Si hay una protagonista en Melilla durante el mes de marzo ésa es, sin duda, la viceconsejera del Mayor, Fatima Kaddur, y todo lo que rodeó la celebración de la Gala del Mayor con el espectáculo contratado con Kiko Hernández, el conocidísimo colaborador del programa ´Sálvame´ de Tele 5. La polémica que desató ese contrato hizo que la propia Kaddur cogiera un avión y se plantara en el plató del citado espacio televisivo para defenderse de las acusaciones de amiguismo y, al mismo tiempo, promocionar a Melilla ante una más que numerosa audiencia.
Lo cierto es que la Gala del Mayor fue definitivamente un éxito: tres mil personas disfrutaron en la Plaza de Toros del espectáculo preparado por Kiko Hernández, que incluía vedette y a un cantante tan famoso como Francisco; además, concluyó con un castillo de fuegos artificiales tras tres horas de gala.
Pero Fatima Kaddur no fue la única protagonista del mes de marzo que nos ocupa. Junto a ella hay que nombrar también al ya exgerente de Televisión Melilla, Yeray Díaz, que optó por presentar su dimisión antes en el Consejo de Administración justo antes de que se planteara su cese con motivo de las acusaciones de acoso de que ha sido objeto, tanto en el plano laboral como sexual.
El caso es que dos semanas después de que supuestamente presentara la dimisión, Isabel Moreno, diputada popular y miembro de Inmusa, denunció públicamente que Díaz había demandado a la sociedad pública por un presunto despido improcedente. En principio la noticia causó confusión: ¿cómo alguien que ha dimitido y, en consecuencia, ha abandonado voluntariamente su puesto de trabajo denuncia a la empresa por despido improcedente? Lo cierto es que, a día de hoy, todavía no se ha aclarado absolutamente nada sobre este raro asunto.
Los miembros del PP han pedido una reunión extraordinaria y urgente para que se explique todo esto pero por ahora su solicitud no ha tenido respuesta por parte de la presidenta del consejo, la socialista Elena Fernández Treviño, quien debe dar cuenta de lo establecido en el contrato de alta dirección con Yeray Díaz para que éste tomara esa decisión de demandar a Inmusa.
Entre las buenas noticias del mes de marzo hay que destacar, básicamente, tres. La primera, la llegada de 17 millones de euros a Melilla a través del Fondo Social Europeo y que servirán para el desarrollo del Plan Integral de la ciudad, según afirmó la consejera de Hacienda, Comercio y Empleo, Dunia Almasouri. La segunda es la llegada a la línea marítima Melilla-Málaga-Melilla del buque ‘Rusadir’ de Balèaria, un barco a estrenar y de última generación, con estupendos servicios para los pasajeros. Y la tercera es la estabilización de 198 trabajadores de Ingesa, que pasarán a tener contratos de larga duración.
Por su parte, las cuestiones políticas giraron en torno principalmente del PP y de CpM. Los populares, por ejemplo, recibieron la visita del dirigente nacional y vicepresidente del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, un viejo conocido de la ciudad que aseguró que habría que recurrir a Bruselas si Marruecos continuaba en sus treces de no querer reabrir la aduana comercial.
Otro punto fuerte del PP fue la contundente declaración de su presidente regional, Juan José Imbroda, en cuanto a que su partido jamás pactará un Gobierno con CpM. Y como no hay dos sin tres, Imbroda manifestó en una entrevista con El Faro que Melilla era más parecida a Burundi que a Europa en cuanto a la celebración de procesos electorales. El motivo, que aquí la duda siempre está en “cuántos votos” va a comprar determinada formación política.
CpM, por su parte cumplió, con su promesa de concentrarse ante el Congreso de los Diputados en Madrid en el caso de que no reabriera la aduana comercial en las mismas circunstancias que antes de su cierre unilateral por parte de Marruecos hace cuatro años y medio. Y así lo hizo junto con la CEME, Acsemel, algunas asociaciones de vecinos y organizaciones religiosas de la ciudad.
Además, se registró en la Cámara Baja un documento reivindicativo elaborado por la patronal que marca las principales hojas de ruta para la reactivación económica de la ciudad: recuperación inmediata de la aduana comercial y un tratado de buena vecindad que beneficie a Melilla, bonificación al transporte de mercancías, un registro de buques, mantenimiento de la subvención a las cuotas patronales a la Seguridad Social, y mejores transportes y conectividad, como aspectos esenciales de lo que se llamó “Unidos por el futuro”.
En marzo también se conmemoró el Día del Estatuto de Autonomía, una fecha que no cuenta con el beneplácito de la oposición, que advierte de que el Gobierno pretende ir eliminando progresivamente la celebración de la españolidad melillense el 17 de septiembre.
Ya en los últimos días del mes se desató el enfrentamiento a costa de la situación del Parque Lobera, convertido en un erial en estos últimos años. Ha perdido el 40% de su masa arbórea y el PP culpa directamente de ello al consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, que, según advierten los populares, podría haber incurrido en un delito por dejar morir esa cantidad de árboles.
Otra de las polémicas de marzo está relacionada con la concesión de ayudas a los empresarios que mantuvieron o crearon empleo durante la pandemia: la llamada ‘línea 8’. El hecho de que haya empresas que han quedado fuera aún cumpliendo los requisitos ha hecho estallar a la CEME de Enrique Alcoba, que ha amenazado al Gobierno con movilizaciones si el 28 de abril no se ha solucionado esta cuestión otorgando a los perjudicados las cantidades que debían obtener.
En un plano más de carácter social se puede destacar el inicio del sagrado mes de Ramadán para los miles de musulmanes que residen en Melilla. Un Ramadán, por cierto, de los más caros que se recuerdan como consecuencia de la carestía de la cesta de la compra. No en vano, la ciudad registró la inflación más alta en febrero alcanzando la cifra del 7,5% acumulado del año; esto es, precios por encima de los que existen en grandes capitales como Madrid o Barcelona.
No se puede concluir este artículo sin hacer mención al ‘multazo’ que ha provocado que en los tres primeros meses del año hayan sido más de 4.000 las sanciones impuestas a los conductores melillenses. Esto de las multas viene de lejos. De los 350.000 euros que se recaudaron por ese concepto en 2019 se ha pasado a 505.000 euros en 2002. Y se avecinan problemas porque el presidente y persona competente en Seguridad Ciudadana, Eduardo de Castro, ha anunciado la contratación de una empresa privada para la gestión de las multas.
Por último, algunos apuntes sueldos. Por ejemplo, la presentación de los actos con motivo de la celebración del 525 aniversario de la Compañía de Mar, la huelga de médicos interrumpida ahora hasta el 10 de abril o la celebración de la Gran Gala del Deporte, en la que El Faro fue galardonado por su función informativa de los acontecimientos deportivos que se desarrollan en la ciudad.
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