Más de 30 migrantes muertos cerca de Melilla en el primer trimestre del año, según una ONG

Más de 30 migrantes han muerto en el primer trimestre de este año intentando acceder de manera irregular a Melilla desde Marruecos por vía marítima, según la ONG Solidary Wheels, que atribuye este “goteo incesante de cadáveres” a la “restricción de acceso a vías legales” por un refuerzo de la frontera terrestre tras “la masacre” del 24 de junio de 2022.

En una nota de prensa, Solidary Wheels ha asegurado que son, al menos, 32 los cuerpos sin vida localizados en las costas de Melilla y Beni-Enzar (Marruecos) entre enero y marzo, la mayoría de jóvenes procedentes de Marruecos que se habían adentrado en el mar para alcanzar costas españolas.

Esta ONG califica este tipo de travesía como “extremadamente peligrosa” porque, además de que puede durar hasta ocho horas, se suele realizar de noche “para no ser avistados por las patrulleras y evitar ser devueltos”, aunque algunos fueron localizados en embarcaciones precarias, probablemente con la intención de llegar a la península.

Solidary Wheels denuncia públicamente que los migrantes “se ven forzados a asumir este alto riesgo debido a la restricción de acceso a vías legales y seguras ya existentes, como son los cruces fronterizos y el sistema de visados, que en la práctica, son totalmente inaccesibles, especialmente para personas sin recursos”.

Esta entidad señala los acuerdos entre España y Marruecos como la razón del cambio de las rutas migratorias y el incremento de los precios para viajar en patera, que pueden alcanzar los 10.000 euros; así como el refuerzo policial a ambos lados de la frontera desde el trágico intento de salto a la valla del 24-J, en el que murieron 23 migrantes, según las autoridades marroquíes, cifra que las ONG elevan a 37.

Desde entonces, además del incremento de efectivos, los gobiernos de España y Marruecos “están invirtiendo en la modernización de los sistemas de vigilancia existentes” con estrategias “de securitización y digitalización sin mejoras en condiciones laborales ni recursos para garantizar el cumplimiento de las leyes”.

La ONG apunta, además, el refuerzo del lado marroquí de la valla con concertinas y una antena de telecomunicación por fibra óptica para captar conversaciones a un kilómetro de distancia; mientras que en el lado español, el sistema de frontera inteligente supondrá el uso de “tecnologías invasivas” que “permitirán una vigilancia biométrica, asimétrica y racial sobre personas vulnerables”.

“Devoluciones, desapariciones y muertes suceden continuamente por la falta de protocolos de rescate y por la falta de formación de los cuerpos de seguridad que deberían llevarlos a cabo”, insiste Solidary Wheels, que acusa a los gobiernos de España y de Marruecos de ser “igualmente responsables” en lo que sucede, aunque con “intereses diferentes”.

Tras expresar su “profunda preocupación por las consecuencias mortales que tienen las políticas actuales en la frontera sur” que “anula la posibilidad de migrar por vías legales y seguras”, Solidary Wheels ha pedido una investigación exhaustiva de todas las muertes que se producen en las fronteras, incluyendo las causas y responsabilidades.

“No podemos permitir que el Mediterráneo continúe siendo la fosa común más grande de Europa. Es necesario un cambio radical en las políticas migratorias cuyo eje principal debe estar en el respeto a los derechos humanos y la priorización del derecho a la vida”, ha argumentado la ONG.

Entre sus exigencias a España y Marruecos se encuentran la adopción de medidas urgentes; transparencia en las operaciones de búsqueda y rescate y en la comunicación de los hechos; y que se cumpla la legislación internacional en cuanto al deber de auxilio reforzando las operaciones de búsqueda y rescate en el mar.

También reclama “un mecanismo de memoria, justicia y reparación por los cuerpos sin vida que aparecen en las costas de España y Marruecos”; facilitar el proceso burocrático de identificación de los familiares y agilizar los protocolos de repatriación de los cuerpos y que se abandonen “las políticas de securitización y externalización de fronteras que criminalizan a las personas migrantes”.