Medio Ambiente denuncia vertidos peligrosos de la CHG

La Consejería de Medio Ambiente ha denunciado la presencia de miles de kilos de residuos peligrosos abandonados en distintos puntos de la ciudad tras los recientes trabajos de limpieza y desbroce en el cauce del arroyo. El titular del área, Daniel Ventura, atribuye esta situación directamente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo responsable de la gestión y retirada de los restos generados en estas actuaciones.

Medio Ambiente considera que el incumplimiento de esta obligación supone un riesgo grave para la seguridad ciudadana, especialmente por la amenaza de incendio que representa la acumulación de vegetación seca junto a zonas sensibles como la circunvalación o la cabecera de la pista del aeropuerto.

Según ha explicado la Consejería, los materiales retirados del cauce durante la limpieza, fundamentalmente restos vegetales y residuos naturales, deberían haber sido trasladados a un centro de tratamiento autorizado.

Sin embargo, tras semanas desde la finalización de los trabajos, continúan abandonados en varios puntos de la ciudad, sin control ni señalización, en espacios abiertos y de fácil acceso. El Gobierno local advierte que, en caso de producirse un incendio, el alcance de los daños podría ser considerable tanto para las infraestructuras como para el entorno natural y la población.

La denuncia pública realizada por el consejero Daniel Ventura se produce en un contexto de tensión prolongada entre la administración melillense y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Desde hace tiempo, ambas instituciones han mantenido posturas enfrentadas sobre las competencias en materia de limpieza y mantenimiento del Río de Oro.

Mientras que el Gobierno local asumió la ejecución de estas tareas ante la falta de una respuesta clara de la CHG, este organismo cambió posteriormente su criterio y declaró que cualquier intervención requiere su autorización previa, lo que generó nuevas trabas burocráticas y parálisis administrativa.

Ventura ha reiterado que la decisión de intervenir en el cauce se tomó por responsabilidad institucional y ante la urgencia de evitar riesgos por acumulación de residuos, especialmente con la llegada de las lluvias.

El Gobierno local justificó entonces la actuación ante la ambigüedad mostrada por la CHG durante meses y consideró prioritario eliminar los obstáculos que pudieran dificultar el flujo del agua o generar inundaciones en zonas próximas al núcleo urbano. No obstante, lamentan que, tras ese esfuerzo, el abandono de residuos por parte del organismo estatal anule los efectos positivos de la intervención y cree un nuevo foco de peligro.

Desde la Consejería también se señala que no es la primera vez que se produce un desencuentro de este tipo con la CHG. Las relaciones entre ambas administraciones han estado marcadas durante años por una falta de coordinación, diferencias de criterio y cambios constantes en la interpretación de las competencias.

Este último episodio, según afirman desde el área de Medio Ambiente, es una muestra más de la necesidad de definir con claridad quién tiene la responsabilidad efectiva sobre el cauce del Río de Oro y sus afluentes, así como de establecer mecanismos ágiles para actuar cuando la seguridad y el medio ambiente lo requieren.

El Ejecutivo local considera inaceptable que los restos del desbroce permanezcan acumulados a la intemperie, más aún en zonas de alto tránsito o cercanas a infraestructuras estratégicas como el aeropuerto. Daniel Ventura ha exigido a la Confederación que actúe de inmediato para retirar los residuos abandonados y ha anunciado que se estudiarán medidas para exigir responsabilidades si la situación no se corrige de forma urgente.

Mientras tanto, los vertidos siguen visibles y la población observa con preocupación cómo una intervención que debía servir para prevenir riesgos se ha convertido, por la dejación de responsabilidades, en una nueva amenaza para la ciudad. El conflicto entre la Ciudad Autónoma y la CHG vuelve a quedar en evidencia, en un nuevo capítulo que refleja la necesidad urgente de cooperación institucional y soluciones eficaces para la gestión ambiental en Melilla.