Melilla bloqueada: retención migratoria en la Frontera Sur

La asociación Irídia, centrada en la defensa de los Derechos Humanos, solicita al Gobierno central organice un traslado planificado a la península de las personas migrantes que se encuentran en las islas Canarias, así como en Ceuta y Melilla, realizando un reparto equitativo entre los diferentes territorios de la península, así como garantizar que las personas migrantes o solicitantes de asilo que sean trasladados tengan unas condiciones de acogida dignas y estables. La asociación ha publicado este mes de febrero un informe titulado ‘Vulneraciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur: Gran Canaria y Melilla’ en el que hace un repaso a la política migratoria estatal y de la Unión Europea, centrándose concretamente en la situación que se ha vivido en Gran Canaria y Melilla. Sobre la ciudad autónoma expusieron las condiciones de hacinamiento en las que se han encontrado los distintos centros de acogida de inmigrantes como el CETI, la plaza de toros o en los centros para menores.

Tras un análisis, elaboran una serie de recomendaciones dirigidas a distintos organismos. Además de los traslados planificados a la península, Irídia solicita que se generen vías de entrada legales y seguras a través de las cuales las personas puedan acceder a España, ya sea para solicitar protección internacional como por otros motivos relacionados con los proyectos vitales. Esta es una de las principales peticiones de las organizaciones que trabajan en este ámbito, ya que argumentan que la inmigración irregular se debe a la imposibilidad de obtener un visado para emigrar a Europa de forma legal.

Para proceder a la generación de vías legales, subrayan una serie de puntos para facilitar el acceso a las vías legales. El primero de ellos es la posibilidad de poder solicitar protección en embajadas y consulados en los países de origen y de tránsito; además de que se generen mecanismos eficaces para la contratación en origen y la expedición de visas académicas.

También que se expidan visados humanitarios en países de origen y de tránsito y que se facilite y agilice la reagrupación familiar de las personas desplazadas. Otro punto que subrayan es la creación de corredores humanitarios desde países de origen o tránsito en situación de emergencia humanitaria. Ya ubicados en España, piden que se ejecuten programas eficaces de reasentamiento y de reubicación en España.

Impacto psicológico

El informe de Irídia subraya el impacto psicológico que sufren todos aquellos migrantes que viven una situación de bloqueo en la Ciudad Autónoma de Melilla. La preocupación por el futuro, los pensamientos rumiativos constantes, la percepción de falta de empatía por parte del entorno, la desconfianza hacia los cauces administrativos así como hacia las instituciones, la depresión y la desesperación son algunas de las principales consecuencias que manifiestan debido a la situación en la que se encuentran.

Acceso limitado al agua y deficiencias higiénicas en la plaza de toros

En el informe aseguraron que las personas que estaban en el espacio de la plaza de toros de Melilla se hallaban en condiciones muy poco dignas e higiénicamente muy deficientes. Asimismo, afirman que existía un alto grado de hacinamiento y no había un espacio destinado para que las personas recién llegadas pudieran hacer cuarentena separadas del resto del grupo, así como sólo que había un baño para todas las personas y que el acceso al agua era muy limitado.

Hacinamiento en el CETI de Melilla

Exponen que el CETI de Melilla cuenta con una capacidad para 780 personas. Sin embargo, apuntaron, a lo largo del año 2020 ha estado habitado por más de 1.600 personas, y 200 de ellas fueron niños, niñas y adolescentes menores de edad que realizaron el recorrido migratorio junto a sus familias. Es por ello que subrayaron que era “imposible cumplir” las medidas de distancia social planteadas al resto de la población en el marco del confinamiento domiciliario dadas las condiciones de hacinamiento. Sobre el complejo habilitado para la acogida en el V Pino, criticaron las condiciones de higiene en las que se encontraron cientos de personas.

Una nueva valla que aumenta la lesividad

Irídia señaló que el nuevo sistema de vallado fronterizo en Melilla aumenta, en muchos puntos, la altura de la valla hasta los 10 metros. Creen que la estructura se corona con un cilindro antitrepado y con peines invertidos que puede suponer un aumento en la lesividad en los saltos y cruces, a pesar de la retirada de las concertinas.

Acuerdo del 1992

Uno de los asuntos que más critican son las devoluciones en caliente que hay en la Frontera Sur y entre ellas, las que se producen a través de las vallas de Ceuta y Melilla e incluso desde las islas Chafarinas.

Así pues, piden que España se retire del Acuerdo bilateral de 1992 que hay con el reino de Marruecos. Este acuerdo, explicaron, posibilita las devoluciones de ciudadanos de terceros países en menos de setenta y dos horas, “sobre la premisa de que España cuenta con los medios materiales y legales necesarios para garantizar los derechos de todas las personas, potenciales solicitantes de asilo, que lleguen a su territorio.”.

Subrayaron que “es fundamental y urgente que el Gobierno de España refunde las relaciones exteriores con Marruecos”, además de poner como base el Derecho Internacional y la defensa de los Derechos Humanos.

