Melilla vuelve a alzar la voz contra las limitaciones estructurales del actual modelo de autogobierno que rige en la Ciudad Autónoma. El presidente Imbroda, defiende con firmeza la necesidad de que Melilla cuente con un estatuto de autonomía “pleno”, en igualdad de condiciones con el resto de comunidades autónomas, para poder gestionar con eficacia sus recursos, legislar sobre sus competencias y dejar de depender de decisiones tomadas desde Madrid.
“Hay que ir, realmente, descaradamente, a ser una comunidad autónoma como las demás”, sostuvo el líder melillense, denunciando que la ciudad está “en desventaja” porque no puede desarrollar normativamente muchas de las soluciones que necesita con urgencia. La falta de capacidad legislativa, la imposibilidad de intervenir en ciertos procedimientos administrativos y la ausencia de autonomía para impulsar proyectos clave son, a su juicio, barreras que bloquean el desarrollo de Melilla.
Uno de los ejemplos más graves, explicó Imbroda, es el retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya tramitación está supeditada a los tiempos y criterios del Gobierno central. “Tiene que aprobarlo Madrid. Y allí, un técnico o dos determinan lo que aquí ya han trabajado nuestros propios equipos. Eso enlentece todo”, denunció.
Esta “rigidez normativa” no se limita al urbanismo. Imbroda alertó también de las disfunciones que afectan a la educación superior. Según dijo, Melilla no figura en la ley nacional de universidades de 2023 y la ciudad carece de instrumentos legales para crear su propia universidad pública o autorizar una privada. “Aquí no tenemos ni privada ni nos pagan la pública. La que hay, la Universidad de Granada, la estamos pagando nosotros desde 2015”, lamentó.
El presidente local se mostró especialmente crítico con la actitud del Gobierno de España, al que acusó de no compensar suficientemente a la ciudad por sus singularidades geográficas y sociales. “Tenemos muchas más necesidades que otras ciudades por nuestras condiciones, pero no se nos acompaña”, afirmó.
Frente a esta falta de respaldo estatal, Imbroda resaltó la capacidad de reacción de su Ejecutivo, que ha asumido gastos y responsabilidades que no le corresponden formalmente. “Nosotros ponemos enfermeros en los colegios, 75 técnicos de Educación Infantil en escuelas públicas, ayudas para enfermos desplazados, bonos turísticos, apoyamos a ONG, entidades culturales, deportivas... porque no hay nadie más que lo haga”, relató.
El dirigente explicó que esta omnipresencia de la Ciudad en todos los frentes responde a la ausencia de un tejido económico fuerte y a la necesidad de crear un entorno social activo. “Si dejamos la iniciativa privada sola, no hace nada. No hay condiciones económicas, no hay rentabilidad inmediata. Tenemos que estar en todos los sitios”, aseveró.
Además, Imbroda lamentó que Melilla no tenga legitimación activa para acudir al Tribunal Constitucional cuando se aprueban leyes que afectan negativamente a sus intereses, una capacidad que sí tienen las comunidades autónomas. “Eso también nos impide defendernos”, subrayó.
Según el presidente, la falta de autonomía se traduce en una burocracia insoportablemente lenta, que frena el desarrollo de la ciudad. Puso como ejemplo el retraso en la puesta en marcha de infraestructuras clave como el hub tecnológico, la desaladora o la nueva residencia de estudiantes. En este último caso, explicó que la Ciudad ha tenido que liderar todo el proceso: desde la reordenación urbanística del antiguo cuartel de la policía local hasta la planificación de su demolición, financiación y futura licitación. “Todo eso lleva tiempo, pero ya está encarrilado. Queremos que venga la iniciativa privada y que se construya en dos años”, detalló.
Imbroda reivindicó que su Gobierno ha tenido que “revolucionar” la administración tras lo que calificó como un periodo de parálisis institucional durante el mandato CpM-PSOE. “Cuando entramos hace dos años, la ciudad estaba muerta. Hemos tenido que sanear las cuentas, planificar y poner a funcionar la maquinaria”, dijo.
En definitiva, el presidente de Melilla insistió en que no se trata de una cuestión simbólica o identitaria, sino de eficacia institucional. “Hace falta más agilidad, más flexibilidad. Que podamos torear, si ellos no saben torear. Dotadnos de presupuestos y dejadnos trabajar”, concluyó.
Su mensaje, rotundo, apunta directamente al corazón del modelo territorial del Estado: Melilla necesita abandonar su estatus limitado para convertirse, al fin, en una comunidad autónoma con todas las competencias que le permitan gestionar sus propios desafíos sin tener que esperar autorizaciones externas. Porque, como recordó Imbroda, “nunca es suficiente lo que se tiene, y aquí hay que acudir a todo”.