Melilla, la autonomía, junto a Ceuta, que menos traspasos ha recibido desde 1978

En 2005 y 2006 se transfirieron a la Ciudad las funciones y servicios de transportes terrestres y por cable, las de conservación de la naturaleza,  la ampliación de medios patrimoniales adscritos a agricultura y ganadería y en materia de Sanidad. Cataluña y Galicia son las dos comunidades que más traspasos han recibido del Gobierno desde 1978, fecha desde la cual se han hecho cerca de 2.000 transferencias de competencias desde Madrid a las autonomías, con un coste efectivo de 24.726 millones de euros. Por el contrario, Melilla es una de las que menos ha recibido, ya que en este tiempo sólo ha recibido 24.
La cesión de competencias a las comunidades vuelve a la actualidad política después de que el Gobierno haya iniciado las negociaciones con el PNV para conseguir su apoyo a los Presupuestos de 2011 y de que se hayan puesto en marcha los mecanismos para cerrar con Cataluña varios traspasos pendientes dentro del desarrollo del Estatut.
Galicia ha pedido además esta semana en el Congreso la transferencia de las competencias de tráfico y seguridad vial –que sólo tiene el País Vasco y Cataluña–, aunque en este caso el voto en contra del PSOE y la abstención del PP impidieron que la iniciativa del Parlamento regional prosperara y comenzara así su tramitación en la Cámara Baja.
En el caso de la negociación presupuestaria, el PNV pide, como condición ‘sine qua non’ a cambio de su apoyo a las cuentas de 2011, la cesión a la comunidad de las políticas activas de empleo y plantea además la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, prevista, según señalan los nacionalistas vascos, en el artículo 18 del Estatuto de Guernika.
Pero los traspasos previstos no se acaban aquí. El Gobierno cerrará esta semana con Cataluña la transferencia de ayudas y becas al estudio, reclamaciones económico-administrativas en materia tributaria, la ampliación de medios para la conservación de la naturaleza y una serie de obras hidráulicas.
Tras estos traspasos está el compromiso del Gobierno de contribuir a desarrollar el Estatuto de Cataluña, “siguiendo todas las vías constitucionales”.
Desde la entrada en vigor de la norma catalana, en 2006, se han aprobado ya siete decretos leyes de traspasos, todos ellos avalados por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, recuerda el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
En lo que va de legislatura, según datos del Ministerio de Política Territorial, hasta junio de 2010, Cataluña ha sido la comunidad a la que han ido a parar más competencias nuevas, diez en total; seguida de Andalucía, con nueve; y Galicia, con siete.
En cambio, si se tiene en cuenta el coste efectivo del traspaso, el País Vasco, con dos transferencias, ocupa la primera posición, con 86,8 millones de euros; seguido de Andalucía, con 70,8 millones.
En total, las comunidades del artículo 151 (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Navarra) han recibido 33 nuevos traspasos desde el comienzo de esta legislatura, con un coste de 213,1 millones de euros.
Si se echa la vista atrás, Cataluña es la comunidad que ha resultado más “beneficiada” por los sucesivos gobiernos en esta materia.
De los 1.948 traspasos aprobados desde 1978, 185 fueron para Cataluña, mientras que Galicia cerró con el Ejecutivo central 154 acuerdos para la cesión de competencias y Andalucía 152.
En la última década, Cataluña ha sido también la región que más traspasos ha cerrado, 44 en total; frente a los 37 de Andalucía, los 16 de Galicia o los dos del País Vasco.
Entre las transferencias más recientes asignadas a Melilla se encuentra el acuerdo suscrito en febrero de 2007, referente al régimen de autogobierno, para ampliar el margen competencial en áreas de gestión de interés general como son las Políticas Activas de Empleo y los Servicios Sociales.
Una aprobación que se produjo  después del pacto alcanzado entre el ministro de Administraciones Públicas de entonces, Jordi Sevilla, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda y que todavía no ha dado sus frutos.
En el preámbulo de este acuerdo se indica que este consenso “representa un avance que, dentro del actual marco estatutario, informa sobre el camino a seguir en el futuro, con el objetivo común e irrenunciable de mejorar la capacidad de respuesta de las Administraciones Públicas ante las legítimas demandas de los ciudadanos.
El Gobierno de España y los Gobiernos de las Ciudades de Melilla y Ceuta –también firmó el acuerdo– se comprometen a seguir trabajando en la mejora del autogobierno de ambas ciudades, así como a que cualquier alteración del estatus jurídico actual se haga de mutuo acuerdo y con el consenso de los dos principales partidos políticos de ámbito nacional”.

Conservación de la naturaleza

Con anterioridad a este acuerdo, en octubre de 2006, el Gobierno central aprueba transferir a Melilla tres nuevas competencias.
En una reunión presidida por la secretaria de Estado de Cooperación Territorial, Ana Leiva,  junto con el consejero de presidencia y gobernación, Abdelmalik El Barkani se aprobaron tres acuerdos.
El primero referido al traspaso de las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de transportes terrestres y por cable, cuyo coste efectivo fue de de 184.346 euros.
Asimismo, se acordó la transferencia de las funciones en materia de conservación de la naturaleza, en concreto las que hacen referencia a conservación de los espacios naturales y de la fauna y flora silvestre, así como de las vías pecuarias.
Finalmente, el tercer acuerdo alcanzado fue sobre la ampliación de medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados a la Ciudad de Melilla por el Real Decreto 332/1996, de 23 de febrero, en materia de agricultura y ganadería.
La aprobación de este último acuerdo suponía también el traspaso de un inmueble de 400 m2, distribuidos en dos plantas, un  inmueble que albergaba un laboratorio destinado al desarrollo de tareas de investigación agroalimentaria hasta hace varios años, y que quedó en desuso, por lo que la Ciudad solicitó el traspaso del inmueble.

Sanidad

Y prácticamente un año antes, en diciembre de 2005, el Gobierno y la Ciudad Autónoma acordaron el traspaso de funciones y servicios en materia de Sanidad por valor de 1,16 millones de euros.
Con esta rúbrica, el Consejo de Gobierno de Melilla pasó a asumir las funciones de inspección técnica de Sanidad, el control sanitario tanto de las aguas como de la contaminación atmosférica, la publicidad médico-sanitaria y los programas enfocados a la protección y la promoción de la salud, que hasta ahora dependían del Estado central.
Pera el resto de transferencias, hasta un total de 24, hay que acudir hasta 1997.