Melilla y Ceuta en la Estrategia de Seguridad Nacional

El pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros aprobó y divulgó la Estrategia de Seguridad Nacional que reemplazaba a la promulgada por el Gobierno del presidente Rajoy en 2017. Cierto es que el propósito del anterior Director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el señor Iván Redondo, era elaborarla y aprobarla en 2020, pero, en cualquier caso, muchas cosas han cambiado y están cambiando en España, al mismo tiempo que leemos estas líneas desde 2017 hasta ahora, lo cual hace que, incluso esta Estrategia (aprobada antes de la invasión de Ucrania por Putin), nazca con aspectos de la actualidad que ya obligan a su revisión a corto o medio plazo. El cambio de la percepción de nuestro Gobierno y de los de la mayoría de los países europeos en relación con las necesidades de nuestra defensa o la revisión de nuestras relaciones con el reino de Marruecos son algunos de estos aspectos.

En cualquier caso, el texto del que disponemos, junto con el Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente al año 2021, serán objeto de presentación y comentario en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, por parte del actual Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el señor Óscar López Águeda, en sesión convocada al efecto, mañana día 25 de abril.

En términos generales, el documento refleja los riesgos y amenazas que se perciben desde la Presidencia del Gobierno, al igual que se hiciera en la Estrategia de 2017, si bien en aquella se separaban las amenazas de los desafíos en el sentido de establecer una gradación en el impacto que ambos pudieran representar para nuestra seguridad colectiva. Las amenazas más directas y contundentes y los desafíos más indirectos o livianos. En esta ocasión, sólo se establece un listado único de riesgos y amenazas con algunas particularidades con respecto a la letra y al espíritu de la de 2017.

Independientemente del recurrente debate sobre la posible cobertura de las garantías de la Alianza Atlántica para la defensa de Melilla y Ceuta, como parte integrante de la nación española, en relación con la redacción del art. 6.1 del Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de 1949, parece lógico analizar, de comienzo, cual es la perspectiva nacional a ese respecto con carácter previo al análisis de nuestras alianzas europeas, euroatlánticas e incluso en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. En otras palabras, comenzar la casa por los cimientos.

En las referencias a Melilla y Ceuta, tanto en la Estrategia de Seguridad Nacional como en el Informe Anual de 2021, se elude fijar, de manera más o menos precisa, los riesgos o amenazas de los que pueden ser objeto ambas ciudades. En el caso del informe, los riesgos se limitan a la descripción de las incidencias migratorias y sísmicas, evitando hacer referencia a las actuaciones poco amistosas a este respecto de determinadas autoridades del país vecino, con el que deseamos y debemos mantener unas particulares relaciones de amistad y buena vecindad, que, de cara a nuestra ciudadanía, no deben estar reñidas con la expresión clara de nuestras posiciones al respecto, para lo que este documento puede ser el marco adecuado.

No parece coherente eludir la sucesión de desencuentros que han conducido a la situación en la que nos encontramos y que ha generado una incertidumbre importante en la ciudadanía de ambas ciudades.

El 31 de julio de 2018, Marruecos decidió, unilateralmente, el cierre de la aduana comercial con España en el paso fronterizo internacional de Beni Enzar en Melilla, sin que, hasta el día de la fecha, el ‘Grupo de Trabajo’ que se constituyó al efecto haya producido ningún resultado, al menos, conocido.

El 13 de marzo de 2020, Marruecos decidió, igualmente de forma unilateral, el cierre de las fronteras terrestres en ambas ciudades, alegando como justificación la pandemia del COVID-19, dejando a cientos de ciudadanos marroquíes retenidos en Melilla y en Ceuta, así como a ciudadanos españoles retenidos de manera sorpresiva en Castillejos y Nador. En enero de ese año, antes de la pandemia ya se había determinado, también de forma unilateral, por parte de Marruecos, el cierre al tránsito de mercancías con España en la frontera de Ceuta.

Esta situación se deterioró aún más el pasado año con ocasión de la atención en un centro sanitario español de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, que ocasionó la llamada a consultas de la Embajadora en Madrid y la intolerable invasión de Ceuta por miles de ciudadanos marroquíes, manteniendo su presión sobre el Gobierno español hasta obtener de éste un cambio de postura en la tradicionalmente mantenida por España en lo tocante al proceso de descolonización del Sahara.

Todos estos sucesos son hitos que explican la situación actual y que deberían incluirse como marco de referencia, al objeto de dar coherencia al documento.

En lugar de ello, la Estrategia de Seguridad Nacional se limita a constatar que las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta, por su localización geográfica en el continente africano y por la especificidad de su frontera, española y europea, requieren de una especial atención por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y el Gobierno se propone, en consecuencia, elaborar un Plan Integral de Seguridad para Melilla y Ceuta, que fue muy aireado como necesario en los días inmediatamente posteriores a la invasión de Ceuta en mayo del pasado año, pero del que nada se sabe a día de la fecha más que el propósito de realizarlo.

Lo que hoy preocupa y ocupa a la ciudadanía de Melilla y Ceuta es el aparentemente inminente proceso de reapertura de las fronteras terrestres en ambas ciudades y la manera en el que se va a desarrollar el mismo. Lamentablemente, aunque esto se preveía desde el mismo momento en el que se produjo su cierre hace dos años, nada sobre ello dice al respecto la vigente Estrategia de Seguridad Nacional.