Margarita Martínez Escamilla y Ramiro García de Dios. Catedrática de Derecho Penal y Magistrado: “Zoido quiere devoluciones ‘en caliente’, pero no ordenarlas expresamente él”

• La docente de la Universidad Complutense y el juez de control del CIE de Madrid han participado en unas jornadas sobre Derechos Humanos en la frontera sur organizadas en Melilla por la UGR

Margarita Martínez Escamilla es catedrática de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y el magistrado Ramiro García de Dios ejerce como juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en la capital. Ambos han venido a Melilla para participar en la presentación de un libro editado por la UGR bajo el título ‘Derechos Humanos y Justicia Universal en la frontera sur’, del que Martínez Escamilla es coautora.

En esta entrevista con FaroTV, ambos denuncian la “vulneración” de Derechos Humanos de los inmigrantes, tanto en la valla fronteriza con Marruecos como a la hora de proceder a la expulsión de indocumentados de la península.

–Como coautora de ‘Derechos Humanos y Justicia Universal en la frontera sur’, ¿qué balance hace de la situación?

–Margarita Martínez Escamilla (M. M. E.): Desgraciadamente, es muy preocupante, porque ahora mismo las fronteras de Europa, y en concreto la sur, presentan un panorama de vulneración de derechos de personas refugiadas y migrantes. Es interesante recordar que fue el terror que sumergió a Europa tras la Segunda Guerra Mundial fue lo que puso de manifiesto la importancia de la universalización de los Derechos Humanos, que emanan de la dignidad de la persona. No volver a esa barbarie fue lo que llevó a la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas que se están vulnerando por los Estados en las fronteras y, en concreto y lamentablemente, en la de Melilla.

–Esas vulneraciones también se han denunciado en los CIE.

–Ramiro García de Dios (R. G. D.): Desde mi modesta opinión jurídica, la propia existencia de los CIE supone un apartamiento de lo que debe ser una comprensión de la efectividad de los Derechos Humanos. Que se interne y se prive de libertad a personas por puras infracciones administrativas ya supone una vulneración de los Derechos Humanos. Sé de sobra que el Tribunal Constitucional declaró que los CIE podían existir, pero también es cierto que la gran mayoría de los migrantes que son internados no han cometido ningún delito.

Esa privación de libertad se pretende invocar como justificada por el control de fronteras, pero existen mecanismos sobrados para poder gestionar los flujos migratorios y, en su caso, producirse deportaciones sin necesidad de que existan los CIE. Yo no discuto que en ellos haya personas que han cometido delitos, pero las personas a quienes se les sustituye total o parcialmente el cumplimiento de las penas por la expulsión (del país) pueden ser documentadas y expulsadas desde las propias prisiones. Por ello, es falaz sostener el mantenimiento de los CIE con ese tipo de argumentos.

Luego está la irregularidad sobrevenida, la de inmigrantes que fueron regulares en origen, pero a los que la crisis económica los ha dejado sin trabajo y eso les impide mantener el permiso de residencia. Eso, en mi opinión, es una vulneración indirecta de los Derechos Humanos, concretamente de la Declaración Universal respecto a un derecho humano básico: el de vivir dignamente.

–Entonces, usted propone el cierre de los CIE.

–R. G. D.: Lo he propuesto. Ahora bien, soy juez, tengo que respetar la existencia de los CIE y cumplir mi función de acuerdo con la ley y el reglamento. Parece que el Gobierno y el subsistema policial no se han leído la Ley de Extranjería, porque las personas internadas sólo están privadas de libertad. Pero tienen y deben disfrutar de  todos los derechos que reconoce el ordenamiento jurídico.

Somos tres jueces de control en Madrid y ante la situación desoladora que nos encontramos en 2009, cuando empezamos, hemos tratado de remediar ese auténtico sufrimiento. Los CIE son espacios de opacidad e impunidad policial, y, en mi opinión, de peor condición que los centros penitenciarios. Existe hacinamiento. La Ley General Penitenciaria establece una persona por habitación, pero en el CIE de Aluche, en Madrid, la regla general es que haya habitaciones de ocho y seis. El espacio es mínimo.

–¿Qué información tienen de la situación en el CETI de Melilla?

–M. M. E.: No tengo información directa. Parece ser que el índice de personas refugiadas es muy importante y eso no es adecuado para solicitantes de asilo y protección internacional. Debería derivárseles a todos a la península lo antes posible.

–En cuanto a la frontera, ¿qué opina de que se conceda a la Guardia Civil un protocolo para las devoluciones ‘en caliente’?

–M. M. E.: La Guardia Civil devuelve los inmigrantes a las autoridades marroquíes sin seguir ningún tipo de procedimiento. Primero hay que dejar claro, y así lo dice el Defensor del Pueblo y entidades internacionales como Acnur, que esa práctica es radicalmente ilegal, y lo es con anterioridad y con posterioridad a la reforma de la Ley de Extranjería, que pretendidamente se hizo para dar cobertura a estas prácticas e introdujo la figura de los rechazos en frontera.

¿Por qué es ilegal? Según la normativa vigente, no se trata de que toda persona que accede a territorio español tenga derecho a quedarse, pero sí a que su devolución se realice siguiendo un procedimiento en el que esa persona tiene derecho a alegar su situación.

