El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que las fuerzas y cuerpos de seguridad en Ceuta "cumplen estrictamente la ley" y que no se han producido devoluciones ilegales.
"Evidentemente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen estrictamente la ley. Nosotros daremos la información que sea requerida por las autoridades judiciales o competentes, pero tranquilidad", dijo hoy el ministro en Bruselas a su llegada a un Consejo de titulares europeos de Interior.
"Se ha cumplido, se cumple y se cumplirá siempre la ley en cualquier ámbito de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", añadió.
El ministro indicó que se darán "las explicaciones necesarias y que sean requeridas" y llamó a tener "confianza en las instituciones y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".
"Nosotros siempre cumplimos la ley en materia de extranjería y en cualquier otra", añadió.
Varias asociaciones han denunciado este jueves la expulsión "ilegal" a Marruecos de dos jóvenes marroquíes de 15 y 16 años que fueron descubiertos por la Guardia Civil cuando intentaban viajar de polizones en un barco, cuya repatriación había sido suspendida por un juzgado ceutí.
En un comunicado, las organizaciones Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen, Maakum y Fundación Raíces han denunciado que la Guardia Civil expulsó a los dos menores el pasado 28 de noviembre a pesar de que dicha devolución "estaba suspendida" por orden de un juzgado de la ciudad.
Los dos adolescentes entraron en Ceuta cruzando la frontera del Tarajal el pasado mes de mayo con motivo de las avalanchas producidas los días 17 y 18.
Al estar en situación de desamparo fueron acogidos por el área de infancia de Ceuta, siendo alojados primero en naves industriales en el polígono industrial del Tarajal y después en el polideportivo municipal de Santa Amelia, donde residieron hasta el comienzo de las repatriaciones "sin garantías" el 13 de agosto.
Ante el miedo de ser expulsados a Marruecos, 80 menores, entre ellos estos dos, designaron a abogadas de Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios para su defensa.
El 16 de agosto sus abogadas solicitaron a los juzgados de Ceuta la adopción de medidas cautelares en favor de 12 menores, entre los que estaban ellos dos, ordenándose la suspensión de las repatriaciones.
Los dos menores se escaparon del polideportivo por miedo a ser devueltos a Marruecos y estuvieron juntos viviendo en la calle hasta el 15 de septiembre cuando uno de ellos decidió ingresar de nuevo en el sistema de protección a la espera de que se acordara reagruparle junto a su primo, que reside en Barcelona.
Pero al no llevarse a cabo, retornó al puerto de la ciudad junto con el otro menor, quien desde su salida del polideportivo había permanecido en situación de calle, con la idea de llegar a la península por sus propios medios.
La expulsión se produjo el 28 de noviembre cuando los menores estaban en el puerto de Ceuta junto a un amigo intentando subir como polizones al barco de la compañía Trasmediterránea que enlaza la ciudad con Algeciras (Cádiz).
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