El presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Miguel Marín, aseguró ayer que presentará en el juzgados sus argumentos y razonamiento tras la petición de la Fiscalía de once años de inhabilitación por el ‘caso Arquitecto’. Destacó que el órgano fiscal tiene que presentar una calificación. Ahora será su turno y aportará un escrito como respuesta. Señaló que aún no hay fecha para el juicio oral. No obstante, aseveró que está “muy tranquilo”.
“A día de hoy, tanto el Consejo de Estado, como el Juzgado de lo Social de Melilla, la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como la Audiencia Provincial de Málaga han dicho que la Fiscalía no tiene razón”, subrayó Marín.
De esta forma, espera que “todo salga bien”. Argumentó que cuando la Justicia ha dicho que los contratos de los arquitectos son “legales, no cabe otra cosa que de nuevo se pronuncie igual”.
El Consejo de Estado
El presidente de la Autoridad Portuaria indicó que el Consejo de Estado, por unanimidad, resolvió y dictaminó que “no existe ningún vicio de nulidad en el proceso administrativo” de contratación de los arquitectos.
Marín lamentó que ni Coalición por Melilla (CpM) ni PSOE tengan en cuenta este escrito a pesar de la importancia de este órgano y de que entre sus miembros está la ex vicepresidenta del Gobierno socialista, María Teresa Fernández de la Vega, y por lo tanto, no se le puede acusar de estar a favor de un miembro del PP.
“La oposición no quiere ver nada de este dictamen y mira para otro lado”, aseveró.
Tampoco tiene en cuenta CpM ni el PSOE, según el presidente de la Autoridad Portuaria, una resolución del Juzgado de lo Social de Melilla en la que se especifica que el primer contrato que se firmó con un arquitecto, la decisión de recisión con este profesional y el nuevo contrato de interinidad que son acordes con el Estatuto de Trabajadores. “Se actuó conforme a derecho y los contratos son legales”, resaltó.
“El colmo de los colmos”
Asimismo, Marín hizo referencia al pronunciamiento a través de una sentencia firme de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se corrobora la resolución de forma íntegra del Juzgado de lo Social de Melilla. Es más, aseveró que el TSJA indicó en este documento que los trámites de contratación se hicieron “conforme a derecho y que son legales”.
De hecho, echó en cara a los cepemistas y socialistas que no hagan referencia a estas sentencias firmes. “Es el colmo de los colmos”, afirmó.
El presidente de la Autoridad Portuaria aseveró que tampoco tiene explicación que CpM y el PSOE no hablen de la sentencia firma de la Audiencia Provincial de Melilla respecto al ‘caso Arquitecto’ en relación al técnico que redactó los proyectos. En este escrito se describe el itinerario administrativo paso a paso y cada uno de ellos, añadió Marín, se ha hecho correctamente como indicó este órgano judicial.
Un delito imposible
El dirigente popular, en resumen, apuntó que se le acusa de un delito “imposible” porque sólo hay prevaricación administrativa en el caso de que haya un proceso administrativo ilícito. En este caso, Marín aseveró que no existe porque cuatro órganos, tres de ellos judiciales, dicen que los contratos se ajustan a la normativa.
“Es muy importante el cariño y agradezco el apoyo y la confianza”
El presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Miguel Marín, aseguró ayer que “es muy importante el cariño” que ha recibido de sus compañeros de partido, así como afiliados del PP y los miembros del Gobierno local. “Estoy muy animado y agradecido por el apoyo y la confianza”, resaltó. Aunque apuntó que esto está basado en una realidad de unos hechos que la oposición no quiere ver y de ahí las críticas en los últimos días de Coalición por Melilla (CpM) y de PSOE.
En concreto, Marín dio las gracias el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, que destacó el lunes que las denuncias de CpM sobre el presidente de la Autoridad Portuaria son un tema personal y que sería injusto quitarle este puesto en el Puerto. Marín reiteró que ha sido muy importante estos días recibir tantas muestras de cariño de parte de los populares.
