final a un modelo ya caduco de transporte público, como merecen los melillenses.
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