Marín defiende a Tragsa: "No tenemos constancia de incumplimientos en La Purísima"

El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín, ha salido al paso de las críticas vertidas por CGT sobre la gestión del centro de menores La Purísima y ha defendido públicamente a Tragsa, la empresa pública encargada del servicio. “No tenemos constancia de que esa empresa esté realizando un trabajo al margen del contrato. Consideramos que es una empresa seria y solvente”, ha declarado Marín ante los medios, rechazando así las acusaciones sindicales que apuntan a incumplimientos y maltrato laboral hacia la plantilla del centro.

Las declaraciones del consejero llegan en un momento de máxima tensión. La sección sindical de CGT ha convocado por vía de urgencia una concentración el próximo viernes 27 de junio frente al Palacio de la Asamblea, coincidiendo con el pleno municipal, para denunciar lo que considera una “situación insostenible” tanto para los trabajadores como para los propios menores atendidos.

El malestar de la plantilla se ha agravado tras unas polémicas declaraciones de la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, quien en sede parlamentaria sugirió que las quejas del personal se deben a que Tragsa ahora “sí les hace trabajar”, en contraste con etapas anteriores. Según CGT, la consejera llegó incluso a tachar al personal de “vagos y maleantes”, lo que ha generado indignación entre los trabajadores. “Se ha cruzado una línea roja con ese desprecio público. La plantilla está completamente harta”, ha denunciado el sindicato.

Además del cese de la consejera, CGT exige la salida inmediata de Tragsa de la gestión del centro y plantea una solución clara: la municipalización del servicio. “No se puede seguir soportando una gestión basada en la coacción, los cambios unilaterales de horarios, la imposición de funciones sin negociación, el bloqueo salarial o el desprecio a los derechos básicos del personal”, señala el comunicado sindical.

CGT acusa a la empresa de ignorar sistemáticamente al comité de empresa, incumplir la legalidad en materia de permisos y vacaciones, y aplicar sanciones injustas como mecanismo de control. A todo ello se suma lo que consideran una actitud de desprecio institucional por parte del Gobierno autonómico, que hasta ahora no ha ofrecido respuesta a sus demandas.

Marín, sin embargo, ha evitado entrar en el fondo de las denuncias y ha insistido en que lo importante es que se cumpla el contrato de gestión. “Al margen del grado de satisfacción de los trabajadores, lo que debe evaluar la Administración es si el servicio se presta conforme a lo establecido”, ha sostenido. También ha recordado que la presión sobre el sistema ha disminuido considerablemente en los últimos años. “En 2018 o 2019 llegamos a tener más de 2.000 menores extranjeros no acompañados en un solo año. Hoy la situación es completamente distinta”, ha subrayado.

Respecto a las demandas laborales, Marín ha reconocido no tener información detallada sobre las reivindicaciones de los trabajadores, aunque ha expresado su deseo de que “haya diálogo entre la empresa y los representantes de los trabajadores para resolver cualquier problema que pueda existir”.

Lejos de criticar a la consejera, Marín ha apoyado a Randa Mohamed y le ha ofrecido su apoyo explícito. “Está haciendo un gran trabajo al frente de la Consejería de Políticas Sociales”, ha asegurado.

El próximo viernes se sabrá si estas declaraciones bastan para calmar los ánimos. El comité del centro ha anunciado su asistencia en bloque a la concentración en la Plaza de España, donde harán oír su rechazo a la gestión actual y exigirán, una vez más, la dimisión de la consejera y la recuperación del servicio para la administración pública.