El secretario regional del PP de Melilla, Miguel Marín, aseguró este lunes que ve “una segunda edición” del caso ‘Voto por correo’ tras el anuncio del líder de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, de prometer a las familias con menos recursos de la ciudad una ayuda de 1.000 euros. “Cambiará votos por 1.000 euros a las familias”, preguntó Marín a Aberchán insistiendo en si esta promesa tiene que ver con las elecciones del 10 de noviembre.
El popular denunció que en 2008 ya se vivió “la primera edición” del caso ‘Voto por correo’, cuando, según Marín, “se urdió una trama” para prometer a miles de personas un trabajo a través de los planes de empleo y fueron “engañadas” porque a cambio se les pidió su voto por correo.
El dirigente del PP remarcó que este caso acabó con la condena de Mustafa Aberchán y a varios miembros de CpM y PSOE por delito electoral, así como falsificación documental, y también implicó la inhabilitación de varios.
Por ello, pregunta Marín ahora si esa promesa de CpM de dar 1.000 euros a las familias con menos recursos de la ciudad tiene alguna vinculación con los próximos comicios electorales.
El secretario regional del PP solicitó también al PSOE que no entre en este juego y que no forme parte de esta promesa de los cepemistas. Apuntó que ya el PSOE estuvo vinculado al caso del ‘Voto por correo’ en su “primera edición”. Y es que el popular se preguntó si los 1.000 euros para las familias saldrán de los presupuestos de la Ciudad del próximo año y solicitó al PSOE que no lo permita.
Al margen de este asunto, el popular también quiso llamar la atención sobre el anuncio del Gobierno local de retirar dos locales a la Asociación por la Igualdad y la Solidaridad Social (ASIS). Marín indicó que tienen dos locales y desde Emvismesa se han solicitado ambos. En su opinión se trata de cumplir las “amenazas” de CpM a esta entidad porque no ha querido “ir al dictado de los cepemistas”. Pero, además, el secretario regional del PP melillense apuntó que la Administración local no puede retirar la cesión de esos locales, que están concedidos en precario, porque tienen que argumentar “un mejor derecho” y hay varios locales al lado, incluso más grandes, sin utilizar que también son de Emvismesa. Aseveró que quitar esos espacios sería una “ilegalidad” y que el PP se va a oponer “frontalmente a esta tropelía”.
En cuanto al registro de la casa del abogado Gonzalo Boye, en una investigación por presunto delito de blanqueo de capitales, letrado de CpM, Marín indicó que deben ser los cepemistas los que indiquen por qué entre todos los abogados del país escogen a éste, que también defiende a expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al que el popular considera un “golpista”.
El secretario regional del PP de Melilla, Miguel Marín, también ha preguntado al presidente de Coalición por Melilla (CpM) qué método han utilizado para contratar a los controladores de barrio. Explicó que hace unos días el consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, también diputado de CpM, argumentó que ya se habían contratado a estos profesionales.
Marín cuestiona sobre cómo se han seleccionado a estas personas y si se han adoptado criterios de igualdad, mérito y capacidad. De hecho, el dirigente popular cree que todos los parados de la ciudad querrán conocer cómo se ha escogido a estas personas para dicho trabajo que desarrollará en los barrios, ya que todos tienen derecho a un empleo de este tipo.
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