Andalucía, Cataluña y el País Vasco son las comunidades autónomas donde más menores migrantes tutelados hay, según un estudio presentado ayer en el Senado, en el marco del VIII Foro de las Autonomías, que también destaca la situación de Melilla.
La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia del Sindic de Greuges, María Jesús Larios, lo expuso en su informe sobre ‘Los derechos de los menores migrantes solos y su garantía por las CCAA’, que señala que, de acuerdo con los datos del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), a 31 de diciembre de 2018, había 13.012 inscritos, lo que supone un incremento del 103% respecto de los 6.414 registrados en 2017, en el que se superaron en un 60% las cifras de 2016 (3.997).
En cuanto a su distribución, y según datos de Save the Children (2018) correspondientes a 2017, Andalucía es la comunidad con un número más elevado de niños migrantes tutelados, seguida por Melilla, Cataluña y País Vasco.
En función del número de habitantes, Melilla, Ceuta, País Vasco, Andalucía y Murcia son las cinco primeras comunidades, con un impacto más elevado de este fenómeno.
Para Larios, es “destacable”, su baja presencia, tanto en términos absolutos como relativos, en Navarra, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Extremadura y la Rioja. Agrega que los sistemas de protección de las autonomías con mayor número de llegadas han hecho frente a las mismas con dispositivos de emergencia creados ad hoc y muy cuestionados puesto que, en buena parte por la propia improvisación y emergencia, se trata de recursos que no reúnen las condiciones para una atención adecuada.
La experta ve un “importante desequilibrio y contraste” en la asunción de la cuota de responsabilidad de las administraciones autonómicas ante las llegadas de niños y adolescentes migrantes sin familiares.
Constata que las situaciones de colapso en Ceuta y Melilla, así como en algunas autonomías, han dado lugar al uso de dispositivos inadecuados, centros extraordinariamente masificados, pabellones deportivos o comisarías de policía. Larios recomienda que las comunidades avancen en la planificación, previsión y provisión a medio plazo y en el diseño de políticas adecuadas para dar la protección adecuada a los menores de edad como grupo especialmente vulnerable.
También debe explorarse una mayor corresponsabilidad entre las autonomías y coordinación e impulso por parte de la Administración estatal para garantizar la primera acogida y el recurso de protección más adecuado, lo que optimizará los recursos existentes en todos los territorios.
Para la experta, además de la atención residencial, debe atenderse a los procesos de emancipación, garantizar los derechos de escolarización, formación e inserción laboral, así como un seguimiento socioeducativo y emocional. En lo referente a la opción del retorno, expone que requiere programas específicos para poder estudiar en origen la adecuación de la repatriación para el reagrupamiento familiar en interés de los niños migrantes no acompañados.
