El Gobierno de Marruecos evitó ayer comprometerse a aplicar en adelante el ‘Acuerdo de readmisión de extranjeros entrados ilegalmente’ firmado con España en 1992 y aplicado la pasada semana a 116 subsaharianos expulsados desde Ceuta.
En la primera manifestación de postura pública acerca de esta cuestión, el portavoz del Gobierno marroquí , Mustafa Jalfi, enmarcó la readmisión de los subsaharianos como “una medida” que supone “un mensaje fuerte a las redes de emigración clandestina”.
Ese “mensaje” significa, dijo Jalfi en rueda de prensa, que “lo que estas redes (de trata) hacen tiene sus consecuencias”.
Anteayer, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también usó la palabra ‘mensaje’ para referirse a la expulsión de los 116 emigrantes: el mensaje era que “no vamos a permitir la inmigración violenta”.
Pero preguntado en dos ocasiones si esa medida significaba una reactivación de ese acuerdo, prácticamente ‘dormido’ desde 1992, el portavoz marroquí dejó claro que era una medida tomada “independientemente del marco jurídico”, con lo que la desligó del pacto.
El miércoles, el diario ‘Asabah’ denunciaba ese compromiso y pedía su derogación: “Ha llegado el momento de que el Gobierno marroquí revise el acuerdo de 1992, ya que, por un lado, algunos de sus contenidos van contra el derecho internacional y, por otro, dañan los intereses de Marruecos”.
El Ejecutivo español ha sostenido los últimos días que las expulsiones de emigrantes hacia Marruecos se activarían cada vez que se produjeran asaltos violentos, pero el portavoz marroquí también se negó a confirmar la participación o colaboración de su país en esos casos.
De igual forma, también se negó a dar detalles sobre cuál ha sido el destino de los 116 expulsados, es decir, si han sido reubicados en Marruecos o deportados a sus países.
El portavoz también lanzó un mensaje a la Unión Europea (UE): “Marruecos no puede hacerse cargo solo de este peso (de la emigración). Es una responsabilidad compartida. Nuestros socios europeos están invitados a una mayor receptividad”. Jalfi recordó que su país abortó en 2017 65.000 intentos de emigración clandestina.
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