Argumentan que el Gobierno debe respetar el principio de no devolución, que consiste, explicaron, en la prohibición de expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas, o en el que pueda sufrir tortura, tratos inhumanos o degradantes u otras vulneraciones de sus derechos humanos y señalaron que estos puntos están recogidos en el Art. 33.1 de la Convención de Ginebra, así como en el Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Asimismo, solicitan al Congreso de los Diputados la creación de una Comisión de Investigación sobre las eventuales vulneraciones de derechos que se hubieran podido cometer entre marzo de 2020 y la actualidad tanto en las islas Canarias, como en Ceuta y Melilla en relación con las personas migrantes que han accedido a territorio español por vías no legales ni seguras.

En el informe, subrayaron que desde el año 2018 se han producido decenas de devoluciones sumarias de personas que han accedido a Melilla por vías no regularizadas, ya sea tras saltar la valla o habiendo llegado a las islas Chafarinas. También ha aumentado la práctica de las devoluciones exprés, que supone el retorno de las personas hacia Marruecos en menos de 72 horas, tras llevarlas comisaría y notificarles un procedimiento de devolución con asistencia letrada.

Además de estos asuntos, también hacen referencia a los menos extranjeros no acompañados (mena) que hay en Melilla. Insisten en que se supervise el cumplimiento de los plazos legales previstos para la documentación de los menores que quedan bajo tutela administrativa en la Ciudad Autónoma de Melilla, promoviendo su empadronamiento.

También piden que se les provea de la Tarjeta de Identificación de Extranjero una vez que cumplen la mayoría de edad, de modo que puedan vivir con normalidad como residentes en España, garantizando asimismo su libertad deambulatoria en todo el territorio, ya que numerosos jóvenes se encuentran en un limbo administrativo al cumplir los 18 años.

En el informe exponen que “la política de bloqueo conlleva que no haya una política de reparto de menores desde las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla con el resto de Comunidades Autónomas”, lo que genera que los menores busquen vías alternativas de llegada a la península no seguras ,como el acceso a través de ferrys a través de la práctica conocida como ‘riski’.

Además, señalaron que “ante la situación de bloqueo y las condiciones de los centros de protección de menores de Melilla”, hay muchos menores que pasan a situación de calle con los problemas de salud y emocionales que ello supone. Asimismo, relataron, algunos quedan en situación de calle a la espera de poder viajar a la península, fruto de la falta de criterios claros para decidir el acceso al CETI.

Deportaciones

El informe dedica un apartado al auge del discurso de las deportaciones a nivel de la Unión Europea.

Contextualizaron que aunque el aumento del número de deportaciones de la UE ha sido una preocupación política para sus instituciones y para los Estados miembros desde los años ‘90, la llamada crisis migratoria de 2015 y los discursos xenófobos asociados generaron un incremento sustancial de iniciativas que tenían el objetivo de limitar las protecciones legales a personas migrantes en riesgo de ser deportadas. Asimismo, añadieron que se expandió la capacidad de la UE y de sus Estados miembros para controlar, detener y deportar con mayor eficiencia.

En este sentido, señalaron que la agencia Statewatch ha identificado tres pilares de la ‘máquina de deportaciones’ de la UE: la reducción de los derechos de las personas migrantes en las leyes de deportación, la expansión de las bases de datos y sistemas de información interconectados y el aumento del presupuesto, los poderes y el personal de Frontex.

Explican que el objetivo de Frontex es deportar a 50.000 migrantes cada año desde el 2024.

Critican “la opacidad, la informalidad y la falta de transparencia” y que España continúe “con su política de alcanzar y ampliar acuerdos para la deportación y readmisión de personas migrantes”, reforzando acuerdos con Senegal, Mauritania y Marruecos con el objetivo de reactivar las deportaciones después de un paréntesis debido a la pandemia.

Explican que el sistema europeo de deportaciones se caracteriza por una gran flexibilidad e informalidad, por lo que los Veintisiete pueden adaptarlas a sus necesidades. Seguidamente, en España, recalcaron que también existe dicha flexibilidad y además opacidad. Aseguran que “en muchas ocasiones España establece acuerdos no formales en materia de retorno a través de relaciones diplomáticas, protocolos de cooperación entre policías, o cualquier otro acuerdo informal que implica evitar la vía parlamentaria establecida en el Artículo 94.1 de la Constitución Española”.

Por consiguiente, subrayaron que la opacidad y la falta de transparencia deriva en que no se conozcan en qué condiciones de producen dichas deportaciones, ya que no se conoce ni el sexo, edad o nacionalidad de las personas expulsadas y sin que estas actuaciones se puedan someter al escrutinio ciudadano.

Por ello piden se genere un sistema de recogida de datos estadísticos transparente y accesible en relación a las deportaciones que muestre mensualmente: el número de personas identificadas y detenidas, el número de expedientes de denegación de entrada, devolución y expulsión, el número de personas internadas en los CIE, así como el número de personas deportadas, todo ello desagregado en base a la edad, el género y la nacionalidad.