CpM se pregunta por qué el PP echa a Rita Barberá y mantiene a Marín en la Autoridad Portuaria
La diputada de CpM, Dunia Almansouri, se preguntó ayer por qué el PP aparta a la senadora Rita Barberá del partido e incluso le pide su acta de las Cortes y, en cambio, mantiene a Miguel Marín en la presidencia de la Autoridad Portuaria.
La cepemista destacó que el Tribunal Superior de Justicia va a investigar a la senadora de Valencia mientras que Marín ya está encausado e incluso la Fiscalía ha pedido una pena para él por el ‘caso Arquitecto’. Por ello, insistió en que el popular no está siendo “consecuente” con las normas “autoimpuestas” del Partido Popular.
Además, Almansouri resaltó que en ningún momento es CpM o uno de sus miembros quien acusa a Marín de un delito. Subrayó que es la Fiscalía la que ha solicitado once años de inhabilitación especial para él por este asunto. Aseveró que en su partido no son ni jueces ni Ministerio Fiscal.
Pero también indicó la cepemista que la Fiscalía no se va a sacar este tema de la manga y por lo tanto, tendrá alguna base jurídica.
No obstante, la diputada de CpM aseguró que Marín debe ser consecuente no sólo con las normativas estatales, sino con los estatutos de su partido y dejar este cargo público.
Arquitectos: “La acusación no tiene que ver con los intereses generales de la profesión”
El Colegio Oficial de Arquitectos informó en una nota de prensa la semana pasada que la Junta de Gobierno de esta entidad había aprobado por unanimidad no continuar con la demanda penal emprendida contra Miguel Marín por el conocido ‘caso Arquitecto’. Para tomar esta decisión se ha tenida en cuenta las recomendaciones de los servicios jurídicos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, así como el auto de la Audiencia Provincial de Málaga.
“Hay que tener en cuenta que la acusación contra quien fuera consejero de Administraciones Públicas “no tiene que ver con los intereses generales de la profesión”. Además, pide a la Ciudad que cubra la plaza.
Imbroda: “Es un hombre recto y eso es lo que molesta a CpM”
El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, aseguró el lunes pasado que “destituir a Miguel Marín como presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla por un hecho que va a quedar en nada sería una barbaridad y una injusticia”.
Para Imbroda, las críticas de Coalición por Melilla (CpM) se deben a que este partido tiene “un problema de tipo personal con Marín”, ya que éste ha ganado varios juicios a los responsables cepemistas.
“Miguel Marín es un hombre recto que cuando cree que le han hecho daño acude a la Justicia y eso al parecer es lo que molesta a CpM. De ahí esa obsesión y que tengan tantas ganas de perjudicar a su vida pública”, añadió Imbroda.
PP: Acusa a CpM, PSOE y Podemos de buscar réditos políticos
El PP aseguró en una nota de prensa que las acusaciones y críticas de CpM, PSOE y Podemos a Miguel Marín se deben a buscar “réditos políticos”. Destacó que el escrito de la Fiscalía está “plagado de errores e inexactitudes”. En este sentido, resaltó que tres instancias judiciales “han demostrado ya la inocencia de Marín y la legalidad con la que se hizo la contratación del arquitecto”.
Para los populares, los socialistas quieren “estirar el chicle” con este caso cuando “no tiene ningún recorrido”. Subrayaron que no hubo mala praxis en la selección y posterior contratación por parte de la Consejería de Administraciones Públicas.
PSOE: No entiende que los arquitectos retiren la acusación a Marín, al que piden su dimisión
El Partido Socialista aseguró la semana pasada que no comprendía la decisión del Colegio Oficial de Arquitectos de retirar la acusación contra Miguel Marín por el ‘caso Arquitecto’. Esta decisión es “inaudita”, según los socialistas porque este órgano está para “velar por los intereses y la salvaguarda de los derechos de estos profesionales”.
Asimismo, el PSOE pidió la dimisión de Marín hasta que termine el proceso porque “no puede ser que se siente en el banquillo una persona que a su vez ostenta la máxima responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Melilla.
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