Esta semana hemos vuelto a ver la palabra 'Marruecos' en los titulares a costa de la pregunta formulada por la senadora del PP por Melilla, Isabel Moreno, al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre la reapertura de la aduana comercial y el régimen de viajeros que las autoridades marroquíes niegan a la ciudad. Albares no aclaró nada en relación con las cuestiones planteadas por la parlamentaria popular y se limitó a seguir el argumentario del PSOE, consistente en responder a cualquier crítica con alusiones al PP. En esta ocasión, el ministro culpó a los populares de dar la espalda a 10 millones de españoles, 170.000 residentes en Ceuta y Melilla, 17.000 empresas exportadoras, el millón de marroquíes que viven en España, etc., por no saber hacer política exterior con el vecino país del sur. Isabel Moreno planteó a Albares cuál es la hoja de ruta pactada con Marruecos que el Gobierno de España mantiene en secreto y le preguntó qué había en el móvil de Sánchez "para tener que soportar tanta deslealtad" por parte de los melillenses. No hubo respuestas a tales cuestiones. Y también Marruecos fue protagonista por la antena que, según distintos medios nacionales, está instalando en la zona de Beni-Enzar, prácticamente en la tierra de nadie entre fronteras, destinada, al parecer, a realizar escuchas. En este caso fue el presidente Imbroda quien valoró la situación para afirmar que los marroquíes "no nos van a facilitar la vida", si bien abogó por tener las mejores relaciones con el vecino del sur. Y mientras Marruecos ocupaba su espacio en nuestras páginas, la operación Santiago-Rusadir no dejaba de ser actualidad porque la Ciudad Autónoma no descarta personarse como acusación particular si efectivamente ha habido quebranto para los intereses de los melillenses. Al mismo tiempo, el diputado cepemista Emilio Guerra aseguraba que el "sufrimiento" de sus compañeros que continúan en prisión preventiva "es impropio de un Estado de Derecho" e insistía en que aludir a la ascendencia bereber de los exconsejeros suponía una discriminación de carácter racial. En términos muy parecidos se pronunció, a su vez, la Comisión Islámica (CIM) después de que trascendiera una frase contenida en el sumario que habla de musulmanes como prácticamente sinónimo de delitos. La CIM no dudó en denunciar esa situación y pedir respeto, además de apostar por la diversidad cultural de Melilla. Ello, cuando también se conocía que un primo del exconsejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal, era uno de los mediadores entre la Consejería y las empresas que resultaron beneficiarias de contratos menores que, según el sumario judicial, pudieron ser fraudulentos y cuyo coste pudo desviarse a la compra masiva de votos en las elecciones de mayo de 2023. Otro clásico de las noticias locales, la bonificación del 50% de las cuotas patronales a la Seguridad Social, volvió de nuevo a la actualidad después de que la diputada nacional del PP, Sofía Acedo, pidiera apoyo a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, para que no se prorrogue el plazo de presentación de enmiendas para sacar adelante la ley de devolvería la situación al estado anterior al 1 de septiembre pasado. Además, los empresarios han decidido plantar cara y concentrarse a modo de protesta el próximo día 18 ante la Delegación del Gobierno a las 20.00 horas para exigir que se devuelva la bonificación al sistema vigente desde 2004. A esa reivindicación sumarán la reapertura de la aduana comercial y la reciprocidad en el régimen de viajeros que Marruecos no está dispuesto a conceder a Melilla. Como es habitual al primero de mes, se conocieron los datos sobre la evolución del empleo que, en el caso de nuestra ciudad, no fue positiva porque se sumaron al paro 48 personas. En el plano político también destacó la renuncia de la portavoz socialista Gloria Rojas al escaño que venía ocupando en la Asamblea desde hacía 9 años. Será sustituída por su compañera Paqui Maeso, que ya fue consejera de Política Social, Salud Pública y Bienestar Animal en la anterior legislatura.