Melilla defiende ante el Tribunal de Cuentas la externalización del Laboratorio Covid

La consejera de Salud Pública, Francisca García Maeso, informa de que han presentando una alegación al Tribunal de Cuentas para la externalización del servicio del Laboratorio Covid 'Ciudad de Melilla' y están a la espera el pronunciamiento de la institución.

Maeso desconoce cuándo se pronunciará y dijo, que el laboratorio solo estuvo un día "parado" para que después Salud Pública comenzara con la gestión.  La consejera dice que aguarda la respuesta "y esperar a que nos digan que tenemos razón antes de ponerlo a pleno rendimiento con una gestión externa".

El contrato de gestión fue parado porque el Tribunal de Cuentas "no tenía muy claro" que podía externalizarse el servicio.

El Laboratorio Covid de Melilla funciona para que las personas que no tengan síntomas ni sean contactos estrechos puedan irse a hacer un test de antígenos. Indica que cualquier persona que ha viajado y "necesita una seguridad porque convive con alguien vulnerable puede ir y hacérselo".

Está abierto de lunes a viernes entre las 09:30 horas y las 12:30 horas, en horario reducido, hasta que se produzca el pronunciamiento del Tribunal de cuentas.  Actualmente la gestión del espacio lo lleva Salud Pública. 

Maeso, en rueda de prensa, ha defendido la necesidad de contar con estas instalaciones y sacar adelante el nuevo contrato a fin de que el laboratorio esté abierto durante más horas en el día y así, se puedan realizar cribados masivos para prevenir la transmisión del virus.

Quiso explicar la situación con dos supuestos, "en principio, si me dicen que yo no me puedo gastar un dinero porque no me corresponde, el Tribunal de Cuentas me puede decir que no me gaste un presupuesto que no debo en algo. Otra cosa es que sigamos abiertos con recursos que no sean demasiados", dijo.

Y agrega que "cuando pueda haber un contrato donde pueda haber un dinero que el Tribunal de Cuentas considera que no debemos gastarnos, ahí es donde yo creo que entrarían".

Afirma que había un contrato con una duración de cinco meses que ascendía a 133.000 euros con el IPSI.