La Ciudad Autónoma de Melilla ha publicado la licitación del servicio de gestión de 48 plazas para el centro de cumplimiento de medidas judiciales de internamiento para menores infractores con un presupuesto de 3,4 millones de euros por un plazo de un año.
Se trata de un proceso abierto y por tramitación urgente, siendo la justificación del procedimiento acelerado “la necesidad inaplazable, cuya adjudicación es preciso acelerar por razones de interés público”. Las empresas tienen hasta el 7 de este mes para presentar las ofertas y se abrirán los sobres con la oferta económica el 22. Se destaca en las bases de la convocatoria que la oferta económica tendrá una ponderación de 45 puntos, la técnica será de 35 y otras cuestiones hasta 20 puntos.
En cuanto a las condiciones del contrato, se describe en el pliego que habrá 48 plazas residenciales más cuatro de observación y otras cuatro de enfermería para la ejecución de medidas judiciales de internamiento con sentencia firme y cautelar en régimen cerrado, semiabierto y terapéutico, aunque se podrán incluir otras medidas judiciales de forma excepcional cuando así se establezca por el juzgado de menores en colaboración con la Dirección General del Menor y la Familia, dictadas por los Juzgados de Menores de la Ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo, para casos extraordinarios se podría ampliar a 2 plazas más las 48 que hay residenciales.
Todo ello, a través de módulos de régimen cerrado de 14 años en adelante con medidas de cumplimiento de corta y o media duración, módulos de régimen semiabierto para mayores de 14 años en adelante, y módulos de régimen abierto para mayores de 14 años en adelante, modulo terapéutico, internamiento cautelar y fines de semana.
La gestión se hará a través de dos vertientes, se describe en la memoria, como son una parte educativa y reeducativa y otra residencial. El centro estará abierto y cubrirá la atención de los menores internos durante 24 horas al día, todos los días del año, con el personal necesario.
Hay seis tipos diferentes de internamiento para los que hay que tener el centro preparado y con personal: internamiento en régimen cerrado; internamiento en régimen semiabierto; internamiento en régimen abierto; internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto; permanencia de fin de semana e internamiento cautelar.
Los menores internos en el centro gozarán de todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, excepto los que resulten afectados por el cumplimiento de la medida impuesta.
En particular se reconocen los siguientes derechos: derecho a una atención integral, confidencialidad, atención individualizada, intimidad, relaciones personales, y a la información y a la participación.
Las necesidades que debe atender de los menores son las básicas, como alimentación o higiene; psicológicas y psiquiátricas; socio-familiares; sanitarias y de salud; escolares, formativas, ocupacionales, prelaborales y laborales; y desplazamientos habituales.
El trabajo desarrollado con los menores y jóvenes internados como autores de actos delictivos debe enmarcarse dentro de una pedagogía centrada en la formación como persona y como miembro de la sociedad a la que tiene que retornar y, por lo tanto, hacia la formación y desarrollo del sentido de responsabilidad del usuario para consigo mismo y para el entorno que le rodea, así como también para el desarrollo de la conciencia de sus propios actos.
En cuanto al personal, se contará con un director que es un empleado público nombrado por la Administración para cumplir con estas funciones.
En relación a la empresa, deberá aportar tres jefes de servicio a jornada completa y con plena disponibilidad, siendo uno para cada turno; dos psicólogos a jornada completa con dedicación exclusiva y con disponibilidad de fines de semana y festivos; dos trabajadores sociales a jornada completa también con dedicación exclusiva y con disponibilidad de actuación en fines de semana y festivos; un psiquiatra; un médico que esté cinco horas semanales; 18 educadores; dos maestros; dos enfermeros; doce auxiliares técnicos educativos a jornada completa; y 25 auxiliares de control educativo a jornada completa.
Asimismo, habrá que aportar por parte de la empresa un administrativo a jornada completa, pero partida entre mañana y tarde; dos oficiales de mantenimiento a jornada completa; dos cocineros; dos pinches; y seis auxiliares de servicios generales, como son cuatro limpiadores y dos personas para lavandería.
No obstante, la empresa tiene que subrogar el personal que ya hay contratado y se ha realizado una rectificación de los pliegos para adjuntar un documento con los 9 trabajadores que están en excedencia a la hora de salir el contrato a licitación.
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