Marruecos ha vuelto a hacerlo y en estos momentos mantiene un proceso judicial abierto contra 61 de los supervivientes de la masacre de Barrio Chino tras el salto a la valla del viernes 24 de junio que se saldó con al menos 23 migrantes fallecidos y con 21 fosas preparadas para el entierro, deprisa y corriendo en el cementerio de Sidi Salem de Nador al día siguiente de la tragedia.
Es cierto que la inmigración irregular y concretamente la estancia y salida irregulares de Marruecos es delito en ese país, pero no se entiende por qué las autoridades marroquíes llevaron en autobuses a un número indeterminado de subsaharianos y sudaneses que intentaron entrar en Melilla el 24J hasta Jurigba, en medio de la nada, en la región de Beni Melal, y han encarcelado a otros. ¿Con qué criterio unos sí y otros no? ¿Qué pruebas pesan sobre unos que no pesan sobre los otros? ¿Cómo se han conseguido esas pruebas?
Los medios de comunicación marroquíes han entrevistado estos días a heridos que se recuperan en el Hospital Hassani, de Nador, y hay unas declaraciones en particular en las que un migrante asegura que las autoridades subieron al monte Gurugú y les dieron un ultimátum para que abandonaran la zona en 24 horas por lo que no les quedó más remedio que bajar a Melilla. Según dice, la gran masa de gente y el amontonamiento provocaron las muertes.
Las imágenes de la propaganda marroquí muestran hasta cuatro sanitarios entre médicos y enfermeras curando y atendiendo a uno solo de los heridos en la masacre de Barrio Chino. ¿Con qué criterio unos son tratados como oro en paño y otros encarcelados?
Marruecos tiene pocas cartas que jugar. Las imágenes de los migrantes hacinados en el suelo tras el salto del 24J han dado la vuelta al mundo. Hay 133 testigos de lo ocurrido en el Centro de Estancia Temporal de Melilla y otros tantos en Jurigba y en los hospitales de Nador y Oujda. Nadie en Europa está dispuesto a hacer la vista gorda con tantos muertos de por medio y Marruecos quiere seguir recibiendo dinero a cambio de proteger la frontera sur de la Unión.
El caso ha llegado a la Eurocámara, que ha dicho tajantemente que las muertes en la valla son "inaceptables". ¿Y ahora qué? Pues ahora a Marruecos sólo le queda como única salida construir su relato de lo ocurrido. ¿Quién nos asegura que los migrantes que declararán ante el juez o que salen en los telediarios no exculparán a la Policía marroquí? Ellos no tienen nada que ganar haciendo lo contrario, por mucho que las ONGs digan o intervengan. Está en juego su vida en libertad o en la cárcel.
Fuentes consultadas aseguran que en efecto, Marruecos forzó a los migrantes a bajar del Gurugú con el ánimo de enviar un mensaje a España y a Europa advirtiéndoles de que no pueden ceder ante el chantaje de Argelia, pero la operación de marketing se les fue de las manos y aquello terminó siendo una matanza.
Por otro lado, basta con hablar con migrantes sudaneses que han llegado al CETI para darse cuenta de que no tienen el mismo perfil de los campesinos y ganaderos que suelen llegar a Melilla procedentes del Sahel. No es el caso. Su perfil es más parecido al de los refugiados sirios que accedían a Melilla, conocedores de su derecho al asilo y que en las primeras oleadas revitalizaron la economía de la ciudad alquilando viviendas, habitaciones o taxis porque venían huyendo de la guerra, no del hambre. Venían, en muchos casos, con dinero y profesiones.
Los migrantes sudaneses que han llegado al CETI son conscientes de que Europa se ha volcado con los ucranianos abriendo corredores humanitarios que ni siquiera se plantean para refugiados de libro como ellos. Y son tajantes cuando dicen que huyen de la guerra, no del hambre. No vienen desnutridos ni han pasado dos o tres años comidos por los piojos en el Gurugú.
No es el caso. Muchos han estudiado y hablan inglés y francés, además de árabe. Hay imágenes en las que se les ve enfrentarse a la Policía marroquí a pedradas en el monte hasta hacerles retroceder. No es gente que se amilana.
Por tanto, se equivoca quien crea que los puede callar sacándolos de Melilla cuanto antes y trasladándolos a la península dispersos para perderles el rastro en un santiamén. Está claro que a la la Fiscalía General le costará dar carpetazo y archivar la investigación sobre el salto a la valla del 24J, sobre todo, porque Europa quiere investigar lo que ocurrió, el Congreso también quiere investigarlo y el Defensor del Pueblo dice que lo va a investigar.
Demasiadas investigaciones en curso. Por eso Marruecos necesita asegurarse de que un grupo numeroso de testigos de lo ocurrido le ayuden a construir su relato y, de paso, a exculpar la actuación de sus agentes en la frontera.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska lo tiene más difícil en Melilla porque aunque diga que fue un salto violento (que lo fue) y organizado por las mafias, como juez que es, sabe que hay que probarlo. Las imágenes de los migrantes con la radial y el mazo intentando abrir la puerta del paso fronterizo de Barrio Chino son muy fuertes, pero se quedan en nada frente a las decenas de jóvenes negros tirados como bestias en el suelo una vez que el salto a la valla del 24 de junio estuvo bajo control. La foto de las 21 fosas abiertas en el cementerio de Sidi Salem dejaron al mundo sin palabras.
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