España puede invocar su soberanía nacional para aceptarla o no, pero se ha comprometido a través de la firma de tratados internacionales a tutelar situaciones de personas vulnerables, como son los solicitantes de asilo o los menores no acompañados. Si se devuelve a alguien sin dejarle abrir la boca, no sabemos si es menor de edad, si solicita asilo, si huye de la guerra o de la trata. Y el Consejo de Europa ha dicho que las fuerzas de seguridad marroquíes ejercen un trato violento contra los refugiados. Si la Guardia Civil los devuelve, no ha lugar a proteger las situaciones que el Estado se ha comprometido a proteger.

El estado de Derecho quiere decir que la Administración ha de someterse a unas reglas. Y la vía de hecho es la quiebra absoluta del estado de Derecho. Si devuelven a alguien sin identificarlo, tomarle huellas o una mínima resolución, ¿cómo se puede impugnar esa actuación ante los tribunales? Las devoluciones en caliente son ilegales. La Ley de Extranjería en su disposición adicional décima establece un régimen para Melilla y Ceuta y dice textualmente que los rechazos se practicarán observando la normativa internacional de Derechos Humanos y protección internacional. Pero la vía de hecho hace imposible que se respete esa normativa.

En cuanto a la falta de protocolo para la Guardia Civil, la situación es peor, porque la norma vigente dice: usted entregue a esta persona y respete la normativa internacional de Derechos Humanos. Pero a la Guardia Civil no se le está diciendo cuál es el procedimiento para respetar esa normativa. Entonces, su inseguridad jurídica es muy grande.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reiteradamente ha exigido un protocolo al Ministerio del Interior. El Defensor del Pueblo también pidió que se dictara un reglamento para el respeto de estos derechos. Pero el ministerio hace oídos sordos a la legítima reclamación de la Guardia Civil y este silencio, aparte de una tomadura de pelo, es muy irresponsable.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en una comparecencia en el Senado, recibió una pregunta de una senadora sobre las instrucciones a los guardias sobre devoluciones en caliente para dar cumplimiento al respeto a los Derechos Humanos. Le preguntó cómo tiene que actuar un agente cuando intercepta a un menor en la valla. Zoido contestó que Melilla y Ceuta son España, hay mucha hambre en el mundo y que eso le da pena y que la Guardia Civil no necesita protocolo porque siempre actúa respetando los Derechos Humanos. Es decir, no le respondió. ¿Por qué? Porque sabe que las devoluciones ‘en caliente’ son ilegales, porque quiere que se sigan practicando y porque no quiere ordenarlas expresamente, ya que si lo hace él, es más fácil que sea él quien responda por un delito de prevaricación por no respetar los Derechos Humanos en la frontera sur. Ahora, es más factible que responda el guardia que actúa en la valla y no él, que es el primer responsable de que el Estado actúe al margen de la ley en la frontera sur.

–¿Qué reformas legales se pueden adoptar para garantizar los Derechos Humanos, tanto en la frontera como en los CIE?

–R. G. D.: Pasan por que se cumplan normas muy claras. Si en inmigración existe un procedimiento para internar, no  puede ser que desde la cúpula de Interior y la de los mandos de la Policía Nacional se den instrucciones en procedimientos de expulsión que no respetan ni siquiera la propia legislación interna ni las normas internacionales, que también se aplican en el ordenamiento jurídico español.

Se incumplen normas sobre la inmigración irregular sobrevenida. Debería aplicarse un procedimiento ordinario de expulsión que no implicaría el internamiento en los CIE, sino dar un periodo voluntario para salida.

Aparte, los jueces aplican abusivamente el internamiento en los CIE. En 2010, había 872 personas de más de 4.000 que estaban en el de Madrid, que por resoluciones judiciales de la Audiencia Provincial estaban mal internadas. No tenían que estar ahí, y eso dice que los jueces también fallamos.

No es normal que en los rechazos en frontera del aeropuerto de Barajas la discrecionalidad no reglada sea la regla general en la que el inspector o subisnpector de turno decide quién entra y quién no. Hay mucha literatura jurídica que pone de relieve esa arbitrariedad y discrecionalidad. Yo me he encontrado cantidad de supuestos.

El subsistema policial en la escala de mando sigue las directrices políticas de los gobernantes, del Ministerio del Interior en este caso. Y los sucesivos Consejos de Ministros no han establecido políticas de inmigración, han hecho política con la inmigración, una cuestión totalmente distinta.

–Margarita Martínez Escamilla participa en un proyecto llamado ‘Ius Migrante’.

–M. M. E.: Sí. Trabajamos temas relacionados con la inmigración pero en un ámbito mu concreto, el uso del ‘ius puniendi’ (derecho a castigar) en la gestión de la inmigración irregular. Tratamos los CIE, expulsiones y devoluciones ‘en caliente’, un ejemplo que supone una actuación del Estado al  margen de la ley, una quiebra del estado de Derecho. El sometimiento de la Administración al Derecho es lo que traza la frontera entre el estado de Derecho y el terror de Estado. Cuando el Estado utiliza la fuerza al margen de la ley, nos encontramos ante terror de Estado. Quizá no nos demos cuenta porque las víctimas de ese terror son los otros y no nosotros.

–Ramiro García de Dios defiende el cierre de la Audiencia Nacional.

–R. G. D.: Pertenezco a la asociación Jueces para la Democracia. Desde que existe, hemos defendido el cierre y la carencia de sentido de la Audiencia Nacional. Hemos hecho pronunciamientos públicos explicando que, desde nuestro punto de vista, puede ser definido como un tribunal de excepción.