Marruecos inicia procesos judiciales masivos contra jóvenes del movimiento GENZ212

Las autoridades judiciales de Marruecos han abierto procesos contra un total de 2.480 personas vinculadas a las movilizaciones iniciadas por el grupo juvenil GENZ212, según datos de la Fiscalía recogidos por la agencia EFE. Las protestas, iniciadas de forma pacífica el pasado 27 de septiembre, derivaron en disturbios que dejaron tres muertos y cientos de heridos, marcando un hito en la movilización social juvenil del país.

Del total de procesados, 1.473 permanecen en detención preventiva y 959 están siendo juzgados en libertad condicional. La Fiscalía asegura que existen pruebas sólidas que vinculan a los acusados con hechos tipificados como delitos graves en el Código Penal marroquí, tales como “actos de desobediencia cometidos en grupo y con armas”, “ultraje y violencia contra funcionarios públicos” y “destrucción de bienes mediante el uso de la fuerza”.

Casi el 80% de los procesados enfrentan cargos por violencia, según las autoridades. Las cifras incluyen a 333 menores de edad, algunos de los cuales han sido entregados a sus familias, mientras otros ya han sido condenados con penas firmes o en suspenso. Hasta el 27 de octubre, 529 personas han sido sentenciadas a penas de prisión, que oscilan entre uno y quince años, en función de la gravedad de los delitos imputados. Entre los casos más severos, se registran condenas de 15 años de cárcel para cuatro personas, doce años para otra, y diez años para 31 manifestantes, según documentos judiciales citados por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

Las manifestaciones fueron impulsadas por GENZ212, un movimiento descentralizado nacido en redes sociales, sin líderes visibles pero con amplio respaldo entre la juventud urbana y conectada. Sus principales reivindicaciones giran en torno a la mejora de los servicios públicos, el acceso equitativo a la sanidad y educación, la lucha contra la corrupción y una mayor justicia social. El movimiento se convirtió rápidamente en símbolo de descontento de una generación que ha crecido en un contexto de precariedad, desempleo y distancia con las instituciones.

La AMDH, una de las principales organizaciones civiles del país, ha denunciado que las penas son “muy duras” y ha alertado sobre una estrategia de represión que, según ellos, incluye “malos tratos físicos y psicológicos”. La presidenta de la organización, la abogada Souad Brahma, lamentó que no se haya distinguido entre manifestantes pacíficos y quienes habrían incurrido en actos violentos. “Todas estas personas estaban en la calle protestando. No podemos decir que un grupo vino a hacer violencia y otros no”, afirmó. Además, alertó de que continúan las detenciones, incluso contra usuarios de redes sociales acusados de “incitar a manifestarse o atentar contra las instituciones”.

Brahma también exigió que se investiguen las muertes registradas durante las protestas, entre ellas el asalto a un puesto de la Gendarmería en Laqlia y un supuesto atropello en Uchda. El informe preliminar de la AMDH, que abarca desde el 27 de septiembre hasta el 23 de octubre, indica que 1.000 personas están detenidas y más de 500 están siendo procesadas en libertad condicional.

Por su parte, el Ministerio del Interior defendió la actuación de las fuerzas públicas, asegurando que estas actuaron con “proporcionalidad” y tras agotar todas las vías legales de advertencia. Según Interior, las intervenciones se realizaron para proteger el orden público y minimizar los riesgos tanto para la ciudadanía como para los propios agentes. No obstante, esta versión ha sido cuestionada por diversas organizaciones, que reclaman mayor transparencia sobre el uso de la fuerza.

Casi un mes después del inicio de las protestas, las movilizaciones se han reducido en intensidad, aunque el movimiento ha anunciado nuevas convocatorias. La respuesta estatal, con miles de personas procesadas en múltiples ciudades, ha generado preocupación dentro y fuera del país por el tratamiento judicial a los jóvenes y por las condiciones de libertad de expresión en Marruecos.

En un contexto regional marcado por la exigencia de cambios democráticos, la movilización de la Generación Z marroquí representa un fenómeno inédito que interpela directamente al poder político. Su represión masiva, lejos de apagar las demandas, podría alimentar una mayor desafección hacia las instituciones y reavivar el debate sobre los límites del derecho a la protesta en el país.